A las Ong ‘defensoras’ de los Derechos Humanos les queda muy difícil ocultar la realidad por mucho que simulen indignarse con los señalamientos del Presidente.

Si se hace el ejercicio de leer las ediciones de la revista ‘Cien Días’ del Cinep, publicadas a finales de los ochenta o los informes anuales de la Comisión Andina de Juristas —de la misma época—, se puede encontrar un factor común: denuncias por doquier de violaciones de los Derechos Humanos. Hasta ahí todo parece ‘normal’, sólo que, con contadas excepciones, todas las violaciones se le imputan a los paramilitares y, de paso, se culpa al Estado casi siempre con argumentos novelescos; que los ‘paracos’ que cometieron la masacre aquí o allá, pasaron por todo el frente del batallón x o y en un camioncito, o que la masacre fue a ocho kilómetros de una guarnición militar, o que el Ejército solía tener un retén en la carretera y el día de la masacre no lo hubo. Con tales argumentos se concluye tajantemente que hubo complicidad del Ejército.

Ahora, si se leen con detenimiento esos textos no es difícil advertir una gran preocupación por el exterminio sistemático de líderes de la Unión Patriótica y la situación de Urabá y el Magdalena Medio en esos años, donde la guerrilla estaba siendo desplazada por las Autodefensas con sus mismos métodos de terror. Pero, ¿dónde estas publicaciones incluían las violaciones de los Derechos Humanos que hacían las guerrillas? ¿En qué lugar repudiaban el asesinato de líderes liberales y conservadores a manos de las guerrillas? ¿Por qué el secuestro nunca ha sido repudiado con la misma magnitud y despliegue con que se condenaban las masacres de los ‘paras’? ¿Por qué tampoco se condenaba el exterminio que las Farc practicó con los reinsertados del Epl en Urabá ni las purgas internas?

Pero hay más: ¿Quién recuerda las condenas de estos ‘defensores’ de los Derechos Humanos por las masacres de soldados en Puerres, Patascoy, Las Delicias y El Billar, ya en los noventas? ¿Quién recuerda alguna condena, algún llamado de atención por los atropellos que las Farc cometió en la zona del Caguán durante el despeje concedido por el gobierno de Pastrana, aparte de un señalamiento muy tímido de Human Rights Watch? ¿Quién recuerda alguna denuncia vertical en contra de las Farc por la masacre de Bojayá en la que la mayoría de ‘defensores’ terminaron fue culpando al Estado colombiano y a sus Fuerzas Militares dizque por su incapacidad para defender a la población? ¿Por qué los ‘defensores’ de los Derechos Humanos de Medellín no dijeron nada cuando la Comuna 13 estaba en poder de la guerrilla de las Farc y sus habitantes pedían auxilio a gritos porque tenían allí un paraestado totalitario que les imponía la moda, les prohibía las costumbres navideñas, echaban de los barrios a familias enteras y se apoderaban de sus propiedades, y asesinaban al que les venía en gana?

Se necesitaron casi veinte años para que un presidente se dejara de eufemismos y de hipocresía y dijera muy clarito a qué es que se dedican las Ong dizque de ‘derechos humanos’. Hace años que estas denuncias contra estos supuestos ‘defensores’ del derecho de las gentes se han venido haciendo mientras los presidentes —tal vez sin derecho moral para sacudirse— han aprovechado el Día de los Derechos Humanos para ensalzar unas organizaciones que merecen el repudio de los colombianos, cuando menos, por falta de imparcialidad y rectitud. Hasta las más reconocidas organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, le han quedado mal al pueblo colombiano al preferir la defensa de los terroristas. El Comisionado de la Onu para los Derechos Humanos ha sido una figura terrible para el país desde que enviaron una delegada española de nombre Almudena Mazarraza. Desde entonces, todos han sido defensores a ultranza de la guerrilla como el sueco Anders Kompass y el actual comisionado Michael Frühling, quien duda que el acto terrorista de Chita (Boyacá), ocurrido la semana anterior, sea obra de las Farc. Y recuérdese la diligencia de la Cruz Roja Internacional para sacar en helicópteros hacia Venezuela y Cuba a guerrilleros heridos o para pagar cirugías al líder del Eln Felipe Torres, preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Bien les ha dicho el presidente Uribe que se quiten la careta, que actúen de frente como corresponde. Estas organizaciones están plagadas de comunistas que apoyan la idea de la revolución a sabiendas de que democráticamente jamás alcanzarán el poder, que no es suficiente con los chistecitos flojos de Lucho Garzón. No se puede seguir tolerando la farsa de unas organizaciones que son escuchadas en el extranjero bajo el supuesto de que se rigen con altos índices de objetividad e imparcialidad; que no tienen quién las ronde cuando, desde hace años, han sido desenmascaradas bien como organizaciones de apoyo de la guerrilla —por aquello de practicar «todas las formas de lucha»—, como organizaciones políticas de la izquierda y como meros negocios de garaje montados por avivatos que aprovechan la compleja situación de la violencia colombiana para tramitar recursos en el exterior a cambio de transcribir boletines de prensa y sacar conclusiones superficiales.

Este país es una democracia, tal vez una muy imperfecta pero democracia al fin y al cabo. Por eso, las Organizaciones No Gubernamentales que tienen alguna orientación política —como las que dicen defender los Derechos Humanos— no pueden venir a remplazar olímpicamente a estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, las Altas Cortes, el Congreso de la República, los Partidos Políticos, etc. Nadie los ha nombrado y nadie los reconoce como voceros de nada.

Las Ong que publicaron el libro ‘El embrujo autoritario’, tratan de desconocer la decisión mayoritaria del pueblo colombiano que eligió a Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República por sus tesis de autoridad, su propuesta de Seguridad Democrática y su promesa de luchar incansablemente contra el terrorismo. La otra cara de la moneda es el llamado Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por el Pnud (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, que bajo el título ‘El conflicto, callejón con salidas’, presenta un texto propositivo que conviene analizar detenidamente, siendo un esfuerzo teórico realizado con buen juicio y sin intereses oscuros. Los autores de informes como este son bienvenidos, los defensores de los derechos humanos de la guerrilla, en cambio, bien pueden irse con su música a otra parte.

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Posted by Saúl Hernández

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