El recrudecimiento de la guerra irregular interna de nuestro país en los últimos días, por la destrucción masiva y sistemática de pueblos pobres y olvidados como consecuencia de la llegada de los primeros recursos, en especie y dinero, del Plan Colombia, no sólo estaba previsto sino que reafirma el hecho patente y deplorable de que la guerrilla de las Farc no está en son de paz.

Después de casi 20 meses de desmovilización de la zona de San Vicente del Caguán y de un aparentemente fluido diálogo entre los subversivos, el Gobierno y algunos sectores de la sociedad civil, las muestras de buena voluntad brillan por su ausencia y, muy al contrario, el proceso se debilita ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional. Crecen las especulaciones en el sentido de que las Farc sólo estarían ganando tiempo y un importante corredor  estratégico del centro del país para fortalecerse militar, financiera y numéricamente, antes de librar la madre de las batallas, la última carnicería que los acerque al Palacio de Nariño.

Ante ese temor, el proceso de paz pende de un hilo no sólo porque la guerrilla atenta en su contra sino porque la opinión pública exige que no se dialogue más en medio del conflicto puesto que  no tiene ninguna justificación tender la mano para que la fiera nos muerda. Ahora todas las expectativas se centran en las alternativas de un cese al fuego que ambas partes estudian en la mesa.

Si bien no se conocen los términos de las propuestas, existen varias cosas en claro. Una de ellas es que el Estado deberá financiar la manutención de los alzados en armas por un tiempo indefinido a un costo mensual cercano a los 20 mil millones como contraprestación al cese de formas de financiación como la extorsión y el secuestro, además de la renta de las actividades cocaleras.

Está claro también que la guerrilla le podría haber solicitado al Gobierno un hecho de difícil cumplimiento para entrabar el cese y, con él, los diálogos de paz. Este aspecto estaría constituido por la exigencia de nuevas zonas de despeje, lo cual ahora es impensable, o acaso por la pretensión de que se bloquee el componente militar del Plan Colombia y sus recursos se inviertan en temas sociales dentro de las zonas de influencia guerrillera. La opción menos grave sería la del canje de ‘prisioneros’ entre la guerrilla y el Estado, cosa que supuestamente mostraría la buena voluntad del Gobierno y acercaría a las partes.

Para el Gobierno y para el país en general, la única alternativa que parece viable es la del canje. Precisamente por estos días los policías retenidos en Miraflores (Guaviare) están cumpliendo dos años lejos de sus familias. Con ellos, las Farc tiene retenidos alrededor de 800 servidores públicos entre policías y militares, y es también justo que el Estado haga prevalecer el interés de rescatar,   recuperar o devolver a sus familias a quienes bien le han servido poniendo en juego sus vidas.

Por eso es imperdonable la demora en la Ley de Canje que cursa en el Congreso y la absurda inflexibilidad de nuestro Estado para dotar al Presidente de facultades extraordinarias para que haga efectivo el llamado canje. Se critica este mecanismo y se dice que es inviable porque muchos guerrilleros están presos acusados y condenados por delitos de lesa humanidad y no se considera moral ni jurídicamente posible que se les otorgue la libertad.

Lamentablemente, la dinámica del conflicto nos ha llevado hasta un cruce de caminos donde sólo hay dos salidas: la guerra total al estilo Bosnia -con destrucción masiva- o la solución negociada, y esta última, en aras de evitar lo peor, implica concesiones de por sí humillantes. No obstante, a diario son liberados peligrosos delincuentes por falta de pruebas o por leyes tanto o más indecorosas como la Ley del Jubileo.

El canje y la financiación de la guerrilla vendría siendo poco a cambio de un cese bilateral de la confrontación armada o, por lo menos, de que los civiles sean excluidos del conflicto por parte de las guerrillas, y serviría para definir de una vez por todas si las Farc va o no a firmar la paz. Si después del canje no se diera el cese al fuego, la culminación de los secuestros y las extorsiones, la devastación de pueblos y la destrucción de la infraestructura nacional habrá que romper esa ilusión de los diálogos y esperar —como decía Napoleón— que Dios se ponga del lado del ejército más fuerte.

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Posted by Saúl Hernández

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