Dos preguntas

Los colombianos nos desvivimos con angustia indagando qué es –por Dios– lo que quieren las guerrillas de nuestro país, pero por más que pensamos no logramos encontrar respuestas plenamente satisfactorias. Ahora, con el Plan Colombia, las cosas parece que van a pasar de castaño a oscuro y la angustia crece, por eso vale la pena comentar un comunicado de prensa emitido por las Farc vía correo electrónico.

El escrito lo atribuyen a James Petras, un activista internacional de los Derechos Humanos que no está de acuerdo con el mentado Plan. En el comunicado se anota que mientras Estados Unidos aporta US1300 millones, casi todos para la guerra, «Europa va a suministrar más de US2500 millones de dólares de ayuda económica». Eso es falso, Europa no aporta más de US300 millones a dicho plan; US200 millones de España, 40 de Noruega y algunas minucias que se han quedado en promesas.

Se agrega que «hasta el momento, el Plan Colombia ha despertado una oposición generalizada de todos los sectores de la sociedad civil en los Estados Unidos y en Europa». Eso también es falso. El Plan es resistido por sectores históricamente adeptos a la guerrilla colombiana como Human Rights Watch. Pero en Europa, la oposición no ha sido al Plan sino a los Estados Unidos debido a supuestos excesos militares cometidos en Bosnia y Kosovo, donde los gringos, etiquetados como la OTAN, realizaron una intervención militar directa.

No obstante, el documento explica que «los motivos de esta oposición son muchos y de fundamento, basados en las experiencias anteriores de los programas estadounidenses de ayuda militar a Colombia y a América Central. En Colombia, mas de un millón de campesinos se han visto expulsados de las zonas rurales a causa de la política de tierra quemada de las fuerzas militares y paramilitares colombianas bajo asesoramiento norteamericano». Sin embargo, la guerrilla, sin ninguna asesoría gringa, ha arrasado en lo que va corrido del 2000, los municipios de Urrao, Carolina del Príncipe, Vigía del Fuerte, Nutibara-Frontino, San Rafael y Sabanalarga en Antioquia; Argelia, El Bordo, Puerto Tejada y Bolívar en Cauca; La Alpujarra y Roncesvalles en Tolima; Girardot y Cachipai en Cundinamarca; Villa Colombia-Jamundí en el Valle; Algeciras, Santamaría, Colombia y Vegalarga en Huila; San Pablo en Nariño; Arboleda-Pensilvania en Caldas; Carmen de Atrato en Chocó y Carmen de Bolívar en Bolívar, para no mencionar secuestros y asesinatos.

Aduce la guerrilla de las Farc, que «la historia de los anteriores programas militares norteamericanos en América Central pone de manifiesto unas pautas de intervención destructiva generalizada, […] Posteriormente, con los denominados «Acuerdos de Paz», estos países devastados se transformaron en paraíso de especuladores, los pobres campesinos se quedaron sin tierras, los que atropellaban los derechos humanos se mantuvieron en el poder y los oligarcas volvieron a reclamar sus propiedades desde Miami. Los antiguos comandantes guerrilleros se adaptaron sin gran esfuerzo a sus nuevos cargos en el Parlamento, con unos sueldos sustanciosos, y protegidos por los altos muros de sus villas, mientras las clases populares se abstienen de participar en los procesos electorales (más del 65 por ciento  en las recientes elecciones salvadoreñas)».

Las Farc, en cambio, se dice ajena a este tipo de solución, concretamente a cualquier acuerdo de paz que proteja el «statu quo neoliberal», porque «han colocado los temas socioeconómicos, y entre ellos la reforma agraria, en el centro de su programa de negociación», porque ya tienen la experiencia de los más de 5.000 activistas de la Unión Patriótica asesinados y porque los cabecillas de las Farc son campesinos «y no profesionales dispuestos a ascender en la escala social, como fue el caso de América Central».

Las Farc arguyen que han puesto en marcha una respuesta de carácter político que suscita un amplio apoyo popular, internacional y local, mientras el Plan Colombia de Washington y Pastrana no cuenta más que con el limitado apoyo del Pentágono, el Ejército colombiano (y los paramilitares) y los narcocapitalistas que florecen en Bogotá y en Miami. Eso es, también, falso. Todas las encuestas arrojan un favorable apoyo al Plan Colombia y un desacuerdo gigantesco con respecto a la zona de distensión.

Dicen ellos: «El diálogo que las Farc han abierto en la zona desmilitarizada con la sociedad civil nos proporciona un modelo para una futura Colombia democrática. En las localidades bajo influencia de las Farc, la tasa de criminalidad se ha reducido al mínimo, las autoridades no extorsionan a los pequeños empresarios y la venta de drogas está prohibida. El diálogo y el debate abierto, en los que se han involucrado diversos sectores sociales, echa por tierra la imagen demoníaca de las Farc, la de una organización estalinista, militarista y traficante de droga, lanzada desde Washington».

Sin embargo, la realidad de la zona de despeje es muy distinta: es un campo de concentración de secuestrados, le han expropiado los predios a los finqueros, se han reclutado jóvenes y niños a la fuerza, se ha usado como  base de lanzamiento de ataques a municipios cercanos y se mantiene aterrorizada a  la población con un régimen militar cuya violación es causa de muerte.  Tantas inexactitudes en la visión que las Farc desea alimentar en el proceso dejan atónito a más de uno y dos interrogantes: ¿si las Farc no están de acuerdo con una solución negociada que mantenga el status quo, por qué Pastrana sigue dialogando con ellos? Y ¿cómo hacerles comprender que no queremos una redención a su estilo ni su ‘modelo democrático’?