El sostenimiento de los mal llamados ‘derechos adquiridos’ en el pago de las pensiones de los altos funcionarios del Estado es un atentado contra la equidad social

Al igual que Francia y Brasil, Colombia está obligada a modificar algunos aspectos del régimen de pensiones para asegurar su cumplimiento con cargo a la Nación. Es por eso que se ha hablado de gravar todas las pensiones con un porcentaje que podría ser hasta del 7 por ciento. Para quien devenga un salario mínimo como pensión (332 mil pesos mensuales), ese 7 por ciento representa más de 23 mil pesos que le son indispensables para lo más básico: alimentación, arriendo, servicios públicos, transporte, etc. Mientras que para un ex congresista, pensionado con 50 salarios mínimos mensuales (16 millones 600 mil pesos), el 7 por ciento (1 millón 162 mil pesos), es como quitarle un pelo a un gato.

El punto ocho del Referendo del presidente Uribe está encaminado a ponerle límites a las pensiones del sector público con un tope de 25 salarios mínimos (8 millones 300 mil pesos). Sin embargo, a pesar de que el Presidente da ejemplo en carne propia ajustándose a la Ley 100 de 1993 para recibir la pensión a los 62 años como cualquier colombiano y no una vez haya terminado su periodo, y acogiéndose a la pensión límite si el Referendo es aprobado, para los demás funcionarios públicos de alto rango se mantendrán los abominables ‘derechos adquiridos’ con el argumento falaz de querer respetar la seguridad jurídica —cosa que nunca se ha respetado en Colombia— y con el agravante de que son esos mismos altos funcionarios —congresistas, magistrados, presidentes…— quienes han decidido lo grueso de sus salarios y sus pensiones porque no tienen quién los ronde.

No es justo que se exija el desmonte de los regímenes especiales y de las abundantes prebendas que se le otorgan a los trabajadores de las empresas del Estado en tanto que las vacas sagradas devengan altos salarios y exorbitantes pensiones. No cabe duda de que las onerosas retribuciones que reciben los que bien o mal —vaya uno a saber— le han servido a Colombia desde altas posiciones son una pesada carga para el erario, los dineros de todos, y parte de esos dineros estarían mejor —y sería más justo— destinados a educación, salud, préstamos para el agro y la pequeña empresa y mil etcéteras más.

Esto hace pensar que el octavo punto del Referendo quedó cojo. Pretende respetar los ‘derechos adquiridos’ de quienes ya se pensionaron como si ocho millones no fueran suficientes para cualquiera. Es claro que si todos estos venerables ‘ancianitos’ se han endeudado con la base de sus altos salarios para comprar propiedades y demás, el hecho de bajarlos a 25 mínimos puede meterlos en serios problemas pero en Colombia hay viejitos que no comen y se mueren en la calle como para que ahora nos vayamos a preocupar por una oligarquía de ladrones que quieren desfalcar al país hasta la hora de sus muertes y aún más allá. Por tanto, ese punto del Referendo debería aplicarse con retroactividad y no sólo hacia el futuro.

Es que da asco ver el informe de la revista Cambio (agosto 11) donde se divulga cómo devengan pensiones escandalosas hasta las viudas de quienes no fueron presidentes pero recibieron su ‘palomita’ para robarle a los colombianos: Rafael Azuero Manchola, designado de Misael Pastrana; Víctor Mosquera Chaux, designado de Turbay; y Carlos Lemos Simmonds, quien manchó toda su carrera política aceptando la presidencia por diez días como pago a su servilismo hacia Ernesto Samper. Por cierto, esta viuda que nada ha hecho por Colombia, es muy joven y de no disponer otra cosa quien estas cosas rige, recibirá su pensión de 14 millones mensuales por lo menos los próximos 40 años.

También están las viudas de Barco, Lleras Camargo y Lleras Restrepo; los ex presidentes que aún viven —incluyendo a dos de la Junta Militar de 1957— y decenas de ex congresistas o sus viudas. Incluso, un ex funcionario administrativo del Capitolio, Silverio Salcedo Mosquera, quien recibe una pensión de 19 millones. Lo más grave es que a estas pensiones, los contribuyentes —¡todos los colombianos!— les tenemos que subsidiar entre la mitad y las tres cuartas partes de las mismas porque el aporte hecho a lo largo de la vida laboral de los suscritos es insuficiente para pagarles una mesada tan jugosa. Según Cambio, se les termina regalando, de acuerdo con lo que duren vivos el jubilado y su viuda, entre $850 millones y $2.000 millones en cada caso.

Esto recuerda a la ‘Pobre viejecita’ de Rafael Pombo, sin nadita qué comer, «sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber…».

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario