Como si fuera una tradición gubernamental, esta vez obligatoria por el pobre estado de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, acaba de poner en consideración del Congreso de la República su reforma tributaria, la más drástica de cuantas se recuerden en la historia reciente del país.

Tal Reforma no podría haber caído peor ni llegado en más mal momento: en medio de un trance económico que ya lleva tres años y que ha devaluado el 40 por ciento  del patrimonio industrial; en el curso de una crisis institucional causada por la ineficacia y la corrupción de la clase política; y arrinconados por una delincuencia comunista que humilla, extorsiona, secuestra, asesina y destruye a la misma sociedad que dice defender.

El Gobierno argumenta que si bien en esta década se han realizado cinco reformas tributarias, éstas se han limitado a establecer ciertas mejoras en el régimen tributario del país sin alcanzar la profundidad requerida para que la Nación disponga de suficiente capital para cumplir sus tareas convenientemente. Sin embargo, lo más lógico, de acuerdo con la situación actual del pueblo colombiano, sería hacer el apretón fiscal dentro del Estado atacando tres aspectos claves: corrupción, burocracia y gastos superfluos.

El déficit fiscal se origina en el crecimiento acelerado del gasto público debido al gigantismo estatal, a la inadecuada descentralización administrativa y al excesivo endeudamiento público. De 57 billones de pesos, que es el Presupuesto Nacional para el año 2001, 27 se destinarán al funcionamiento del Estado; 19 se irán en transferencias departamentales, municipales y entidades descentralizadas; 22 más en pago de intereses de la deuda y apenas 8 en inversión: carreteras, vivienda social, escuelas, hospitales…

Lamentablemente, los ministros de Hacienda, una vez asumen el cargo, no hacen lo que recomendaron antes de ser ministros ni actúan en consecuencia con las posiciones criticas con las que juzgan a sus sucesores. Santos se oponía abiertamente a más impuestos –así lo afirmó en su columna de El Tiempo, a comienzos de año–, y ahora dice que no sabía que la realidad de las finanzas públicas fuera tan grave.

Sin embargo, la opinión de Santos hoy es más válida que nunca, el país no soporta más impuestos, y a él no le queda bien hacerse el desentendido porque a un ignorante no le dan un ministerio, y menos el de Hacienda. El Ministro sabe que existen alternativas más adecuadas que deben ser implementadas cuanto antes a pesar de los intereses de la clase política y aún por encima de las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Corrupción, burocracia y gastos superfluos van de la mano y su control equivaldría a dos reformas tributarias como la que propone Santos. La eliminación de ministerios, entidades descentralizadas, el adelgazamiento del oneroso e inútil servicio diplomático, la prohibición absoluta de condecoraciones, festejos, publicaciones, viajes y todas las arandelas que se pagan con dineros oficiales y no aportan nada al progreso de la Nación.

El cumplimiento en los recaudos debiera ser un objetivo trascendental para el Gobierno si se tiene en cuenta que la evasión fiscal por el impuesto de renta se calcula en alrededor del 40 por ciento. La elogiosa labor de la Dian en los últimos tiempos, en materia de control del contrabando, debe extenderse al campo de la evasión porque no es justo que algunos colombianos tengan esa especie de ‘privilegio’ y menos que retengan los impuestos que todos pagamos al pagar un producto (el Iva) o al prestar un servicio (la retención en la fuente).

Si no hubiera corrupción administrativa, los recaudos serían más que suficientes para cancelar las obligaciones de la deuda, la nómina estatal, las transferencias a las que obliga la ley y los escasos proyectos de inversión que el Gobierno ejecuta. Hace una semana se denunciaron las presiones que el senador bolivarense Juan José García venía haciéndole al gerente de Telecartagena para hacer contratos fraudulentos. En una grabación se le oye decir que un 33 por ciento  sería para él, otro 33 por ciento  para el gerente y el resto para lo que alcance. Él representa la clase política que nos roba de espaldas, Santos, por su parte, nos quiere meter la mano al bolsillo de frente para salvar un Estado que quiere vivir de gorra a costa de los que sí trabajamos por una Colombia mejor.

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Han pasado casi dos meses desde que Raúl Reyes prometió entregar “en diez días” una declaración oficial acerca del paradero de los niños Clara Oliva Pantoja y Andrés Felipe Navas. Como dice el refranero popular, “el que calla otorga”.

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Posted by Saúl Hernández

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