En la última campaña electoral para el Parlamento, los colombianos vimos con cierto alivio que algunas personas de la vida nacional se lanzaran para aspirar a una curul en el Senado y la Cámara. Alfonso Lizarazo, Leonor González Mina, Nelly Moreno, Sergio Cabrera, María Isabel Rueda y Edgar Perea fueron los elegidos; gracias a su popularidad en los medios de comunicación pudieron vencer las maquinarias electorales y meterse al Congreso con votaciones sobresalientes.

Se pensó que su presencia iba a remozar las instituciones, y aún se piensa que es imprescindible que colombianos de toda índole, ajenos a los partidos tradicionales, lleguen a las corporaciones de elección popular para ir desplazando a la vieja política, a los caciques que gobiernan con puestos y presupuestos, con la clientela y los contratos, y que se eligen regalando sancocho, aguardiente y bultos de cemento.

Después de dos años, la experiencia es lamentable. Lizarazo ha repetido en todos los idiomas que está arrepentido de haberse metido a congresista, que allí nada avanza, que nada se hace. Ha dado a entender lo que todos sabemos: que es una institución anticuada que no marcha de la mano con el país, independientemente de que sea un guarida de corruptos.

A Nelly Moreno y Leonor González Mina, si no fuera por la televisión, nadie les conocería la voz. Al igual que a los otros, los asesores no les bastan para conocer y dominar la mecánica de las legislaturas y mucho menos para redactar un articulado o ser ponente de una ley. A Sergio Cabrera, la ventolera de la política no le duró mucho y prefirió irse a hacer cine y dejarle la curul al segundo en lista en un claro irrespeto a sus electores que la ley desgraciadamente permite.

Los más activos de estos mortales metidos a ‘Padres de la Patria’ fueron el senador Edgar Perea y la representante María Isabel Rueda. Al primero se le vio en todo, metiendo la cucharada con su voz ronca de narrador de fútbol, enojándose cuando le impidieron adelantar un debate para favorecer planes deportivos para discapacitados y haciendo política pro referendo con Horacio Serpa. María Isabel Rueda no fue inferior, no podía serlo. Como periodista ha empuñado una pluma ácida con la que ha denunciado, sentenciado y agraviado a más de un político, con sobrados motivos, y como mujer emprendedora no tuvo más opción que sentarse a estudiar de leyes, de proyectos, a debatir, decidir y opinar.

Lo malo de ambos es que les quedó tiempo hasta para seguir con sus trabajos habituales, Perea narrando y comentando deportes y Rueda escribiendo para una revista. El primero se abstuvo de cobrar —él lo dice y hay que creerle—, la segunda siguió recibiendo considerables honorarios por opinar. Ambos dieron ‘papaya’ al quebrantar el artículo 180 de la Constitución Nacional el cual expresa que ningún congresista podrá desempeñar cargo público o privado, pero el Consejo de Estado también quebrantó algo: el sentido de la moral y las proporciones.

La investidura del senador Perea fue retirada por votación de 14 contra 9, lo que da la idea de que muchos consejeros de Estado consideraron que el espíritu de la Ley no había sido violado por varias razones: Perea no abandonó el puesto, su trabajo como narrador ocasional no le distrajo de sus obligaciones como congresista y, lo más importante, no existe incompatibilidad ética ni moral entre ser relator deportivo y senador de la República.

En cuanto a las proporciones del hecho, no tiene presentación que se quite la investidura de Perea por hacer un trabajo honesto —narrar fútbol— al que le debe su vida entera, cuando hay parlamentarios sumamente cuestionados por corrupción que continúan en sus puestos, cuando hay tantos otros con trabajos alternos o espontáneos y cuando ya, años atrás, se había sentado un precedente en el caso de Alberto Santofimio Botero quien dirigía un programa de televisión en el canal de interés público (hoy Señal Colombia) y del que el Consejo conceptuó que no interfería en sus tareas de senador.

Claro que a Perea lo que le hicieron fue un favor porque no debe ser un gran privilegio hacer parte de una corporación que se dedica al hurto calificado y a necedades como declarar al tejo ‘deporte nacional’, a proclamar mediante ley al 18 de agosto como ‘día nacional contra la corrupción’, a emitir ‘ley de honores’ al Señor Caído de Girardota y a incrementar el salario de los diputados a un 188,9 por ciento del que reciben los gobernadores. Así, es mucho mejor, honesto y reputado ser el narrador más escuchado de Colombia. Sin embargo, el Consejo de Estado, con su interpretación amañada de la Ley, desestimula la llegada de gente honesta a las corporaciones y las deja en manos de los políticos profesionales, expertos en triquiñuelas, que no se dejan sacar por ningún motivo: ni por timadores ni menos por algo tan inocente como narrar y comentar deportes en televisión.

La decisión contra Perea es más un triunfo de la vieja política que una violación a la libertad de expresión; aquí lo que está en juego es un desbalance de valores porque, independiente de su gestión, no puede ponerse a Perea a la altura de Pomárico, eso es descoser a tirones un país que ya está deshilachado.

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario