Dice el pensador francés Daniel Pecaut a la revista Semana (edición 1023, Diciembre 9-15 de 2001) que una característica del conflicto colombiano es que todos están en contra del Estado. Incluso, ahora, los paras. También los gremios, la población, los tres poderes entre sí. Para muchos analistas ha tomado fuerza la teoría de que la desinstitucionalización del Estado colombiano es una de las principales causas de nuestros males, de un lado, y la principal razón para no poder ejecutar correctivos, del otro. Pero si el ciudadano común está contra el Estado es porque siente que el Estado está en contra suya; bastan unos cuantos ejemplos para demostrarlo.

Si bien el Gobernador de Cundinamarca tiene razón al querer trasladar tres colegios de Bogotá, con cuyas estudiantes debe responsabilizarse el Distrito y no el empobrecido departamento, espanta ver que el Estado maneja la educación sin importar para nada las comunidades, ignorando que educar no es asunto de cifras sino de conformación del tejido social. Ya algo duele con las niñas del Silveria Espinosa porque su protesta dejó sabor a anarquía gracias a un Estado que se comporta como un enemigo y que seguirá siendo visto así por estas jóvenes, fáciles presas de los grupos subversivos.

¿Y qué pensar del ancianato de Bogotá que se quedó sin agua la semana anterior por no cancelar una cuenta de 144 millones? Ante la presión de los medios de comunicación la empresa de acueducto reconectó el servicio alegando que había sido un equívoco pero reiteró que la cuenta hay que pagarla, que el gasto se debe, probablemente, a una fuga. En Colombia, donde el agua aún es muy barata, gracias a la naturaleza y no al Estado, una fuga de 144 millones de pesos en agua (en dos meses) ya habría encontrado salida y arruinado los cimientos de una casa tan vieja como sus moradores.

En casi todo el país las reclamaciones por errores en las cuentas de servicios son abundantes y causan toda clase de perjuicios. Ir a una oficina pública ha sido siempre un castigo por la cantidad de trámites (y filas), los intermediarios, los funcionarios ineficientes, las mordidas que toca pagar y los costos legales; cualquier firma, cualquier sello tiene un costo que debe cancelarse, generalmente en un banco bien lejano.

De hecho, casi todo lo que hace el Estado parece tener por objetivo echarse a la gente encima; los politiqueros se lavan las manos con el cuento de que tratar bien al ciudadano es populismo y demagogia, y que hay que hacer lo que toque sin importar a quién se va atropellando; en esa carrera desbocada el Estado termina haciendo más daños de los que pretende corregir.

Basta recordar cómo surgió el ‘3 x mil’, un impuesto ideado para redimir de un colapso a las entidades bancarias que por años se han enriquecido a costa de los usuarios y que, incluso, los han robado vilmente mediante triquiñuelas infames como el Upac y el UVR. Cuando los bancos andan bien las ganancias son de los dueños, cuando andan mal el daño lo asumimos todos. El Estado es enemigo.

La presión de las multinacionales, por ejemplo, pone al Estado en contra del ciudadano infractor que no es un delincuente. La persecución a la piratería se ha vuelto infame como si fuera lo mismo tener software pirata o fabricar imitaciones de Levi’s que ser un mafioso, un secuestrador o un ladrón de carros. El Estado es valiente con los débiles pero permisivo con aquellos que sí ponen en peligro la estabilidad social.

Por estos días, en medio de la crisis económica más penosa de la historia y con unas cifras de desempleo escandalosas, está de moda dizque ‘preservar el espacio público’. Es un hecho que los mandatarios locales deben preservar cierto orden, la limpieza, evitar la aglomeración desmedida… pero la preservación del espacio público se convirtió en una persecución criminal en contra de los venteros ambulantes, tratados como delincuentes por bregar a ganarse la vida honradamente, y contra los propietarios de vehículos que no pueden parquear en ningún lado a pesar de pagar altos impuestos. El Estado es enemigo.

La ejecución de obras públicas de beneficio para la comunidad sólo se entiende ahora por la vía de la ‘valorización’. Ya los altos impuestos que pagamos no alcanzan para nada y hasta las comunidades más pobres son víctimas de cobros onerosos para la construcción de una carretera o un puente, a pesar de que el predio, generalmente, sigue valiendo lo mismo, lo cual demuestra una valorización nula. Esto tiene una relación directa con las políticas de obras públicas por concesión y de privatizaciones. Con ambas sólo se busca explotar (ese es, realmente, el término) a la ciudadanía para beneficio privado. El Estado es enemigo.

No se ha hablado ni siquiera de corrupción, sólo de asuntos ‘menores’ del Estado que golpean fuertemente la realidad del país. Todos le apostamos a la paz pero ¿qué clase de paz puede tenerse con un Estado enemigo de la gente? ¿No será mejor comenzar la paz al revés (o al derecho)? Es por esto que los colombianos tenemos una responsabilidad muy grande con el futuro y no podemos darnos el lujo de errar el nombramiento de presidente otra vez. Sólo hay un candidato apto para dirigir a Colombia en las presentes circunstancias; inteligente, recto, capaz y sin compromisos con las maquinarias. Lástima que la mayoría de los colombianos no voten porque sienten que el Estado es su enemigo; de lo contrario se podría elegir al candidato correcto. ·

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Posted by Saúl Hernández

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