La sociedad colombiana conoce muy bien la capacidad de manipulación de los narcos y su costumbre de ponerse muy violentos cuando no convencen a nadie.
En Colombia se había superado hace rato la discusión acerca de si se debe o no extraditar a nacionales. Sin embargo, desde hace un par de meses, poco después de que se conociera que Estados Unidos pedirá en extradición a los hermanos Rodríguez Orejuela, se comenzó a agitar el tema. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha extraditado a 124 narcotraficantes en 19 meses mientras que Andrés Pastrana sólo extraditó a 64 en cuatro años. Los narcos están muy preocupados porque mientras Uribe sea el Primer Mandatario tienen una altísima probabilidad de terminar en las cárceles de Estados Unidos.
Antes, Carlos Castaño decía que si se tenía que ir extraditado, él se iba; ahora, el proceso con las autodefensas está muerto por la intentona de sus cabecillas de entorpecer la extradición (no se olvide que Castaño se asoció con el Cartel de Cali para combatir a Pablo Escobar). Luego vino una huelga de hambre de extraditables en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, donde —según versiones de prensa— los hermanos Rodríguez pagaban la alimentación de sus compañeros de patio y facilitaban otras comodidades. También hubo extraños sobrevuelos de aviones no identificados sobre la prisión y poco después, los extraditables acusaron a la Corte Suprema de Justicia de estar violando el debido proceso en la aprobación de las órdenes de extradición.
Después, como para confirmar que todo esto no es más que una campaña de los narcos, un miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se ofreció para ir a la cárcel a tomarle declaraciones a los extraditables —como en los viejos tiempos en que los narcos se pavoneaban en las calles y los políticos se les vendían como prostitutas— y, ante el escándalo que suscitó en el país, se atrevió a más: solicitar al Inpec que traslade una comisión de extraditables a rendir sus descargos en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República.
El novelón tiene muchos otros capítulos: la aparición de un nuevo grupo, émulo de ‘Los Extraditables’, llamado Copergrin, ‘Colombianos Perseguidos por los Gringos’, que también está luchando contra la extradición. Y el más abyecto, descubierto la semana que pasó: un miquito que alguien le colgó al proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal que consistía en exigirle a la Corte Suprema de Justicia la realización de unas audiencias públicas dizque para evaluar las pruebas que mandan los gringos al solicitar extradiciones, precisamente cuando la impunidad en Colombia se debe, en gran parte, a la carencia de acervo probatorio en un medio garantista a ultranza, donde la falta de una prueba reina favorece al delincuente aunque todos los indicios lo condenen y aunque no pueda dar explicaciones satisfactorias de nada. Nuestro sistema judicial es muy ingenuo o muy perverso y unas audiencias como las que se estaban cocinando, patrocinadas con el dinero de los narcos, le iban a dar estocada de muerte a la extradición.
La sociedad colombiana conoce muy bien la capacidad de manipulación de los narcos y su costumbre de ponerse muy violentos cuando no convencen a nadie. No sería de extrañar que vengan las bombas y los magnicidios para ablandar a la opinión pública. Tampoco, que se alíen con el diablo para desestabilizar el clima de mayor seguridad que se ha alcanzado con este Gobierno. Bien se sabe que unos grupos de narcos tienen nexos con las Autodefensas y otro sector con las guerrillas. Pero en Putumayo y Caquetá se han descubierto zonas cocaleras donde las Farc conviven con las Autodefensas en aras de obtener grandes beneficios económicos del negocio de las drogas. No es, pues, nada extraño ni nuevo. No en vano se da como un hecho comprobado que la toma del Palacio de Justicia en 1985, por parte del M-19, fue ordenada y pagada por Pablo Escobar, quien sentía gran simpatía por ese grupo guerrillero a pesar de haberlos combatido un tiempo con el MAS (Muerte A Secuestradores).
La violencia de los últimos días en Cali y en todo el departamento del Valle es síntoma del desespero de estos delincuentes por librarse de la prisión. La extradición no es perfecta y se ve empañada por el inmoral sistema de delaciones de los gringos, que a los grandes capos les perdonan pena a cambio de bienes y de que delaten a cualquier mula. En cuanto a injustas sindicaciones no puede caerse en el extremo de no extraditar a nadie para evitar un error judicial; de hecho, es muy poco probable que ocurra. No caigamos en engaños ni cedamos por temor. La extradición es necesaria en Colombia y el mecanismo está funcionando muy bien. Que no vengan periodistas ni políticos a servir de abogados del diablo en defensa de gentes que hacen y dicen lo que sea con tal de librarse de una cárcel gringa, donde sí tendrán que pagar hasta el último día de condena. Esas son patadas de ahogado.
