Una fórmula conveniente

¿Si los líderes del M-19 están en el Congreso, por qué unos combatientes rasos no podrían integrar las Fuerzas Militares?

Como para que no queden dudas de que la intención del presidente Uribe al revivir el tema del Palacio de Justicia no era la de atacar a la oposición sino enviarle un firme mensaje a las autodefensas, se destapó que quien está asesorando a estos grupos ilegales es precisamente el ex guerrillero del M-19, Carlos Alonso Lucio, quien propone ahora para los paramilitares los mismos criterios de laxitud con los que se negoció en su momento con el ‘Eme’: borrón y cuenta nueva; es decir, perdón y olvido, impunidad total.

Sin embargo, una de las propuestas de Lucio se ve actualmente como un hecho necesario aunque en el pasado ha sido debatido y rechazado: incorporar a los paramilitares de base a las Fuerzas Armadas. Para ello existen razones de peso. La base de las Autodefensas es de extracción campesina y de los barrios marginados de las grandes ciudades. No tienen ideología, son desempleados absorbidos por el mercado de la guerra, lo que también puede decirse de las bases de las guerrillas. Quienes hoy están en un bando bien podrían estar en el otro; de hecho, son frecuentes los casos de tránsito en ambas direcciones. Estos combatientes reciben órdenes y si moralmente comparten responsabilidad por sus crímenes no se les puede imputar la plena culpabilidad pues la autoría corresponde a quien haya ordenado el hecho, sobre todo cuando el combatiente no tiene la menor posibilidad de desacatar una orden sin que se le castigue con la muerte como es de esperar en una milicia ilegal.

No cabe duda de que su condición de delincuentes —o terroristas, incluso— es un impedimento muy grande para ponerlos de la noche a la mañana a la par con los soldados de infantería de las fuerzas constitucionales. Por eso deben conformar un cuerpo especial al estilo de los ‘guardas rurales’ en que se convirtieron los guerrilleros salvadoreños, en lo posible sólo dotados de armas cortas y radios de comunicaciones. Esto subsanaría, de entrada, dos de los más graves problemas por los que pasan las negociaciones de Santa Fe de Ralito: uno, qué hacer con los miles de combatientes de las autodefensas, cómo sostenerlos, cómo impedir que vayan al otro bando si no saben hacer otra cosa que disparar. Y, dos, impedir que las guerrillas tomen el control de las regiones que hoy dominan los paramilitares. Si no hay recursos para que el Ejército haga presencia en esas zonas, la guerrilla ingresará tarde o temprano y sus habitantes sufrirán las retaliaciones. Como en un círculo vicioso, volverán a surgir grupos paramilitares y no se habrá logrado nada.

En contra de la resistencia moral —o moralista— a esta proposición, hay que llover sobre mojado: ¿si los líderes del M-19 están en el Congreso, si a menudo se ha hablado de ofrecerle un cogobierno al Secretariado de las Farc o a los líderes del Eln, por qué unos combatientes rasos no pueden integrar las Fuerzas Militares en condiciones de excepción pero sometidos al régimen disciplinario, a entrenamiento y a la observancia de la Constitución y la Ley, y hasta de los acuerdos internacionales?

Alguien dirá que esto no es otra cosa que paramilitarizar al país, que volver a darle vida a las cuestionadas asociaciones Convivir que tanta crítica despertaron en la época en que el presidente Uribe era Gobernador de Antioquia. Pero a esas voces hay contestarles que el oxigeno del paramilitarismo es la guerrilla y no al revés (además de la histórica ausencia del Estado), y que las Convivir fueron aplastadas por las criticas de ong’s tan devotas de la guerrilla como la sucursal danesa que le envió ocho mil dólares a las Farc. Pero lo más importante es que cobijados con el manto Constitucional, combatientes rasos de las autodefensas ahora y de las guerrillas después, pueden llenar el vacío de protección de los territorios más aislados con el mismo fervor con el que una unión marital de hecho, recobra la ‘gracia’ con la bendición de un cura en el altar.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 28 de octubre de 2004 (www.elmundo.com).