Sobre el revivido tema de la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19, en 1985, hay que hacer más precisiones. En primer lugar, es necesario y atinado asegurar que el país prefiere ver a los ex guerrilleros en su papel actual como destacados miembros de la sociedad civil que en el de terroristas acechando en la clandestinidad. Aquí nadie ha pensado en echarle reversa a la cuestión del indulto, aunque no parece del todo descabellado llevar el tema ante una corte internacional de justicia —donde los crímenes abominables no prescriben—, pues no intervinieron, en su momento, los tres elementos que con tanto ahínco se reclaman hoy para los paramilitares: verdad, justicia y reparación.
El trasfondo de la polémica, la supuesta relación entre el M-19 y el narcotráfico en la toma del Palacio, es un asunto secundario. Lo substancial es que se cometió un acto horrendo que quedó en el limbo de la impunidad, y que no fue el único. Ocurre que, en la dialéctica perversa de la izquierda, crímenes espantosos como secuestrar, asesinar, robar, torturar, masacrar, mutilar, dinamitar, etc., son actos potestativos de la subversión, casi un derecho que les da su condición de rebeldes, y toda acción que desarrollen es cobijada como delito político. Ahora, si cualquiera de esos actos es perpetrado por fuerzas ilegales de derecha o por las fuerzas legitimas del Estado, constituye delito de lesa humanidad y violación de los derechos humanos; y ni qué decir si el asesino es un narcotraficante, se trata de un delito común que puede o no tener agravantes. Para la izquierda, por definición, los Derechos Humanos sólo pueden ser violados por el Estado o por fuerzas serviles a éste, jamás por fuerzas hostiles pues de otra manera no podrían expresar su rebeldía.
Es por esto que las Ong’s de izquierda jamás inculpan a la guerrilla por ningún crimen pues para ellos es normal que la subversión arrase pueblos, asesine campesinos, funcionarios públicos de cualquier rango o niños, no importa su clase social. Por nada de esto ponen el grito en los cielos ni elevan denuncias de ninguna naturaleza. En cambio, cualquier crimen cometido por organizaciones ilegales armadas, con el propósito real o ficticio de defenderse de las guerrillas, es imputado al Estado con el falaz argumento de que éste es responsable de las víctimas de los paramilitares. ¿Y por qué el mismo argumento no responsabiliza al Estado de las víctimas de la guerrilla? Porque, entonces, habría que reconocer primero a los guerrilleros como lo que son, asesinos peores que los ‘paras’, de los cuales son padres. Por tanto, sería desenmascarar los crímenes de la subversión quitándoles el rótulo de ‘delitos políticos’ y, eso, sus amigos no lo van a hacer.
A tono con lo anterior, los antiguos guerrilleros del M-19 se creen con derecho a condenar el proceso con los paramilitares olvidando que ellos son tan asesinos como aquellos y que, a pesar de eso, fueron indultados generosamente. De entre varios centenares de guerrilleros, tan sólo cuatro fueron condenados a prisión. Y a pesar de que el 31 de enero de 1989, el juzgado 30 de instrucción criminal, por los hechos del Palacio, llamó a juicio a 38 guerrilleros por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión y falsedad, la ley 77 de 1989 indultó a los guerrilleros, y los graves cargos contra ellos, contenidos en la providencia de la justicia penal, pasaron al archivo.
Nadie niega que los actuales paras son más mafiosos que contrarrevolucionarios y que ese proceso no es conveniente porque mientras haya guerrilla y nuestras fuerzas militares y de Policía no sean suficientemente grandes para copar el territorio nacional las autodefensas resurgirán aquí y allá como maleza en potrero. Pero los ex militantes del M-19 deberían obrar a tono con su pasado y no mirar la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio. No les conviene ese síndrome de ‘alcohólico recuperado’ al que le parece asqueroso ver un borracho tambalearse por la calle. El M-19 está perdonado en el corazón de los colombianos pero nadie olvida que fueron una guerrilla siniestra y no una congregación de novicias hospitalarias.
Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 18 de octubre de 2004.
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