La violencia de los barrios populares de Medellín ha sido un asunto preocupante desde mediados de los años ochenta. En esa época, el detonante era el poder corruptor de las mafias del narcotráfico. A Pablo Escobar se le atribuye una buena dosis de responsabilidad en la descomposición social de esas comunidades y en la deformación de sus valores en pos de un enriquecimiento acelerado y a veces ilusorio. Los jóvenes conformaron bandas de delincuentes que en sus ratos de ocio fueron el azote de sus propias comunidades ante la absoluta indiferencia del Estado. Ahí surgieron las milicias populares, una especie de grupos de autodefensa —valga la ironía— con el propósito aparente de impedir que las barriadas fenecieran bajo el dominio de sicarios viciosos y violentos.

Con esa tarjeta de presentación alcanzaron una gran aceptación popular pero después mostraron su verdadera cara como grupos de avanzada de las guerrillas. Una vez dominados los territorios se dedicaron a delinquir; a secuestrar, a extorsionar, a ejecutar acciones propagandísticas. Desmantelado el Cartel de Medellín miles de jóvenes con mentalidad de guerreros, y sin más alternativas, se quedaron a merced de las circunstancias. La mayoría se dedicaron a la delincuencia común y algunos se organizaron en tenebrosas bandas desmanteladas en los últimos tiempos como La Terraza y la Banda de Frank, hasta que aparecieron los nuevos señores de la guerra: las Farc y las Auc, que arroparon buena parte de estos grupos.

Hasta hace poco estas bandas tenían un armamento muy limitado, casi siempre de corto alcance (pistolas, revólveres) o muy primitivo (escopetas, changones de fabricación casera). Lo más que tenían era subametralladoras y uno que otro fusil. Por eso no dejó de causar sorpresa la problemática de los últimos tres años en la comuna 13, un sector deprimido del centro-occidente de Medellín que colinda con barrios de clase media como Santa Mónica, La América y La Floresta. Esa comuna se volvió particularmente violenta, con presencia de las Farc, el Eln, las Auc y los Cap (Comandos Armados del Pueblo), organización cercana a las Farc.

Al igual que en otros sectores, los transportadores y los comerciantes fueron vacunados. Sus barrios se volvieron territorio vedado para las autoridades y muchas familias fueron expulsadas para convertir sus casas en trincheras. Los grupos en contienda, siendo irreconciliables, coincidían en su maltrato a la comunidad. En la última Navidad prohibieron las luces y los adornos navideños, las fiestas, la novena y el pesebre, la natilla. Hace tiempo le prohibieron a las jóvenes los descaderados, las ombligueras, las minifaldas. El castigo para tan moralizante norma era salvaje: paseo desnuda por todo el barrio y violación masiva, de ello hay testimonios y denuncias.

Lo de la comuna 13 es el primer paso de la advertencia que hiciera el Mono Jojoy de llevar la guerra a las ciudades. El Estado, indiferente y pasivo como siempre, sólo le puso atención cuando el sonido de los fusiles se hizo inconfundible. El alcance de sus balas comenzó a hacer estragos; los muros de ladrillo dejaron de ser protección suficiente y los combates de la comuna 13 empezaron a sentirse en todo el occidente de la ciudad. Urbanizaciones de estratos 3 y 4 dejaron de ser pequeños paraísos y se desvalorizaron. Policía que asomaba su cabeza en los linderos de la comuna 13 recibía la advertencia desde arriba. Incluso el alcalde Luis Pérez sufrió el susto de su vida, este año, cuando en compañía de otros funcionarios, a bordo de un bus oficial, quedaron en medio de una balacera cuando pretendían inaugurar una escuela.

Hace unas semanas, un estudiante de la renombrada Facultad de Minas de la Universidad Nacional, a más de cinco kilómetros de la zona de conflicto, cayó muerto en la cafetería víctima de una bala de fusil que, como saben los expertos, en vuelo parabólico alcanzan distancias insospechadas. El domingo 13 de octubre el turno fue para dos universitarios que estudiaban en sus apartamentos, en el barrio Santa Mónica. Como si fuera poco, la 13 se volvió escondite de secuestrados y delincuentes de toda laya. La vida en comunidad se acabó; no podían las señoras ir a misa tranquilas, no podían los menores ir a estudiar, no se podía jugar pelota en las calles.

Ya este año las fuerzas militares y de policía habían desarrollado un operativo para liberar el sector de la presencia de grupos violentos. Se produjeron alrededor de diez muertos civiles y una presión tal sobre la comunidad, por parte de los delincuentes, que salieron a pedirle a la Fuerza Pública que se fuera. Las ONG que apoyan a las guerrillas se dieron un banquete criticando los «excesos» ocurridos allí pero jamás se les ha oído una critica por los 320 homicidios que en esa comuna han cometido la bandas de asesinos este año (hasta el 30 de agosto). Sin embargo, la comunidad siguió clamando seguridad, al igual que en todos los barrios marginados.

Hace poco la comunidad denunció la llegada de guerrilleros del Caguán (El Colombiano, 13 de octubre de 2002), de manera que la orden presidencial para tomarse ese sector y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos fue oportuna, la situación era insostenible. No obstante, no puede haber ligerezas, debe darse continuidad a estos planes en las principales ciudades del país. La guerrilla y demás grupos de la 13 no fueron derrotados, cualquier otro barrio les puede servir en su objetivo de urbanizar el conflicto. Lo positivo es que la tesis de ejercer autoridad ganó reconocimiento ciudadano; que el Estado ejerza su poder para garantizar un buen clima de convivencia porque no se puede seguir creyendo en ese cuento chino de que la pobreza justifica cualquier violencia.

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Posted by Saúl Hernández

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