Funcionarios del Gobierno de Washington han llamado recientemente la atención con respecto a la ausencia de políticas claras contra el terrorismo en Colombia. El domingo 7 de abril, un carrobomba de las Farc estalló en la zona rosa de Villavicencio dejando un saldo de 12 muertos; el martes, la oleada terrorista se presentó en Bogotá, en cercanías del Palacio de Nariño y varios ministerios; el jueves, un secuestro impensable en Cali: guerrilleros de las Farc, disfrazados de soldados del Ejército, se llevaron a 12 diputados de la Asamblea del Valle; y ayer domingo, un carrobomba estalló en Barranquilla al paso de la caravana de Álvaro Uribe Vélez, tema que merece mención aparte.
Todo eso es, apenas, la punta del iceberg. En Arauca, la Fuerza Aérea destruyó una avioneta cargada con cilindros bomba que iban a ser lanzados, probablemente, sobre la Brigada 18; por lo menos cuatro helicópteros han sido hurtados por las Farc en los últimos días, seguramente con propósitos terroristas; y en Medellín y Cali han sido robados varios camiones de las empresas de servicios públicos, todo con el fin de desarrollar acciones subversivas en las ciudades.
Como si los hechos no fueran lo suficientemente graves, la Corte Constitucional tumbó la Ley de Seguridad Nacional por lo que ellos —los magistrados— llaman vicios de forma y fondo. La Corte no sólo desconoce que la ley es letra muerta cuando no prima el espíritu de la Constitución sino los punto y comas de los parágrafos y los preceptos expresos de una carta que fue hecha para tiempos de paz y normalidad económica y no para alcanzar esos ideales.
Ello conduce necesariamente a preguntarse de qué lado están los magistrados, a menudo tan proclives a la anarquía y la subversión, ¿del lado de delincuentes y terroristas o del lado de la sociedad civil? Casos lamentables se han visto recientemente como el del ex magistrado de esa corte, Vladimiro Naranjo, quien redactó un tenebroso articulado de lo que se llamó ‘Propuesta de la Comisión de Notables’ y que condujo a los acuerdos de San Francisco de la Sombra, donde se proponía una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por 50 guerrilleros y 50 civiles.
Tampoco han sido muy patrióticas algunas actuaciones del ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, uno de los aspirantes al Parlamento que recibió mayor votación. Es una figura clave en las fuerzas de una izquierda democrática sólo en apariencia porque no pueden tildarse de demócratas quienes de pensamiento, obra y palabra cohonestan con los violentos y terminan, por lo menos, sirviéndoles de idiotas útiles.
Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno y las instituciones han sido obstaculizados por actores internos y externos en su afán por desarrollar políticas de orden público más acordes con nuestra realidad, la verdad es que hay otros mecanismos —como el de declarar la conmoción interior— que no han sido puestos en ejecución de forma irresponsable e insensata. Los hechos demuestran que este y otros gobiernos han sido mezquinos ante el imperativo de mejorar las condiciones de seguridad y evitar el desbordamiento de los hechos de violencia.
La política carcelaria ha sido muy lenta para construir nuevas cárceles, eliminar el hacinamiento y unificar un estricto régimen disciplinario; en materia de seguridad ciudadana se ha diferido injustificadamente el aumento en efectivos de la Policía y el Ejército. Tenemos tasas más bajas que las de cualquier país latinoamericano a pesar de nuestras pésimas condiciones de orden público, y la dotación y equipamiento de estas fuerzas es insuficiente. En materia legal también vivimos una situación anacrónica y desesperanzadora: la inimputablilidad de los menores de 18 años; la despenalización por ley de delitos tan graves como el robo de carros, que genera una gran inseguridad en las ciudades; la escasez de investigadores y recursos; la laxitud de las penas impartidas y la irresponsabilidad de un gran número de jueces que han hecho de Colombia el único país del mundo donde los graves indicios no condenan en ausencia de la ‘prueba reina’.
En Colombia todo ha hecho causa común a favor del delito y el campo está abonado para una etapa de terror que deje en pañales los cruentos tiempos de Pablo Escobar.
El atentado a Uribe
El atentado terrorista del que fue blanco el doctor Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla es un hecho anunciado cuyo origen no es tan evidente como muchas personas suponen. Si bien las guerrillas de las Farc y el Eln lo tienen como un objetivo militar no puede descartarse completamente la hipótesis de una conspiración de origen político, lo que se deduce de la forma como se ha venido desarrollando la actual campaña electoral.
Es muy temeraria la acusación que Plinio Apuleyo Mendoza lanzó en contra del doctor Horacio Serpa Uribe como instigador de atentados en contra del doctor Uribe Vélez, y de su asesinato si llegara a ocurrir. El ex gobernador de Antioquia ha hecho méritos suficientes para que la mayoría de los colombianos de bien lo apreciemos mientras los terroristas lo aborrecen, y las necedades del doctor Serpa apenas alcanzan para la confusión de los incautos, aunque en el exterior mancilla la honorabilidad de las mayorías que llevarán al doctor Álvaro al poder.
Sin embargo, la denuncia presentada por Horacio Serpa ante la Fiscalía General de la Nación, argumentada en 23 páginas insulsas donde se repite hasta el cansancio el estribillo de «hechos notorios y públicos», demuestra las malas intenciones del candidato liberal al no poder sustentar sus acusaciones con pruebas reales; tan sólo se trata de citas de prensa de sus propias declaraciones y algunos testimonios que carecen de valor probatorio de un periodista de Barrancabermeja y una líder liberal de la costa cuyo nombre se omite. También hay opiniones del semanario comunista Voz y de la guerrillera sin fusil Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó. Las voces de Salvatore Mancusso y Carlos Castaño tampoco representan testimonios valederos, aún cuando se cita un párrafo de Castaño en el que advierte que Uribe presidente sería útil para el pueblo pero no para la organización paramilitar. Menos importancia tiene la referencia de la famosa entrevista de Neewsweek, la cual, se sabe, fue comprada por la campaña de Serpa a través de los ‘buenos’ oficios de Augusto López Valencia.
Pero, volviendo a lo del atentado, es obvio que no están dadas las condiciones para desarrollar la campaña presidencial en Colombia. El país está peligrosamente polarizado y el asesinato de Álvaro Uribe Vélez podría provocar dolorosas consecuencias para todos los sectores. Es de responsabilidad del candidato evitar todos los riesgos. La historia de Colombia nos enseña que muchos magnicidios se pudieron prevenir y que de los mártires nada queda. A pesar de todo, la calma de Uribe ante el estruendo provoca admiración hacia quien teme a la muerte sin perder la fe, la convicción y la lucidez.
