Actuando contra viento y marea, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha asegurado enfáticamente que su política de seguridad democrática no tiene reversa. Ante la negativa expresada por la ONU a la iniciativa de «cascos azules a la colombiana» —que ni siquiera mereció el estudio de ese organismo—, Uribe se plantó muy claro y dijo que no admitía más críticas sin propuestas. Se ha vuelto repetitivo, hace tiempo, que a cada intento de defender a la sociedad colombiana surgen inconvenientes casi siempre en las voces de quienes, de una u otra forma y por diversas razones, están interesados en el mantenimiento del conflicto armado colombiano o su solución a favor de los terroristas de izquierda.
Es la vieja teoría comunista de combinar todas las formas de lucha; entre las cuales, el proselitismo es una de las armas favoritas. Campañas de desinformación que hacen honor a aquello de que una mentira repetida mil veces, de manera conveniente, se convierte en una verdad. Así es como se vuelven útiles las falsas denuncias que el ex guerrillero Gustavo Petro hizo en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, aprovechando la transmisión en directo por televisión. Allí leyó una extensa lista de estudiantes universitarios supuestamente capturados por el Ejército en varias ciudades del país, en el marco de las medidas de Conmoción Interior. No hay detenidos, no hay pruebas, no hay denuncias, nadie los conoce…, ficciones de Petro.
Días más tarde, la senadora Piedad Córdoba —cuya elección sigue en entredicho— denunció supuestos atropellos del Ejército en Medellín sin dar nombres ni aportar pruebas. Todo esto no es más que un montaje, una campaña de desprestigio para que, ante el primer desafuero real —el cual es de esperarse ante una situación tan compleja—, se arme un escándalo tan grande y de tanto impacto entre la opinión pública que se obligue al Gobierno a abandonar unas tácticas que son efectivas para combatir a la subversión. La misma senadora lo dijo en entrevista para televisión: «las medidas de Conmoción van a terminar como las Convivir», refiriéndose a supuestas violaciones de derechos humanos que enterraron el derecho de autodefensa que todos tenemos. A punta de mentiras las Convivir fueron satanizadas y ahora se quiere repetir la dosis con las medidas de excepción del gobierno de Uribe.
En este juego de desinformación cumplen un papel primordial una gran parte de las llamadas ONG’s. Algunas son de franco origen subversivo, otras son conformadas por ciudadanos extranjeros que como dice el jurista Jesús Vallejo Mejía (El Colombiano, octubre 13 de 2002), simpatizan «por los delirios extremistas, los cuales consideran inadmisibles en sus países de origen pero, en cambio, aceptables en los del mundo subsdesarrollado». Y no se trata sólo de una falta de objetividad para ver la realidad colombiana sino de una participación solapada en nuestros problemas. Con el rótulo de ‘cooperantes’ vienen extranjeros a promover paros y hacer revueltas que generen descontento contra el Estado, como sucedió en las recientes marchas campesinas donde el DAS capturó a varios extranjeros haciendo tareas que no eran propiamente de acompañamiento. Uno de ellos, David Enjuto, capturado en el Tolima y deportado a España, es reconocido en ese país como miembro del grupo de extrema izquierda Garibaldi, y hace varios meses participó en el sabotaje de que fue objeto la campaña contra el secuestro en Colombia, organizada por la ONG holandesa Pax Christi (Revista Semana, 6-12 octubre de 2002).
Lamentablemente, los medios de comunicación se han ido convirtiendo en otra rueda suelta de este fenómeno. Por un lado están los comentaristas o columnistas de opinión, que casi siempre son portavoces de los gamonales de la política. La falta de patriotismo los convierte en detractores del Gobierno de turno —siempre que no sea el propio— y de sus políticas, sobre todo si éstas son útiles. De otro lado están los periodistas y los directores de medios que impulsados más por el rating y la chiva que por la objetividad, la verdad y el servicio, le abren micrófonos a cuanto bandido quiera hablar y a sus defensores como sucedió recientemente con los abogados de los irlandeses del IRA y una rueda de prensa ampliamente difundida por los medios, donde los terroristas europeos quedaron como boy scouts ante la opinión pública. Eso sería entendible en el semanario comunista Voz pero en los noticieros de Ardila Lulle y Julio Mario Santodomingo es francamente desconcertante.
Y como si fuera poco, hordas de buenos colombianos se resisten a toda medida de orden público por llana ingenuidad, porque no entienden la naturaleza del conflicto colombiano y porque creen en soluciones rápidas, utópicas, idealistas. Aún confían en la posibilidad del abrazo común entre hermanos, hijos de una misma tierra. Estos buenos colombianos todavía creen que la justificación del conflicto y la violencia está en la injusticia social, en la inequidad, en la falta de oportunidades, como si todas las sociedades pobres vivieran la misma violencia. Hay que entender que tenemos grupos de violentos cuyo único fin es el poder sólo para redimirse a sí mismos sin importar qué cueste, lo demás es carreta de los enemigos ocultos que tratan de enredar nuestras mentes con cantos de sirena.
Para reflexionar
La deuda del gobierno central —lo dice el contralor Hernández Gamarra— pasó entre 1990 y el 2001, de 4 a 87 billones de pesos. Y entre 1998 y el 2002 la deuda se multiplicó por cuatro al pasar de 22 billones a 87 billones. (…)Si los resultados de bienestar y progreso en la comunidad se hubieran visto favorecidos, se justificaría tamaño esfuerzo en adquirir deuda. Pero con el aumento de esas acreencias, paralelamente la deuda social ha aumentado. Desocupados, pobres y desplazados componen un triángulo estremecedor que abunda por todas las ciudades y pueblos de Colombia. Con esta deuda el país está prácticamente hipotecado. (El Colombiano, Editorial, 14 de octubre de 2002).
