Cuando la sal se corrompe

El Concejo de Bogotá tiene 42 miembros y cuesta 50 mil millones al año, un dinero que se va por las alcantarillas como el de los demás concejos municipales de todo el país y las asambleas departamentales. El Referendo que trató de promover el entonces presidente Andrés Pastrana, que fue torpedeado por Horacio Serpa y que contenía útiles reformas para el país, incluía el tema de eliminar las asambleas y reducir los concejos, quitándoles además el salario. El tema es vedado, nadie admite hablar de eso y hasta parece más prohibido que las reformas del Congreso pero lo que pasó ayer debe servir para revivir la polémica y que se le ponga remedio al asunto. Tres concejales de la capital, Judy Consuelo Pinzón, William Cubides y Lilia Camelo, fueron detenidos, in fraganti, dinero en mano, acusados de exigir sumas millonarias a cambio de votar negativamente el aumento de multas a los vendedores ambulantes.

No nos llamemos a engaño, no nos rasguemos las vestiduras hipócritamente, sabemos a ciencia cierta que esa es la forma típica de hacer política en Colombia; cada uno de nosotros ha escuchado anécdotas o ha vivido de cerca esta repugnante realidad, desde las ‘mordidas’ de los agentes de tránsito para perdonarnos una multa que nos merecemos, pasando por el carrusel de las hojas de vida de los recomendados políticos, hasta los conocidos ‘miti-mitis’, los CVY (cómo voy yo) o el 10% de comisión que ya es prácticamente aceptado como algo normal. Es obvio que si los políticos se corrompen es porque en el sector privado hay mucha gente dispuesta a sobornar o a prestarse para las mordidas y los serruchos. Es imposible eliminar completamente y de un tajo la corrupción en la cosa pública pero sí se pueden y se deben hacer esfuerzos para llevarla a sus justas proporciones, como diría el ex presidente Turbay.

Cabe ahora preguntarse ¿para qué sirven los concejos y las asambleas? ¿Para qué sirve, en general, la rama legislativa en Colombia? Si hay algo que legitima las democracias es, precisamente, la rama legislativa, las corporaciones públicas a las que llega cierto número de ciudadanos en representación directa de los demás. Sin embargo, los colombianos somos enanos políticos; el abstencionismo es escandaloso y entre los votantes habituales las motivaciones para sufragar son vergonzosas: les han prometido un puesto, una beca, un cupo en una universidad, la pavimentación de una calle, un bulto de cemento, unas tejas de cinc… Todo esto origina que los elegidos, con honrosas excepciones, no sean más que un montón de cacos muy serios, muy bien puestos, muy doctores, pero cacos al fin y al cabo. En la política colombiana, más que en cualquier otro sector de la vida nacional, predominan los antivalores de la viveza y el oportunismo, tan de boga hoy.

Es una falacia creer que somos una democracia porque aún tenemos unas instituciones civiles en lo local, regional y nacional, que señalan el rumbo social pero no hacia donde las mayorías quieren y necesitan sino hacia donde les conviene a ellos y a quienes están detrás. La única tarea de los concejales consiste en ejercer control y contrapeso político si el alcalde de turno es de otra vertiente o fortalecer el poder de éste si se trata de un copartidario. De cualquier forma ese poder deriva en el manejo de clientelas y contratos. No hace más que unos días el mismo presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos Botero, demostró su manzanillismo al defender las inútiles personerías y evitar su desaparición vía Referendo porque él controla varias de las más importantes personerías del país.

Ahora, sin duda, los implicados en este nuevo escándalo vendrán a decir que fue un montaje, que nada tienen que ver con el asunto y no faltará el juez que los deje libres. La rectitud del Concejo de Bogotá debe ser duramente cuestionada: ¿por qué se quiere prohibir las ventas ambulantes en un momento en que medio país vive del rebusque? ¿Hay un real interés por velar por un mejor uso del espacio público o un oscuro afán de beneficiar al comercio formal? Si habían 400 millones para frenar ese artículo ello significa que le iban a untar la mano a por lo menos veinte concejales, asegurando una mayoría en contra. ¿Para qué unas entidades que se corrompen para legislar y legislan para corromperlo todo?