El súbito congelamiento de los diálogos de paz por parte de las Farc, la semana anterior, y la posición inmadura señalada a través de un comunicado lleno de equívocos, pone de manifiesto la falta de compromiso de esa agrupación para con el diálogo, la paz y el país mismo, todo como producto de un envalentonamiento surgido a raíz de los sucesivos ‘éxitos’ que han alcanzado por medio de su campaña armamentista.
Si bien las Farc, en el comunicado, se van lanza en ristre contra todas las fuerzas vivas del país, el congelamiento lo justifican, en esta ocasión, en el cada vez más brutal accionar paramilitar que ha logrado sustraerle a los subversivos el control de una buena parte del Putumayo, la mayor zona cocalera del mundo y de la cual logra las Farc su principal fuente de financiación. El paro armado que los insurgentes decretaron en Putumayo intenta atizar la problemática social de la región como antesala de la instalación de los tres batallones antinarcóticos que comenzarán a operar en breve en el sur del país, con el fin de erradicar las cultivos ilegales de esa narcoguerrilla.
Sin embargo, el pataleo de las Farc es inconcebible porque entraña una exigencia –la de combatir eficientemente el paramilitarismo– que supone una ventaja militar para las Farc pero que no es del todo beneficiosa para los colombianos. Ya se ha dicho que los paramilitares son un remedio peor que la enfermedad, pero la guerrilla fue la que se inventó eso de dialogar en medio de la guerra y sin reglas, y no puede pretender ahora que el Ejército les aparte del camino a su más feroz enemigo y, por ahí derecho, se desgaste enfrentando un actor armado que no pretende desestabilizar al Estado colombiano.
La guerrilla se equivoca de nuevo cuando pretende sugerir entre líneas que la suya es una guerra justa mientras juzga al paramilitarismo como un grave delito. Aún si éste fuera una política de Estado no se entiende cuál regla se está violando cuando el juego que concibió la guerrilla no tiene ninguna. Las Farc no puede esperar que de un lado estemos dentro de los lineamientos de un Estado de Derecho, en tanto que ellos no obedecen a los convenios de Ginebra y violan permanentemente el Derecho Internacional Humanitario. La moral de la guerra es muy diferente a la moral en tiempo de paz y eso lo sabe las Farc mejor que nadie.
En la larga lista de eufemismos que la subversión ha inventado para encubrir sus atrocidades, donde un secuestro es una retención, una extorsión un impuesto, un asesinato un ajusticiamiento, donde no hay narcotráfico sino gramaje, no van a hacerle creer al mundo ahora que ser revolucionario es un derecho y ser contrarrevolucionario es un ilícito, que los alzados en armas no deben observar ley alguna y los que reconocemos el Estado legalmente constituido debemos reverenciar la Ley y limitarnos a llorar y a vernos derrotados y humillados ante tamaña desventaja.
Además, es de evidencia grande que los diálogos se están empantanando sucesivamente por la actitud insolente de las Farc pues su sinceridad está puesta en entredicho desde hace rato y en mayor medida ahora, luego de revelarse la semana anterior dos grabaciones del Mono Jojoy donde expresa un completo desprecio por el proceso de paz. En la primera le dice a sus hombres que hay que secuestrar más para conseguir 150 millones de dólares para una ofensiva total porque «la paz es carreta», dice, y concluye asegurando que después de esta guerra vendrá otra con los gringos y otras potencias. En la segunda habla de hacer un juicio ficticio a los asesinos de los tres indigenistas norteamericanos porque «a eso se comprometió Marulanda», pero reitera que será un juicio de mentiras.
Se nota que en las Farc no están mandando los políticos sino los bárbaros delirantes como el Mono Jojoy, quien ahora se cree la reencarnación de Pablo Escobar, aunque evidentemente no es tan inteligente y, probablemente, no sea tan bellaco. Pablo terminó en un tejado sus días de locura, y las Farc, si siguen el camino equivocado, van a fenecer sobre el verde de nuestras montañas porque una revolución chiflada no puede triunfar nunca. Se está repitiendo la historia.
TEXTO DEL COMUNICADO DE LAS FARC
El grotesco autosecuestro de los 7 parlamentarios y la entrevista del señor ministro de La Calle con las bandas genocidas paramilitares, es la fase final de una conspiración contra la Mesa de Diálogo y el proceso de paz.
La manifiesta debilidad del gobierno del presidente Pastrana demostrada en las urnas el pasado 29 de Octubre, en unas elecciones saturadas de trampas, violencia y abstención que evidencian una vez más la ilegitimidad del Régimen, fue el llamado a la acción de los conspiradores a órdenes del Pentágono norteamericano.
Ante el evidente debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, se han fijado el objetivo de construir una alternativa política terrorista, neoliberal y proyanki que llene el vacío y unifique los esfuerzos de los gremios, la jerarquía Católica, los latifundistas, El Parlamento, las Altas Cortes, el gavirismo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los grandes medios de comunicación y la Fuerza Pública. Es decir, el aparato del Estado.
La farsa en esta fase empieza por la autorización desde la jefatura de los dos grandes grupos económicos del país, de una promoción publicitaria concertada, que soslaya y minimiza el carácter criminal de la política paramilitar, mientras acrecienta la ofensiva calumniosa y degradante contra la zona del despeje y contra las FARC, a partir del cruel asesinato de la señora Elvia Cortés con un collar bomba.
La conspiración tiene como eje central la aplicación del Plan Colombia o sea la participación militar abierta de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro territorio, para posicionarse estratégicamente y sin mayores obstáculos en América del Sur y garantizar, a través del Fondo Monetario Internacional, la imposición de su plan neoliberal para plagar de más miseria y desesperanzas a nuestros pueblos.
En el entretanto, se fortalece sin límites el aparato militar estatal, el oficial y el paraoficial, se le entregan dineros del presupuesto nacional en una proporción sin antecedentes, se reciben fondos condicionados del imperio y sus transnacionales, se les facilita su papel como intermediarios de la entrega de narcotraficantes a la justicia gringa para que perciban jugosas comisiones, se les facilita el tráfico de droga para complementar sus fondos mientras cínicamente publicitan las banderas de la defensa de las Instituciones y los Derechos Humanos.
El cinismo oficial se ha generalizado: el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, ya no salen de las oficinas del paramilitarismo. El Fiscal General opone su poder e investidura a todas las iniciativas por la paz concertada. Varios de los Altos Prelados Católicos convocan a la guerra contra la insurgencia y contra el movimiento popular. Los gremios económicos peroran contra la zona de Despeje y azuzan la confrontación bélica. Miembros de la Corte Suprema de Justicia imparten su «sabiduría» en contra del proceso de Paz. Los latifundistas aumentan su violencia mientras amplían sus propiedades a costa de los 2 millones de campesinos desplazados. El gavirismo irradia su veneno reaccionario en Washington y en Bogotá propiciando la invasión, el neoliberalismo y la violencia terrorista del Estado.
Eso sí, todos ellos guardan un reverencial silencio frente a las monstruosas matanzas cotidianas del ejército oficial y paraoficial, como ha sido evidente en estos días anteriores en Granada y El Guarne, Antioquia, en Barranca, en el Caquetá y el Putumayo.
La conspiración llega a su clímax con la vergonzosa actitud del Congreso Nacional. Con maleta de viaje, incluidos los vestidos de baño y el whisky, 7 parlamentarios se autosecuestran, mientras sus cómplices en El Capitolio encabezados por el Presidente del Senado, se rasgan las vestiduras para que haya reconocimiento político a su nuevo partido fascista. Ni una sola palabra de los 411 soldados y policías prisioneros de guerra en manos de la insurgencia. Ni una sola alusión a la descarada inmovilidad de los militares frente al autosecuestro.
Y mientras el gavirista ministro del Interior le confiere a nombre del Gobierno, interlocución política a unos narcotraficantes confesos como son los paramilitares, el General Canal de la Tercera Brigada renuncia porque el presidente no lo dejó ejecutar otro holocausto, a nombre de las instituciones.
Es necesario que desde el poder Ejecutivo haya definiciones. Un proceso que lucha por construir los caminos de la Reconciliación, no puede mantenerse sobre estrategias ambivalentes o esperando equivocaciones de la insurgencia, lo que presupuestó el Ministro Ramírez Ocampo en el reciente encuentro de Costa Rica, donde manipuló con la buena fe de muchos de los participantes, buscando liquidar de un tajo la zona del Despeje para apropiarse de la administración de los ingentes recursos destinados por la comunidad internacional, para la paz de Colombia.
Ni puede permanecer impasible frente a la criminal actitud de las fuerzas armadas oficiales en el Putumayo, en donde como inicio del Plan Colombia, las tropas asesinan y siembran el terror a nombre del paramilitarismo.
Ni puede mantener esa estrategia ambigua de afirmar taxativamente, como lo hizo el señor presidente Pastrana aquí en el Caguán en sus conversaciones con el Comandante Manuel Marulanda Vélez, la obligatoriedad del Estado de combatir al paramilitarismo, mientras por otro lado le otorga el estatus de interlocución política. El gobierno debe clarificar con hechos su compromiso con la paz, al igual que los dirigentes de los partidos tradicionales firmantes de los acuerdos de Caquetania y Los Pozos, donde rubricaron sendos acuerdos de lucha contra la barbarie paramilitar.
Al reiterar nuestra decisión y compromiso con este proceso que nos lleve a la reconciliación y a la reconstrucción del país, consideramos que hasta tanto el señor Presidente y su Gobierno no le aclaren al país y al mundo, su posición oficial frente al terrorismo paramilitar y desarrollen políticas para liquidarlo, los actuales diálogos deben ser congelados.
Convocamos a todos los Colombianos y a la Comunidad Internacional a la acción permanente contra la imposición del Plan Colombia y los oprobiosos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y por impedir que los militaristas le nieguen al país en esta oportunidad, su encuentro con la paz concertada y el fin de la confrontación fratricida.
Montañas de Colombia, Noviembre 12 del 2000
Estado Mayor Central de las FARC – Ejército del Pueblo
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