Casi sin darnos cuenta los colombianos entramos a sufrir desde mediados de la semana anterior los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal, los cuales son un verdadero despropósito y un nuevo desatino del Gobierno y el Congreso que nos representan en esta farsa tragicómica que insistimos en llamar ‘democracia’. Es cierto que las leyes no son ni garantizan la justicia y menos aún que cese el crimen y la violencia, aunque sí son un factor de mucho peso, pero Colombia no es Noruega como para tener un código penal que, en vez de reforzarse, cada vez se vuelve más laxo y permisivo.
Los nuevos códigos no sólo bajaron las penas por asesinato y secuestro mientras estos crímenes se mantienen en niveles insoportables, y suben en vez de bajar, sino que cayeron en abusos notorios del Derecho que se ven como cosas simpáticas pero cuya resonancia social es inocultable. Es el caso de la bigamia, ahora despenalizada. El matrimonio es o era como un contrato de exclusividad que ahora puede ser violado con toda tranquilidad y al amparo de los nuevos códigos.
Todo esto crea tales consecuencias en materia de impunidad que el condenado cantante Diomedes Díaz ya no pagaría 12 años de cárcel como se había sentenciado sino 6, de los cuales estaría no más de 3 en razón a que estuvo detenido unos meses de manera preventiva y a las rebajas de las que sería objeto por trabajo, estudio y visita papal. Esto es apenas una muestra de la burla a la que se está sometiendo la justicia, la manera cómo se va a incrementar la impunidad y a estimular la administración de justicia por mano propia cuando es la principal obligación del Estado: preservar vida, honra y bienes de los ciudadanos y castigar a los infractores que atentan contra ello.
El parlamentario Germán Navas Talero denunció que tal esperpento fue aprobado de manera irresponsable porque los congresistas no lo leyeron y por tanto no tenían conocimiento concreto de qué era lo que estaban aprobando. Eso no es nada extraño en un Congreso compuesto de gente mediocre que tienen muy pocas expectativas de construcción nacional, pero es una explicación innecesaria ante la evidencia de actividades delincuenciales de las que muy pocos parlamentarios se salvan.
Cuando el presidente de la Cámara, Basilio Villamizar, y siete congresistas más son capaces de robar sin sonrojarse violando todas las normas en un viaje turístico a Rumania no puede esperarse de ellos un buen Código Penal sino uno muy laxo que les sirva a ellos mismos para eludir las leyes que violan a cada rato. Cuando la urdimbre de las relaciones políticas se entretejen a tal grado que el fiscal saliente —Alfonso Gómez Méndez— se espera hasta el último día para decir que el ex presidente del Senado Fabio Valencia Cossio, desapareció 10 mil millones de pesos de un fondo de seguridad, no puede haber justicia.
Nuestra dirigencia camina hacia atrás porque lo que de ellos recorre el país son sus sombras, ellos ya están en Miami y sus cuentas en Suiza. El Código fue hecho por delincuentes y para delincuentes. ·
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