Aberrante fallo jurídico

La Corte Interamericana de DD.HH. emitió fallo amañado para desprestigiar al Estado como violador de los Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país, lo cual no sólo no es enteramente cierto sino que constituye prueba de que se trata de un fallo con un alto contenido ideológico.

Cabría decir, por supuesto, que el ‘Estado’ es siempre responsable —por acción u omisión— de todo lo que pase en una sociedad; es decir, para ello se constituye, no sólo para que dé orden sino para que se responsabilice políticamente del ordenamiento. Entonces, bajo ese criterio, sería posible señalar al Estado como culpable de todas las muertes; las consumadas por militares, por paramilitares, por subversivos, por delincuentes comunes y hasta las que cometen los maridos cornudos que encuentran a su mujer acompañada en la casa. Sin embargo, cada ciudadano es imputable de sus actos y no puede corresponderle al Estado, como ente genérico, subsanar la impunidad al no haber sujeto condenable.

En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la Corte Interamericana no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes. ¿Cuáles? En principio, la vieja teoría de que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965 permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Eso equivale a decir que si alguien asesina a otro con un revólver legal, el culpable es el Estado por complicidad con el asesino. Y la inconsistencia es señalar que Colombia alentó la creación de grupos paramilitares cuando en realidad fueron los grupos guerrilleros quienes atizaron la hoguera. Defender la propia vida y la de los seres queridos es un derecho y una obligación ontológica y moral, máxime cuando el Estado no está en capacidad de hacerlo. Esa licencia fue una decisión soberana, autónoma y que no riñe con las leyes de ninguna democracia en el mundo, y sólo los marxistas creen que tomar un arma es un derecho exclusivo de los revolucionarios en detrimento de los demás.

Si de acuerdo con la dialéctica de este tribunal, el Estado colombiano fuere culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo de todas las cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc., porque el Estado con su accionar, pero más con su pasividad, ha alentado todas las expresiones violentas que se dan en el país. Habrá que condenarlo por la masacre del Eln en Machuca, porque no defendió a la comunidad y porque construyó frente a las humildes casitas el oleoducto con el que la guerrilla los rostizó; y hay que condenarlo por la masacre de Bojayá, porque no atendió una alerta temprana ni blindó la iglesia donde las bombas de las Farc acabaron con la vida de 119 personas. Ah, y que lo señalen de una vez culpable de la tragedia de Armero por no haber desalojado al pueblo como lo sugerían los expertos. La Corte indicará que el volcán no mató a 25 mil personas, ni que ellas mismas fueron responsables de su obstinación para negarse a evacuar: el Estado colombiano es culpable.

Claro que nada de eso va a suceder por dos razones básicas: primero, porque a ningún Estado se le imputan hechos que van en contra de su propia filosofía y que, por tanto, deben ser imputados a quienes los planearon o ejecutaron. De hecho, el Estado somos todos, y todos no podemos condenarnos solidariamente en remplazo de quienes sí son culpables. Y, segunda razón, porque este proceso en la Corte Interamericana fue impulsado por la marxista Comisión Colombiana de Juristas y fallado en amañada jurisprudencia con la también vieja táctica de desprestigiar al Estado como violador de Derechos Humanos mientras que los actos de la subversión son maniobras de «oposición (política) armada», que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora.

Ya el presidente Uribe dijo que Colombia es un país de leyes y que acata el fallo pero ese fallo es inaceptable. Unos delincuentes que no hacen parte del Estado (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas) y ahora el Estado (que somos todos y con nuestra plata) debe indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 12 de agosto de 2004 (http://www.elmundo.com/).