Más control a la juventud

Uno de los problemas más graves del país es el hecho mismo de estar sumergidos en problemas colosales que no dejan pensar ni hacer nada diferente a vivir capoteando cada coyuntura, apagando cada incendio. Sería absurdo no referirnos al aeropirata de la semana anterior, a la propuesta del presidente Pastrana para reunirse con Tirofijo antes del domingo (ayer), a la extensión que pidió Marulanda hasta el jueves por razones de ‘seguridad’ y la visita de Pastrana a la zona de distensión, sin escoltas, que dejó sin piso los pretextos de la guerrilla para no reunirse dentro del plazo inicial. Todo lo esbozado por las Farc para mantener congelados los diálogos también son meros pretextos: el paramilitarismo, el Plan Colombia y el intercambio humanitario.

Para mantener el despeje, el Presidente deberá lograr que la guerrilla ofrezca algo proporcionado. Álvaro Uribe Vélez dice que lo propicio sería que ellos cesen la confrontación manteniendo las armas, eso crearía un verdadero ambiente de diálogo. Lo anterior implica no secuestrar, no extorsionar ni traficar con droga y por eso se requiere revivir la propuesta de que el Estado o los gremios (o ambos) financien a las Farc mientras los fusiles en silencio, apaciguados, dejan escuchar las voces de quienes se sienten a discutir verdaderos acuerdos.

Lo mismo va para el Eln. Para dialogar no se requiere un despeje, no importa que hayan aceptado toda clase de condiciones, no importa que la comunidad del sur de Bolívar se oponga azuzada por los paramilitares. Sólo se requiere una mesa con varias butacas y unos pocillos de café cuando hay voluntad. El lugar puede ser una finca del Gobierno, la Casa de Huéspedes en Cartagena o un hotel. Si el Eln quiere un despeje debe ofrecer también el cese de todas sus operaciones militares, el acallamiento de sus fusiles, porque es inaceptable entregarles una zona donde puedan estar tranquilos mientras los colombianos sentimos el traqueteo de sus armas a nuestras espaldas y el inquietante timbrar del teléfono en las casas de los secuestrados.

Pero hablemos de cosas más importantes: los alcaldes de Cali y Medellín, John Maro Rodríguez y Luis Pérez Gutiérrez, han decidido decretar toque de queda para los menores de edad en sus respectivas ciudades. La medida se va a implementar con algunas diferencias pero la polémica será igual, ya se les tilda de represivos, se piden alternativas educadoras, se acude a la Constitución para hablar de ‘derechos’ y no tarda el joven que tutele y gane, amparado en providencias de la Corte Constitucional que han dejado en claro que uno tiene derecho a trabarse, a matarse o a lo que sea para desarrollar su personalidad.

Nuestro país tiene menos futuro no sólo por culpa de la guerrilla, el narcotráfico y la corrupción sino porque tenemos una juventud confundida, sin verdaderos —y buenos— ejemplos para seguir. El sistema educativo colombiano es deficiente en cuanto a enfoque, intensidad, cobertura y formación de los maestros. Si  a ello sumamos la disolución familiar y la influencia materialista de los medios de comunicación encontramos un coctel explosivo: el joven no ve futuro y se vuelve esclavo del alcohol, las drogas y el sexo. Además, se acerca al delito como medio de conseguir dinero y reconocimiento, actitud ya no exclusiva de los jóvenes de clase baja sino común a todos los estratos sociales.

La rumba de los jóvenes es cada vez más pesada: más alcohol, más drogas, más prostitución, más delitos, más accidentes. Se valen de la inimputabilidad del castigo y hacen un doble daño: el que infringen a la sociedad y el que se hacen a sí mismos. Los jóvenes, la calle y la noche están conformando una mezcla mortal. A los alcaldes los elegimos para gobernar y solucionar nuestros problemas con visión de futuro por eso deben aplicar esta iniciativa sin importar el desacuerdo de los menores. Como los padres no los controlan, que los controle el Estado.

Pero, acaso mejor es la promesa de campaña esbozada por Pérez Gutiérrez en el sentido de decretar educación obligatoria en Medellín para los menores de quince años y prohibir su permanencia en las calles pidiendo limosna y vendiendo baratijas. La idea es implementar unas granjas escuela a donde llevarían estos menores para aprender tareas prácticas y alejarlos de las malas influencias de la calle. Eso requiere un buen presupuesto pero sería el dinero mejor invertido en la historia de Colombia. En definitiva, es urgente alejar a los menores de la calle, como también lo es establecer una política seria de control natal porque estamos procreando un ejército de delincuentes. Ese es otro tema. ·