Los enemigos de Uribe ya no saben ni qué decir contra el Referendo para aguarle la ‘fiesta’ al Presidente.

A un mes del referendo no deja de sorprender el mal ambiente que se está creando en torno a la consulta. Hace tiempo que no se presentaba un evento electoral tan particularmente polarizado y enrarecido por las falacias que propagan los detractores del Gobierno, cosa que se observa en los comentarios tendenciosos de las campañas por el abstencionismo en la televisión, y en las opiniones de las directivas del partido Liberal y sus amigos del Polo Democrático.

En los sondeos de los medios de comunicación se puede advertir que los abstencionistas también son opositores del presidente Uribe. Eso se nota al acompañar su animadversión por la consulta con frases como «el Referendo es un engaño del presidente», «…es una exigencia del Fondo Monetario», o «…es una medida neoliberal de Uribe, por eso los empresarios están financiando la campaña». Todo eso demuestra que ‘antiuribismo’ es igual a ‘abstención’; es decir, no hay en los abstencionistas una posición madura frente al Referendo —pues hasta ellos deberían aceptar que hay puntos buenos—, sino la intención de oponerse a un mecanismo que tildan de plebiscitario y que, en teoría, aumentaría el poder de Álvaro Uribe Vélez. Luego, no están en contra del Referendo sino del Presidente.

Hay dos críticas que se han difundido con más ahínco por los que llaman a la abstención: la primera es que se trata de propuestas inocuas que no cambian la política de fondo y que, en su mayoría, ya existen si no en la Constitución, por lo menos sí en la Legislación colombiana. La otra es que se quiere utilizar un mecanismo democrático como lo es el Referendo para legitimar unos recortes presupuestales que ha exigido el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ambos argumentos son fácilmente deleznables.

En cuanto a las propuestas «inocuas», que según los detractores del Referendo se podrían tramitar en el Congreso, hay que decir que no son tan simples como las quieren hacer ver ni están en las leyes colombianas ni el Congreso ha sido capaz de tramitarlas porque los parlamentarios no legislan en contra de sus intereses personales. El primer punto del Referendo, que los corruptos no puedan volver a desempeñar cargos públicos ni a contratar con el Estado, implica una sanción de por vida que actualmente no existe y que no es una nimiedad como tampoco lo son el voto nominal y público para los elegidos a corporaciones públicas (punto 2), la eliminación del ‘carrusel’ o remplazos temporales en las corporaciones públicas (punto 3), la prohibición de que los congresistas administren los cuantiosos recursos del Congreso (punto 5), la reducción del Congreso (punto 6), las nuevas causales de pérdida de investidura para miembros de corporaciones públicas (punto 7) y el fortalecimiento de los partidos (punto 15).

Por su parte, las reformas de tipo económico introducidas en el Referendo si bien pudiesen estar a tono con las exigencias del FMI, resultan siendo medidas necesarias y muchas de ellas justas con el objetivo de darle una mejor destinación a los dineros públicos. Entre estas están limitar las pensiones de servidores públicos a 25 salarios mínimos (punto 8), la eliminación de las contralorías regionales (punto 9) dedicando los recursos que se liberen a aumentar la cobertura educativa, a restaurantes escolares y a saneamiento básico rural (punto 12).  En igual sentido está la destinación de las regalías (punto 13).

Se quiere engañar al electorado con la falsa premisa de que todos estos recortes afectan la representación política de un lado y el bolsillo de los colombianos del otro. La representación política —y, por ende, las corporaciones públicas— no  mejora en relación directa con el aumento en el número de representantes ni desmejora por su disminución. Hemos tenido un Congreso grande y mediocre en toda nuestra historia y si bien disminuirlo no lo hará mejor, por lo menos va a disminuir el despilfarro.

Que va a afectar el bolsillo de algunos colombianos puede ser una queja más real que las otras por la congelación por dos años de salarios y pensiones de los empleados públicos que devengan más de dos salarios mínimos (punto 14). Ese tope se debió ubicar más arriba para evitar las criticas pero también hay que recordar que no aplica a trabajadores del sector privado.

Estas no son todas las criticas ni son todas las respuestas. Lo cierto es que la campaña contra el Referendo se está haciendo con mentiras con el único fin de provocarle una estruendosa derrota al Presidente de Colombia.

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Posted by Saúl Hernández

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