La dictadura de la Corte

Colombia no está regida por gobiernos despóticos como aún creen muchos europeos despistados y otros malintencionados; posee una clara separación de poderes cada uno de ellos con funciones específicas minuciosamente detalladas en la Constitución Nacional. Pero, no es un secreto que la Corte Constitucional viene ejerciendo hace rato una especie de dictadura, animada dizque por la intención de defender una larga lista de derechos que han convertido a la Constitución de 1991 no sólo en civilista, garantista y libertaria, como se quería, sino en permisiva, complaciente y tolerante en exceso.

Algunos recordarán con alegría varias de las primeras sentencias de la Corte Constitucional que le permitían a los estudiantes, por ejemplo, el uso del pelo largo aunque en los planteles educativos estuviere prohibido, o el consumo de estupefacientes —el porte de la dosis personal— para estimular «el libre desarrollo de la personalidad» que garantiza la Carta Magna, decisiones que fueron una pesadilla para los educadores y los padres de familia. Años después, en 1999, la Corte se montó en la cresta de la ola de popularidad cuando le puso el freno a las corporaciones de ahorro y vivienda con el asunto del Upac —al que el Gobierno hacía oídos sordos—, que había convertido los préstamos para compra de vivienda en un asalto por el excesivo nivel de usura.

Pero de allá a la fecha, el balance de la Corte es negativo para la democracia colombiana porque este tribunal insiste en usurpar poderes y en posarse en las competencias de las demás instituciones. Recientemente ha dado vía libre, la Constitucional, a que cualquier juez de la República admita tutelas —‘derechos de amparo’ que llaman en otros países— en contra de cosas juzgadas por el máximo tribunal de la Nación: la Corte Suprema de Justicia.

El diccionario define ‘supremo’ como «Situado en la posición más alta o por encima de todos y de todo, que no tiene superior en su línea…», y de tal suerte operan los equivalentes de nuestra Corte Suprema en el mundo, como la última y máxima instancia judicial. Aquí en Colombia, sin embargo, la Corte Constitucional ha dado un golpe de Estado atribuyéndose derechos que no le han sido conferidos e irguiéndose como el único estamento de la Nación que no tiene quién lo ronde y cuyas determinaciones son de inmediato acatamiento y sumisión, algo así como la palabra de Dios. Legisla en todas las materias, define cómo debe manejarse el orden público y hasta determina la orientación del gasto, entre muchas otras intrusiones. Pero, ¿quién ha votado por alguno de los nueve magistrados de la Corte Constitucional? ¿Quién, de los ciudadanos comunes, los ha elegido? No pueden tener más poder que el Congreso y el Presidente de la República pero ahí están y hacen lo que quieren.

Para ejemplificar los excesos de la Corte basta hacer un repaso a la prensa de los últimos años: permiso para que los condenados cabeza de familia cumplan su condena en la casa; eliminación de la norma que pretendía castigar con cárcel la venta de autopartes robadas; devolución de centenares de bienes incautados a los capos de la mafia; desmonte del estado de conmoción interior por considerarlo «innecesario»; anulación del Iva del 2 por ciento a la canasta familiar; fijación de un término de aumento del salario mínimo para el 2004; interferencias inauditas en el referendo a pesar de que debieron declararse impedidos por varios puntos que perjudicaban sus ingresos económicos y la última y más reciente: emplazamiento al Gobierno a responder en 54 días sus compromisos con los desplazados. No importa lo que valga ni de dónde salga la plata, la Constitucional manda y punto.

Por todo esto se hace urgente, dentro de la reformas a la justicia que se pretenden, ponerle coto a la actitud soberbia de la Constitucional y, preferiblemente, volver a la figura anterior que, como en casi todos los países del mundo, consiste en contar con una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, con lo que además nos ahorraríamos una plata que se está desperdiciando. De la misma forma, debe desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura (que nadie sabe para qué es), despolitizar la justicia quitándole al Congreso la elección de los magistrados de las altas cortes y delimitar la Tutela, desbordada también por culpa de la Corte Constitucional como en el caso de un preso de la cárcel de Cómbita (Boyacá) que tuteló su derecho a la visita conyugal por lo que, como su esposa está presa en Bogotá, el juez ordena al Estado llevarla bajo custodia a la cárcel de su marido, dos veces por mes, a un costo elevadísimo. Lo descabellado del asunto es que, como si este fuera un país musulmán, los derechos de la mujer no importaron para nada y, a ella, ya la llevaron a la primera cita a las malas, en contra de su voluntad y de sus lágrimas, a pesar de que no quiere ver a su marido. Tal vez le toque poner una tutela contra la tutela que ganó su consorte, si es que la Corte Constitucional permite poner en duda el poder omnímodo y la infalibilidad de sus fallos.