El 13 de enero de 1988, a las cinco de la madrugada, el sur de Medellín se estremeció con el eco crepitante y desconocido —hasta entonces— de un carrobomba. Era un atentado criminal perpetrado por Gilberto Rodríguez y José Santacruz contra su más grande enemigo, y justamente en la puerta de su casa; el edificio Mónaco en Santa María de los Ángeles, el barrio más exclusivo de Medellín.

El alcalde de entonces, William Jaramillo Gómez, lo tomó como una broma; salió a contarle a los medios que la grifería era de oro, que habían Boteros y Picassos, que en el sótano había una colección de motos y autos clásicos, que la azotea tenía un helipuerto oculto, que el ropero de la ‘señora de la casa’ era de un piso entero, que era como ‘Dinastía’ o ‘Dallas’ a la criolla… No le importó —eso parecía— que hubieran muerto dos celadores y que varias casas vecinas estuvieran en el suelo.

Mónaco era la residencia de Pablo Escobar y su familia. Los vecinos lo sabían y las autoridades también. El hombre al que la alta sociedad le había negado la afiliación al Club Campestre —apenas pasando la calle— se les metió al barrio sin pedir permiso. Ese ataque contra su familia provocó que Escobar perdiera toda compasión y desatara su poder criminal convirtiendo el terrorismo en un lenguaje que significaba ‘aquí mando yo’.

El sábado pasado volvió la bomba. Hombres bien armados atacaron primero con tiros de fusil y enseguida detonaron un taxi con 40 kilos de dinamita rompiendo vidrieras en todo el barrio y causando pánico, precisamente cuando la Fiscalía de Medellín estaba instalando las oficinas de las direcciones regionales Administrativa y Financiera, con una fuerte oposición de la comunidad.

Tras la bomba de hace 12 años el Mónaco quedó prácticamente abandonado y fue incautado por la Dirección Nacional de Estupefacientes que lo cedió a una comunidad terapéutica para que funcionara un centro de rehabilitación de drogadictos. Hace poco, después de un largo forcejeo jurídico, le aplicó la Ley 33 o de Extinción de Dominio y en diciembre decidió cederlo a la Fiscalía de Medellín.

La oposición de los vecinos no es gratuita pero sí injusta. La Fiscalía podría ser un peligro porque es un blanco potencial de atentados criminales. Basta recordar que don Pablo voló el edificio del Das en Bogotá, en 1989, o que hace siete meses dinamitaron la sede del Gaula Rural en las inmediaciones de la Cuarta Brigada de Medellín. Pero lo que se le olvida a los habitantes de ese exclusivo sector es que entidades privadas como Xerox y Augura —el gremio de los bananeros— también han sido voladas sin que nadie, que se sepa, haya solicitado su traslado a otro barrio.

La discriminación y el rechazo del que es objeto la Fiscalía es un acto de insolidaridad y deslealtad patriótica del peor nivel. Es una actitud oligárquica creer que se vive en Suiza y pretenderlo mediante pequeños —o grandes— privilegios, que son precisamente los que causan las diferencias mayúsculas que tienen este país dividido no en dos ni en tres sino en 40 millones de pedazos, porque cada colombiano se cree con el derecho especial de hacer lo que le da la gana.

Ese tratamiento de leprosos hacia quienes bien le sirven a la comunidad está fundamentado, en gran parte, en una falacia que viene haciendo carrera en Colombia y es el hecho de pensar que los ciudadanos estamos ‘por fuera del conflicto’, que somos neutrales. Nada más falso. Colombia está en guerra para todos y la prueba es que las víctimas de todos los días son civiles de este barrio y de aquél.

Por otra parte, la Constitución Nacional garantiza la igualdad, de ahí que no puede haber un barrio más o menos indicado que otro para la Fiscalía, menos aún tratándose de dependencias administrativas y no de carácter operativo. Además, este barrio ya no es exclusivamente residencial pues ha hecho tránsito a otros usos.

Por todo eso, tal vez indignado, el comandante de la policía metropolitana de Medellín, general Luis Eduardo Rodríguez, se atrevió a decir que la bomba del sábado fue puesta por los enemigos de que la Fiscalía se instale en ese barrio, o sea por los vecinos, no necesariamente por los que se han reunido para evitarlo pero sí por algún delincuente de peso que vive en el sector como Escobar lo hizo algún día. Hay otras hipótesis pero, en verdad, la autoría no es un asunto de importancia. Quien lo haya hecho sólo quería dar un golpe de opinión que no es tan artero como eso de querer buscarle otro Agua de Dios a los leprosos de la Fiscalía.

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Posted by Saúl Hernández

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