Si sus camaradas aprecian en algo a Trinidad, deberían contestar con una contrapropuesta sensata, liberando a algunos de los secuestrados.

En esta columna, hace quince días, se propuso que el Gobierno nacional tomara la iniciativa de ofrecer la no extradición de Simón Trinidad a cambio de la liberación, antes de que termine el año, de por lo menos aquellos policías  y militares que llevan cerca de siete años en poder de las Farc. Ese mismo razonamiento se venía madurando en la Presidencia en el entendido de que esa guerrilla incluyó a Trinidad en su conocido juego de crear expectativas estériles tras conocer el aval que dio la Corte Suprema de Justicia al pedido de extradición de ese jefe guerrillero.

Inmediatamente se manifestó la Corte Suprema, los voceros de la izquierda hicieron correr la especie de que extraditar al guerrillero Palmera perjudicaría gravemente la posibilidad de un canje, cosa que las Farc confirmó en un comunicado del 3 de diciembre. Es decir, se hizo un chantaje del chantaje: que si entregan a Trinidad, a la justicia norteamericana, los muertos en vida que tiene la guerrilla y sus familias, perderían hasta lo único que hoy tienen, la esperanza de que algún día los liberen.

Luego saltó a la palestra el abogado de Trinidad anunciando que éste sería  vocero del canje pero con dos condiciones: que las Farc lo nombrara como mediador y que el presidente Uribe se comprometiera a no extraditarlo. La misma guerrilla expresó en un comunicado que entre sus negociadores — Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada y Felipe Rincón— no está Simón Trinidad, con lo que dieron fin a su propio juego. Todo este teatro, esta farsa, evidencia que para las Farc variaron las prioridades de su ‘chantaje humanitario’ y ahora les es primordial evitar la extradición de uno de sus principales cabecillas a los Estados Unidos, donde no habrá poder humano que lo ponga libre como un juez corrupto hizo con los terroristas irlandeses cuyo paradero ahora es un misterio.

Entonces, siendo conciente el Gobierno de la necesidad de extraditar a Trinidad antes de que se fugue o de que un juez lo suelte, y teniendo la certeza de que su permanencia en el país no facilita el canje sino que lo dificulta más en la medida en que las Farc lo pide como cabeza de lista, se ha hecho una exigencia a la que la guerrilla, si en algo aprecia a su camarada, debería contestar con una contrapropuesta sensata, liberando a algunos de los secuestrados. De lo contrario, el presidente Uribe tendrá que cumplir el plazo señalado sin importar el riesgo: las vidas de los secuestrados son responsabilidad de las Farc y no del Gobierno. No se olvide que estos terroristas han asesinado a miles de personas, cientos de ellas en cautiverio, así que no venga nadie después a eximirlos de su responsabilidad acusando al establecimiento.

Es sano que el Gobierno del presidente Uribe tome la iniciativa frente a un problema grave que requiere una solución práctica pero que no termine volviéndose en  contra de todos los colombianos. Es bueno que sea el Gobierno el que haga las exigencias y no siempre el que termine acorralado contra la pared, haciendo concesiones indebidas ante la presión de los delincuentes y hasta de las víctimas que, de manera comprensible, sólo piensan en salvar su pellejo. En eso tenemos muchas y muy dolorosas experiencias.

Incluso, es preciso atreverse a más y plantear nuevas y audaces propuestas. ¿Qué tal, por ejemplo, plantearle a las diversas fuerzas políticas del país, tan a favor del canje como se muestran en los noticieros, que el Gobierno acepta el intercambio —por una sola vez— de los 500 guerrilleros presos en las cárceles por los secuestrados que tiene las Farc, con despeje y sin condiciones, siempre y cuando el Congreso apruebe un Estatuto Antiterrorista como el que ya le negaron  al Gobierno, tan drástico como el que tiene cualquier país europeo?

Por fortuna, ahora el Gobierno tiene también una nueva carta por jugar: Rodrigo Granda Escobar, canciller de las Farc, detenido la semana anterior. ¿Será extraditable? Probablemente no, pero de alguna manera puede servir para inclinar el chantaje de las Farc a favor de los secuestrados. Es necesario que el Gobierno siga siendo el que tome el toro por los cachos, no importa que a los reyes del chantaje les parezca un chantaje cualquier exigencia, es que les sabe mal su propia medicina.

Posted by Saúl Hernández

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