El tema de las Empresas Públicas de Medellín es de interés nacional. La polémica que se ha suscitado por la insistencia del alcalde de Medellín de no incrementar las tarifas de servicios públicos tiene mucho de largo como de ancho. No se trata de defender a Luis Pérez; por el contrario, es el peor alcalde de los elegidos popularmente en esa ciudad aunque las encuestas digan otra cosa. Su programa de gobierno ha estado lejos de verse cumplido; de hecho, sus promesas de campaña eran casi irrealizables y utópicas, de un corte exageradamente demagógico y populista. Las más sonadas fueron los 200 mil computadores, los 50 mil puestos de trabajo a través de los llamados call center, la promesa de eliminar la mendicidad, la educación gratuita y obligatoria para los menores de edad, el reversazo a una obra inconsulta de la administración anterior y otras cosas de menor calibre que está lejos de cumplir.

Pero, además, lo que funcionaba bien ya es historia: las basuras abundan en las calles, no hay mantenimiento de prados y parques, hay huecos en los pavimentos que antes eran orgullo de propios y envidia de extraños, los viciosos dominan las aceras, los bomberos están en su peor crisis y las famosas EPM empiezan a tambalearse: es el primer político  que se mete en lo que habían respetado desde Guerra Serna hasta los Valencia Cossio, como bien lo señala Héctor Abad en la revista Semana. Las pruebas son irrefutables: la caída vertiginosa de las ganancias de la Empresa y la creación del Sindicato de Profesionales de EPM, hecho jamás visto en Colombia, porque el alcalde Pérez se dedicó a pedirle el puesto a todo el mundo para meter sus fichas en la empresa.

Precisamente, es a través de EPM que Luis Pérez ha conseguido los recursos para cumplir —a medias— algunas de sus promesas. La empresa montó un contact center para 5 mil puestos de trabajo con una inversión que sólo puede recuperarse en la medida en que éste obtenga ingresos operacionales reales suficientes. Igualmente, las EPM compraron los 200 mil computadores que Pérez ofreció, y que son comercializados en condiciones ventajosas frente al comercio tradicional. En tres meses se han vendido 60 mil pero algunos críticos dicen que la cifra es baja y que no se venderán todos en Medellín. Se plantea venderlos también en otras ciudades donde EPM tiene inversiones como Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia. Igualmente, ha recibido millonarias transferencias para construir parques, una biblioteca y miradores en las montañas, y han aumentado irregularmente los aportes a la Fundación EPM —de 2 mil a 70 mil millones— para atender otros programas sociales de la Alcaldía.

No obstante, al margen de que se trate sólo de una política populista y electorera, tiene razón Pérez al impedir un incremento exagerado en las tarifas de energía, equivalente a cuatro veces la inflación del año anterior, lo cual es un adefesio en un país que está llevando al extremo una lucha contra la inflación en detrimento, incluso, del crecimiento económico y de los programas contra el desempleo. El aumento ordenado por la CREG (Comisión para la Regulación de Energía y Gas) no obedece, como se cree, a razones técnicas sino a presiones del FMI —principal prestamista para obras de expansión del sector energético— e inversionistas privados extranjeros que poseen empresas del sector, incluyendo el gas que también subió exageradamente este año la CREG.

Es por esto que, en medio de la polémica, no han faltado quienes, faltos de lógica y moral, aducen que EPM no puede rebajar tarifas pero sí otorgar ‘descuentos comerciales’, algo así como decir: «Usted debe 100 pesos pero hemos decidido cobrarle tan sólo 80». Y alguien dirá, ¿para qué tanta vuelta si viene siendo lo mismo? Pues para que nadie en el país se pregunte por qué EPM cobra menos y da más utilidades; para que las empresas corruptas e ineficientes, y las que han sido privatizadas, no se sometan a la humillación de que una empresa estatal eficiente les marque el derrotero y les impida obtener grandes ganancias a costa de los colombianos.

Lástima que Pérez sea tan mal alcalde y haya manejado a las EPM tan mal que ni siquiera el sindicato —muy privilegiado, por cierto— lo apoye en beneficio de las clases menos favorecidas, con el argumento de que el hueco fiscal que se crearía a diez años sería enorme. Primero, no se puede hablar de hueco cuando se está hablando de excedentes, es decir, de las jugosas ganancias anuales de EPM que nadie tiene muy claro adónde van a parar. Segundo, actualizar tarifas cuando sea necesario equivaldría a retirar ‘descuentos comerciales’ o a retirar los subsidios como se ha estado haciendo, y eso se acepta aunque golpee el bolsillo. Y tercero, no puede ser que una ciudad tan pobre tenga una empresa rica que en nada ayuda a paliar el hambre y la miseria.

El caso de Medellín, sui generis en Colombia, exige que se discuta si el gerente de EPM debe elegirse por votación popular, ya que es más importante que el alcalde; si se debe democratizar la empresa de manera similar a ISA e ISAGEN; que se le devuelva el carácter técnico y se elimine toda injerencia política y hasta discutirse si no es nocivo tener una empresa tan poderosa que se ha salido de las fronteras de Antioquia y cuyos riesgos financieros son tan altos que un revés podría ser verdaderamente catastrófico. El tema de las EPM es apenas la punta del iceberg en lo que se refiere a los problemas en la prestación de servicios públicos en Colombia. ·

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Posted by Saúl Hernández

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