A nuestras espaldas

En 1994, cuando el presidente Ernesto Samper apenas tibiaba la silla presidencial, el Fiscal General de ese entonces, Gustavo de Greiff, inició tímidamente el llamado ‘Proceso 8000’ con base en los famosos narcocasetes que alguien, muy comedidamente, introdujo en los bolsillos del saco del candidato derrotado, Andrés Pastrana Arango, en la ciudad de Cali.

A partir de ese acto de irresponsabilidad vestido de moralina el país entró en un periodo de desgobierno y debilidad institucional que aún no termina. Los narcocasetes demostraron que a la campaña Samper Presidente ingresaron estremecedoras sumas de dinero provenientes del Cartel de Cali,  introducidas impúdicamente por Santiago Medina y Fernando Botero Zea.

Al electorado entonces le quedó la sensación de que el triunfo de Samper era espurio y se movió cielo y tierra para que abandonara la jefatura del Estado, donde permaneció con el pretexto de que esos dineros habían ingresado ‘a sus espaldas’, aun cuando su presencia tenía que ser tan obvia como el elefante del que hablaba monseñor Rubiano.

Ahora, un lustro después, el tema vuelve a cobrar vigencia. Hace días decía el doctor Horacio Serpa  Uribe, con resentimiento y malevolencia, que el liberalismo no podía participar en éste, «el Gobierno más corrupto de la historia», y nadie se imaginaba que estaba a punto de estallar un escándalo de grueso calibre cuyas consecuencias aún están por medirse: el ingreso de dineros de dudosa procedencia en la campaña presidencial de Andrés Pastrana.

Y aunque no se trata de tanto dinero como el aportado por los narcos a Samper Pizano, las características de esta irregularidad son tanto o más graves. La firma Dragacol le entregó a la campaña Pastrana, en el Departamento de Bolívar, cheques sin fondos por 154 millones de pesos que fueron avalados por el donante, Reginaldo Bray, con ocasión de una supuesta conciliación con el Estado que poco después de posesionado Pastrana se concedió de manera fraudulenta por 26 mil millones de pesos.

De ese modo, con dineros fruto de la corrupción, la campaña pastranista fue manchada siendo ya Presidente porque él o sus colaboradores, o ambos, promovieron un acto de corrupción para pagar dineros que se habían recibido durante la campaña, aunque los directivos de la misma, Hernán Beltz (hoy embajador en Alemania) y Camilo Gómez (hoy Alto Comisionado de Paz) aseguren que los dineros se centralizaron en Bogotá y que Dragacol nunca realizó aportes.

No obstante, dirigentes de la Campaña en Bolívar como William Murra y Miguel Navas Meisel (íntimo amigo de Misael Pastrana y ex gobernador de Bolívar), reconocen que sí se recibieron dineros de Dragacol. El mismo Fernando Araujo Noguera, quien sería ministro de Desarrollo y está vinculado también al caso Chambacú por corrupción, no ha desmentido que se manejaron dineros en una cuenta de Miguel Navas que no fueron reportados a Bogotá.

Lo anterior configura otro acto reprochable como es el hecho de tener cuentas y dineros no reportados dentro de los gastos generales de la campaña que ascendieron a 12800 millones, muy cerca del tope electoral que virtualmente habría sido violado si se suman los dineros de cuentas paralelas como la de Bolívar, y otras que, muy posiblemente, se van a develar para amargarle el mandato a Pastrana tanto o más como se lo amargó él mismo a Samper Pizano.

Todo este escándalo podría generar un enjuiciamiento del Presidente por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, bien por corrupción o bien por violación de topes electorales y a Pastrana se le podría venir el mundo encima pues si a Samper le sobraron los defensores de oficio y le aguantó la chequera oficial para comprar conciencias, a Pastrana le van a sobrar es enemigos para hundirlo después del intento fallido del Referendo con revocatoria del mandato presidencial. Y si todo esto pasa, subirá el dólar y crecerá el desempleo, la reactivación económica quedará en veremos y la negociación con las Farc podría darse por concluida puesto que si se negaron a dialogar con Samper por considerar ilegitimo su Gobierno, probablemente, también van desconocer la legitimidad de Pastrana.

Al primer mandatario le van a sumar toda la menuda que ha llenado de monedas su cartera en cuanto a corrupción se refiere: la sospechosa actuación de su Jefe de Planeación, Mauricio Cárdenas, en el caso Dragacol; las irregularidades del ex ministro Valenzuela en la cartera de Minas; la participación de Fernando Araujo y el embajador Moreno en Chambacú; los contratos del ex secretario privado, Juan Hernández, con la Policía Nacional; la sociedad de Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio, con Reginaldo Bray, dueño de Dragacol, en una supuesta empresa de publicidad que maneja contratos multimillonarios con el Estado; las recientes denuncias del parlamentario Gustavo Petro contra Jaime Ruiz, asesor presidencial, Juan Mayr, ministro  de Medio Ambiente, Gustavo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores, y hasta en contra de la familia de la Primera Dama en el sentido de que movieron el engranaje gubernamental para valorizar grandes terrenos baldíos  en la sabana de Bogotá que son propiedad de los mencionados y/o sus familias.

En fin, esto empieza a oler mal. En el fondo, el culpable de todo sería Andrés Pastrana porque hace cinco años alborotó el avispero sin decirle al país que así, con chanchullos de toda clase, se han hecho los presidentes en Colombia, porque esa es nuestra manera de hacer política. La Presidencia es un botín que los partidos se disputan a muerte, violando todas las reglas, y donde los jugadores son precisamente los más hábiles, los más sucios. No podrá decir Andrés que fue ‘a sus espaldas’, pero si se salva de este escándalo está obligado a llevar a los corruptos al mismo sitio al que Samper llevó a sus patrocinadores de Cali, a la cárcel, y a sacar adelante el Referendo para que no se sigan presentando estos hechos, para que la política no siga siendo un concierto para delinquir ‘a nuestras espaldas’.