El problema del desempleo en Colombia se ha agravado y todo indica que será peor. La Cepal advirtió el lunes que Colombia tiene la tasa más alta de Latinoamérica y que es un mal ejemplo en materia de política económica. El viernes, el Dane presentó unas cifras de desempleo tan maquilladas como los balances amañados de Betty la fea, y aún así las cifras escandalizan: por lo menos 3 millones 200 mil colombianos andan sin trabajo, equivalentes al 20.5% de la población activa, y el subempleo asciende al 31%.
El Dane reconoce entonces que el 50% de los colombianos no tiene recursos para la subsistencia y, como el hambre no da espera, es de entender que estas personas están viviendo de la caridad o están delinquiendo para sobrevivir. Lo que no reconoce el Dane es el aumento del desempleo porque, para lavarse las manos y evadir responsabilidades, el gobierno de Pastrana y su equipo económico han decidido maquillar la realidad. Ahora no se considera desempleado al que labore una hora semanal y se piensa que las causas del desempleo son las amas de casa que salen a buscar trabajo en vez de quedarse cocinando y los jóvenes que abandonan las aulas en vez de seguir disfrutando de la educación excelente y barata, accesible para todos.
Nuestro Gobierno criticó duramente los nulos alcances de la administración Samper en el mismo terreno pero hasta ahora no ha logrado disminuir la tendencia creciente del desempleo ni lo logrará acudiendo a criterios de imagen porque el problema es estructural y seguirá en alza hasta que no se impongan políticas adecuadas. A diario se repite que la apertura económica del perplejo Gaviria fue la caja de Pandora que dio inicio a la caída del empleo pero nada se hace para reversarla o condicionarla.
Cualquier país del mundo que vive recesiones como la nuestra aplica planes nacionales de desarrollo impulsando la realización de grandes obras como ciudadelas, carreteras, puertos, etc. Por el contrario, las medidas de Andrés Pastrana son privatizar, estimular la corrupción y los gastos suntuarios de sus amigos y de la clase política, ahorcar a la ciudadanía con más impuestos (a pesar de que prometió reducirlos) y constantes reformas tributarias, y crear un ‘hueco social’ para cubrir el faltante fiscal despidiendo miles de trabajadores estatales mediante la Ley 617.
Como si fuera poco, la responsabilidad del sector privado se murió con los industriales de antaño. Hoy existe la idea generalizada de que las pérdidas se socializan pero las ganancias son privadas; el Estado y la sociedad, mediante el impuesto a las transacciones bancarias, han salvado la banca privada con 6 billones de pesos tan sólo en este Gobierno. Sin embargo, cuando el sector obtiene ganancias la retribución es nula, sólo dan alcancías y llaveros. En el ámbito público no hay diferencia: Interconexión Eléctrica (Isa) se quiere privatizar en cerca de US$500 millones cuando los colombianos hemos invertido en esa empresa cerca de 3 mil millones de dólares, que es lo que vale en libros.
Con el consabido cuento de la globalización económica —que aquí conocemos como apertura—, ese engendro que sólo ha servido para que los países pobres caminemos por la cuerda floja en beneficio de los países ricos y sus multinacionales, el mismo que ya tiene detractores que han protestado sonoramente en Seatle, Praga, Washington, Davos y otras ciudades donde el Fondo (FMI) ha hecho sus aquelarres, el empresariado maneja el criterio de la ‘competitividad’ con un mandamiento supremo que es echar gente. Por eso en los periódicos no se lee nada que no sean despidos o reestructuraciones aunque la empresa ande bien y dé utilidades. El miedo a la competencia externa estimula la avidez de los industriales y ellos aplican su filosofía de «a mayores despidos mayor eficiencia y mayores ganancias», sin importar el impacto social.
Pero mírese el otro lado de la moneda. El egoísmo de colombianos nos lleva a preferir que nos despidan a que nos bajen el sueldo ante las dificultades de una empresa. Es increíble que un país pobre como éste presente desigualdades en todos los niveles y una ausencia de políticas que aseguren una mayor armonía social. En empresas públicas y privadas los sindicatos han logrado una serie de conquistas que ponen y han puesto en dificultades a muchas organizaciones y que terminan por sustraer muchos puestos de trabajo por lo oneroso que resulta cada uno. El sueldo mínimo en Bavaria es de 750 mil pesos mensuales (y están en huelga pidiendo aumento), en Noel es de $734 mil, en las Empresas Públicas de Medellín, $705 mil. Una aseadora en la Gobernación de Antioquia recibe $600 mil sin ninguna preparación académica, barriendo, trapeando y sirviendo tintos, suma que muchos profesionales no obtienen después de diez semestres de instrucción y una inversión considerable sobre todo si provienen de universidades privadas.
Ahora, no es justo sugerir que las personas con escasa preparación no tienen derecho a lograr un mejor nivel de vida y no es la idea, mucho menos cuando el modelo se repite en el otro extremo. Los salarios de los altos ejecutivos de las grandes empresas son exorbitantes para un país en crisis. Sueldos que están entre 50 y 200 salarios mínimos, o sea entre 15 y 60 millones mensuales. Allí también se ubican nuestros ‘padres de la patria’ y otros altos funcionarios públicos que nos cuestan oro.
Una solución inmediata para el desempleo sería la de hacer un pacto social bajando los sueldos altos. Tres sueldos de $600 mil suman 1 millón 800 mil que divididos por cuatro dan $450 mil, lo que sigue siendo un buen sueldo por barrer, trapear y servir tintos. El otro extremo también debe poner de su parte. Si bien esas personas pagan altísimos impuestos el costo social de sus honorarios es tema espinoso porque expanden la brecha entre pobres y ricos y generan la violencia que hoy padecemos. Si bien el señalar la necesidad de establecer salario máximo puede ser considerado como un intervencionismo anacrónico, hoy es necesario en Colombia que mediante un decreto de emergencia económica, el Gobierno señale un tope salarial para el sector público y otro, un poco más amplio, para el sector privado. Eso con el fin de usar el excedente para crear puestos de trabajo aunque no sean productivos: limpieza de parques, reforestación, bomberos municipales, etc.
Otra alternativa es exigirle a las empresas inversionistas de capital, que generan grandes utilidades especulando en el mercado financiero, una cuota proporcional al patrimonio para una bolsa de empleo de choque. Así se podría crear un ejército de trabajadores que abra caminos veredales, mantenga vías, construya escuelas, etc. Por ahora los esfuerzos deben encaminarse a que los colombianos coman y puedan mandar sus hijos a la escuela y no a esperar que el sector productivo se recupere como guiado por una mano invisible pues ello no sucederá mientras nuestro sector productivo carezca de mercados; tanto el interno como el externo pertenecen a las multinacionales y a productores subsidiados en sus países de origen.
Si el presidente Pastrana es incapaz de enfrentar a las autoridades del Fondo Monetario y el Banco Mundial para ponerle coto a la apertura o para refinanciar el servicio de la deuda, donde muere el 40% del presupuesto nacional, la única alternativa es apelar a la pirinola de Mockus y hacer caso del ‘TODOS PONEN’. Lamentablemente, las demás alternativas son paños de agua tibia que van a prolongar la agonía de un país que no es Nación porque ya no nos importa ni el hambre del vecino. ·
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INCREÍBLE. En la página comandantechavez.com se anuncia que llegó la hora de invadir a Colombia. Esas son las intenciones del movimiento bolivariano de Chávez, tan cercano a las Farc.
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