El referendo podría resultar inútil porque a los corruptos, terroristas y mafiosos les conviene que las leyes e instituciones del país sean inservibles.

Ante la imposibilidad de elaborar mejores argumentos en contra del referendo los abstencionistas han llegado a una conclusión solemne y de un peso incuestionable para intentar hundir esa especie de plebiscito a favor del presidente Uribe. Simplemente, y para que entienda hasta el más humilde e iletrado de los colombianos —tan carentes, como somos, de cultura política—, se han dedicado a proclamar que «el referendo no sirve para nada». Así, sin más rodeos. Los opositores han descubierto la prueba reina, el argumento irrebatible: «No sirve».

Y no sirve porque en Colombia nada sirve, porque para nuestros males no hay remedio mágico, porque se necesita un tratamiento integral donde los puntos del referendo apenas son unas aspirinas. O, como decía Séneca, porque para un barco sin rumbo cualquier viento es malo. ¿Para qué ha servido la Constitución de 1991, promovida por unos estudiantes que jugaban a hacer democracia, esperanzados en la paz por la desmovilización del M-19 y que terminó permeada por el narcotráfico? ¿No era mejor la Constitución de 1886? ¿Qué ha mejorado con la nueva? ¿Está mejor el país?

Tenemos una de las constituciones más largas del mundo y centenares de leyes todas inútiles. A Felipe Torres le abren las puertas de la cárcel antes de cumplir diez de los veinte años a que había sido condenado mientras que a la tristemente célebre ‘vendedora de rosas’, Leidy Tabares, la condenan a 26 años de cárcel por un asesinato. No se considera que el uno es cabecilla principalísimo de una organización terrorista culpable de atrocidades como la de Machuca (en Segovia, Antioquia), de los secuestros múltiples del avión de Avianca, la iglesia La María de Cali, el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, la Ciénaga de El Torno y la muy reciente de los excursionistas extranjeros de la Sierra Nevada; además de miles de asesinatos absurdos e imperdonables como el de la profesora Ana Cecilia Duque en el municipio de Cocorná, Antioquia.

Leidy, por su parte, es apenas una niña de la calle sumida en la violencia de los sectores marginados de una ciudad como Medellín que ha visto correr mares de sangre en los últimos veinte años. Y el muerto, a su vez, había asesinado al primer marido de la acusada, o sea que ella mata por venganza, porque no podía permitir que ese crimen quedara impune, porque el Estado es incapaz de aplicar justicia. ¿Será eso lo que los magistrados y legisladores llaman ‘proporcionalidad de la pena’? La terrible Leidy es el lobo feroz y Torres se convirtió en la caperucita roja.

Sale Felipe Torres de la cárcel y asegura que jamás abandonará el proyecto revolucionario. ¡Qué cinismo! Luego dice que trabajará por la paz pero ya sabemos en cuál paz creen los terroristas: en la aparente calma que queda después de arrasarlo todo. Sale Torres y a nadie le parece que eso sea impunidad. No hubo reparación de sus actos ni verdad ni justicia y tampoco desmonta su aparato de guerra. Un país serio no le permitiría a un individuo como éste volver al seno de la sociedad en tales condiciones pero de las miles de leyes que tenemos ninguna sirvió para mantenerlo en la cárcel donde además siempre tuvo un radio para comunicarse con sus compinches. Cuando Leidy salga de la cárcel, no será de extrañar que Torres tenga el título de ‘honorable Senador’ o que haya sido alcalde, gobernador, ministro y —Dios no lo quiera— hasta presidente.

Y de nuestras instituciones ¿cuál sirve para lo que fue creada? La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, ha abierto investigación en contra de los miembros del Ejército que participaron en el operativo de rescate de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, La Cacica. Ahora resulta que los uniformados son culpables de que las Farc la hayan secuestrado y la hayan asesinado de rodillas, como a un animal, porque la tropa les estaba dando alcance. Y resulta que el Procurador General, Edgardo Maya Villazón es el viudo de la occisa y, por tanto, no se puede garantizar imparcialidad del llamado ‘Ministerio Público’ en la investigación de este asunto.

Pero eso no es todo, la Procuraduría se mete por encima de los casos fallados por la Fiscalía General de la Nación y decide destituir al coronel Mauricio Santoyo, nadie más ni nadie menos que el jefe de seguridad del Presidente de la República, dizque porque durante el ejercicio de funciones como director del Gaula en Medellín interceptó ilegalmente cientos de teléfonos de miembros de ONG’s vinculados con la guerrilla con el fin de obtener información para rescatar a personas secuestradas. De manera que quien viola la ‘intimidad’ de las personas resulta peor —para la Procuraduría— que quienes las secuestran. Para lo que sí han servido nuestras leyes e instituciones es para que reinen los corruptos, los mafiosos y los violentos, sobre todo estos últimos, de ahí que no cause extrañeza que el único presidente que ha tenido pantalones tenga tantos contradictores: hay mucha gente poderosa interesada en que todo siga igual, en que el Estado no funcione como debe ser y todo termine sirviendo para nada.

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Posted by Saúl Hernández

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