Desde que se viene desarrollando el llamado Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, no se había conocido una propuesta sensata de parte del grupo guerrillero como la que presentaron esta semana para solucionar el impasse generado por la fuga de Arnubio Ramos y su secuestro de un avión.

Las Farc no se ha cansado de insistir que si el Gobierno da por terminado el Proceso a causa de este problema toda la culpa sería sólo suya. Por eso se sospechaba que iban a proponer salidas imposibles; sin embargo, cayó muy bien entre la opinión pública la oferta de entregar –en una especie de canje– al coronel Álvaro Acosta, secuestrado hace cerca de seis meses en el Valle al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Su entrega tendría además un cariz humanitario porque el Coronel sufre quebrantos de salud a causa del accidente.

No obstante, cuando todos esperábamos una respuesta positiva del Gobierno para desentrabar este asunto se produjo una negativa cuyas razones no son muy claras. Se argumentó, en un comienzo, que el Gobierno no está de acuerdo con la idea de realizar canjes parciales y que, de haber canje en algún momento, será colectivo y por una sola vez. Se le pediría a la guerrilla incluir a todos los militares secuestrados y también a los civiles, y no se ha decidido si el Estado colombiano entregaría o no los guerrilleros acusados de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El otro pretexto del Gobierno es que no se puede supeditar la liberación de un secuestrado enfermo, que por lo tanto debe suscitar un acto humanitario, a la obtención de un acuerdo político. Se podría crear un precedente que no es sano para el país y la sociedad de manera que cada vez que la subversión armada desease algo a cambio con un secuestro bastaría.

Por supuesto esta tesis debe mirarse bajo dos ópticas. Primero, es recurrente pensar en los acuerdos que se realizan para facilitar la liberación de personajes como el hermano de César Gaviria Trujillo mientras los verdaderos servidores del Estado y los ciudadanos comunes son ignorados como si se tratara de ganado. Y, segundo, que tanto la guerrilla como el Gobierno están poniendo en juego la vida o, cuando menos, la salud futura del coronel Alzate.

Así como resultaba obvio que las Farc no iba a regresarle a Ramos a la justicia de un Estado que desconoce también lo es ahora que al coronel Alzate lo dejarán morir antes que entregarlo incondicionalmente, de la misma manera que sus similares del Eln dejaron tirado en el monte al cardiólogo Miguel Nassif, condenándolo a una cruel agonía.

De hecho, las Farc no reconocen al Estado y tampoco a la Sociedad Civil; al primero no le devuelven un delincuente sindicado y a la segunda no le regresan los secuestrados a menos que sea por dinero. Al fin y al cabo, en la vida no se es humanitario con quien se considera un enemigo y como tales nos tratan los alzados en armas aunque al mundo le digan que la lucha es por nosotros. La verdad no pudo decirla de mejor manera el presidente Pastrana en Santiago de Chile: «En Colombia no hay una guerra civil, hay una guerra contra la sociedad civil».

Por fortuna, la comunidad internacional se está cansando del juego. El Gobierno le propuso a la guerrilla nombrar una comisión de tres personajes extranjeros para solucionar el caso de Arnubio Ramos y en las Farc se apresuraron a rechazar la idea porque consideran que es una manera de revivir el tema de una verificación internacional a la que no se quieren exponer. Pero las imágenes de los policías y soldados en un campo de concentración van a ejercer una presión insospechada que empezó a materializarse ayer domingo cuando el comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Anders Kompass, le solicitó a la guerrilla de las Farc aceptar la verificación internacional en temas de derechos humanos antes de caer en un aislamiento por parte de la comunidad internacional.

El significado de una verificación extranjera es profundo: el mundo civilizado –incluyendo la porción que hasta ahora ha apoyado a la subversión colombiana– sería testigo de excepción de dos cosas: de la ferocidad de la guerrilla y su desconocimiento persistente del Derecho Internacional Humanitario, de un lado, y de la carencia de representatividad de la guerrilla para reclamar los derechos del pueblo, único soberano de Colombia que pide justicia, igualdad y desarrollo pero sin guerrilla.

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Posted by Saúl Hernández

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