La monarquía de los villanos

El inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado solía decir acertadamente que el problema de Colombia era el ‘régimen’, como él llamaba el ordenamiento oficial y extraoficial de la política colombiana. Eso no es otra cosa que la maraña que entorpece la gestión pública para mantener secuestrados los recursos del Estado y que, en nombre del manoseado concepto de ‘democracia’, le abre paso a unos juegos políticos (acuerdos, alianzas, pactos, convenios, etc.) que terminan repartiendo esos recursos sin beneficiar a la ciudadanía.

Un buen ejemplo de ello es el sonado caso de corrupción del alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, cuyos capítulos más escandalosos aún están por conocerse. El periódico El Mundo, que respalda la gestión de Pérez, reconoce que el alcalde repartió los cargos burocráticos de su administración entre los dos principales caciques electorales de la ciudad, los pulcros senadores Luis Alfredo Ramos y doña Piedad Córdoba, cosa que, de entrada, garantiza la corrupción y podredumbre de cualquier administración.

De hecho, ya hay varios funcionarios (o funcionarias) de la administración de Pérez Gutiérrez con acusaciones y pruebas suficientes para ir a la cárcel, pero todos se preguntan ¿dónde ha estado la Contraloría Municipal durante todo este tiempo? ¿Esas contralorías que el presidente Uribe propuso eliminar con el referendo por ser costosas e inútiles y que los detractores de este defendieron a capa y espada? Pues bien, la antiséptica Contraloría de Medellín es un fortín clientelista de Luis Alfredo Ramos y el contralor es, simplemente, un trabajador suyo. Es decir, el ‘régimen’ pone al gato a cuidar el queso.

Las pruebas están a la vista. Casi todas las empresas del Municipio de Medellín han realizado gastos que no competen a su función como las ciclorutas construidas a costos excesivos con dineros de la empresa que recolecta las basuras (Empresas Varias). Ese es apenas un ejemplo. Asimismo, hay funcionarios que han sido descubiertos derrochando recursos como en el caso de la ex gerente de las Empresas Públicas de Medellín (Epm) y el contralor no ha dicho mayor cosa. Tampoco el personero. Pero lo más grave es que hay pruebas de verdaderos delitos; peculados por apropiación, por uso indebido, etc., y ni así actúan los entes de control.

Lo de la vajilla es una pendejada ante los hechos que comprometen a Isabel Cristina Vargas, la ex gerente de la Empresa de Teléfonos de Pereira (Etp), filial de Epm, quien era una de las funcionarias mimadas de Luis Pérez. La señora Vargas no sólo dilapidó recursos de la manera más indecente posible sino que benefició la campaña al Concejo de Medellín de su esposo, el concejal electo Juan David Arteaga. Esa es una de las características del ‘régimen’, toda la familia se va instalando en cargos claves para medrar o florecer a costa del erario. Que lo digan los Valencia Cossio.

Miremos otro caso: Laura Victoria Zabala es otra de las niñas mimadas de Luis Pérez. Él le inventó el cargo de Gerente Comercial de Epm y le encomendó el fracasado plan de los 200 mil computadores. Esta funcionaria puso todos sus bienes a nombre de parientes para acceder a un préstamo de la entidad de cien millones sin intereses y toda clase de gabelas para adquirir vivienda, cuyo requisito es no tener casa. La trampa fue denunciada por internet hace más de un año con todas las pruebas: números de las escrituras, notarías donde se tramitaron, números de los certificados de tradición, etc. Sin embargo, los entes de control pasan de agache, son puro ornamento del ‘régimen’. Ah, y qué curioso: el hermano de Laura Victoria, Javier Zabala, es cortesano del monarca, secretario de Desarrollo Comunitario de don Luis Pérez.

¿Quieren conocer más coincidencias? El gerente del Instituto de Recreación y Deporte (Inder), Luis Eduardo Cuervo, es nada más y nada menos que el esposo de la derrochadora ex gerente de Epm, Edith Cecilia Urrego. Primero lo pusieron a administrar el estadio cuando su señora era la secretaria de Hacienda municipal. Luego, ella ascendió al primer cargo de la ciudad (las Epm) y él, al Inder. Entonces, para el ‘régimen’ no hay inhabilidades ni incompatibilidades, no hay derechos adquiridos por méritos sino una línea de sucesión al trono, a los cargos de poder, al estilo del medioevo; las más elementales y sanas normas contra el nepotismo se desconocen olímpicamente, se gobierna con, para, y por los amigos como si se tratara de un Estado feudal.

Cree el alcalde Pérez que la opinión pública es tonta y cuando le preguntan acerca de los porcentajes que se apropia de los contratos argumenta que todos los contratos de las obras públicas que ha desarrollado en su gestión han sido otorgados mediante licitación pública, pero no se refiere a otros tipos de contratos como el de suministros, que según el procurador Edgardo Maya Villazón, «es el rey de los actos de corrupción». Además la licitación no es garantía de transparencia porque es fácil entregar información confidencial para privilegiar a cualquiera de los proponentes y los empresarios colombianos han expresado en estudios recientes que en la mayoría de los casos hay que pagar sobornos para obtener un contrato. Los trucos para robar son innumerables.

Cómo estará de mal este ‘régimen’ que los escándalos de Pérez no los destaparon los organismos de control y ni siquiera los medios de comunicación de la ciudad pues estos también comen —literalmente— de la pauta publicitaria que les da la alcaldía. Los destapó el senador Guerra Hoyos, hijo de Bernardo Guerra Serna —«El Socio»—, el gamonal politiquero de los setentas y ochentas. Qué sorpresa saber que su hijo menor, Andrés, es dizque asistente del ministro de Transporte. ¿En qué lo asistirá si El Socio hubo de mover hilos para que lo recibieran en la universidad y su preparación no le alcanza ni para servir un tinto? Este régimen es una monarquía de villanos.

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Al presidente Uribe lo han tildado de ser autoritario. El escritor Héctor Abad anotó que un gobierno autoritario no hubiera aceptado la derrota del referendo ni permitido el triunfo de Lucho Garzón en Bogotá. Para contrastar, la posición del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente al Reafirmazo. Ya anunció Chávez, y su vicepresidente José Vicente Rangel, que la oposición no recolectó las firmas necesarias y si lo hizo se debió a un «megafraude». La sombra de la dictadura se cierne sobre Venezuela.