Con los seis billones de ganancias reportadas por el sector privado se le puede pagar todo un año de salario mínimo a un millón trescientas mil personas, la mitad de los desempleados que tiene Colombia.

Si bien es conveniente que las cifras de la economía sean buenas, lo ideal sería que eso se refleje también en el país real. El año anterior, el sistema financiero colombiano obtuvo el nivel de utilidades más alto de su historia con ganancias de $ 2,9 billones y un crecimiento de 62% frente al 2003. Similar situación reportaron también las 98 compañías más grandes del país, que alcanzaron utilidades por $ 3,33 billones, incrementando sus ganancias en un 44%. Y, como si fuera poco, la estatal petrolera Ecopetrol obtuvo las más altas utilidades de su historia con $ 4,7 billones y Telecom, estatal de telecomunicaciones que hasta su reestructuración sólo generaba pérdidas, ganó casi un billón.

Sin embargo, esas buenas nuevas no se reflejan en el país real; no disminuye la pobreza ni el desempleo ni el subempleo. Aunque las cifras estatales en materia de empleo son positivas, todos los analistas aceptan que el resultado no es producto de la creación de puestos de trabajo sino de la disminución de la población económicamente activa porque, una buena parte de ésta, se cansó de buscar lo que no se encuentra. Cada vez es más notoria la precariedad laboral, las gentes que se ofrecen para cualquier cosa como afilar cuchillos o pasear perros, y la concentración de la pobreza, dos o tres familias viviendo del sueldo de un chofer o de la pensión del abuelo, sin mayores esperanzas de futuro.

Una de las causas evidentes de este desastre es que el presidente Uribe le apostó a una reforma laboral exigida por los empleadores y aplaudida por los expertos pero perdió. La buena fe y la memoria de su autor, el fallecido ex ministro Juan Luis Londoño, han sido pisoteadas por los gremios de la producción, a quienes se les rebajaron los costos laborales sin que, en contraprestación, hayan creado los puestos de trabajo a los que se habían comprometido. Les han valido huevo los llamados de atención del Presidente, como el que hizo en Cali, en la reunión anual de los comerciantes. Hay que recordar que la medida (la ley 789 de 2002) dejó una puerta abierta para que el Congreso evalúe sus resultados y la derogue de encontrarlos negativos. No hay mucho qué discutir y el empresariado no merece tremenda ganga.

No obstante, el problema es más de fondo. Los críticos dicen que este gobierno sólo es bueno para los ricos y que poco se hace por la tan mentada justicia social pero la verdad es que hay un problema cultural de individualismo y falta de solidaridad aunado a una práctica salvaje del capitalismo. El sector financiero, por ejemplo, fue salvado en el gobierno de Pastrana con un impuesto a las transacciones financieras que exigió la solidaridad de todos los colombianos. A pesar de eso, los dueños de la banca nos devuelven el favor con espíritu de agiotaje y usura: intereses ridículos para los ahorradores, cobros abusivos por préstamos para vivienda, comisiones excesivas por ventas con tarjeta de crédito, costos inauditos por chequeras, tarjetas débito, etc.

La indolencia del sector empresarial no se queda atrás. Los sueldos de los altos ejecutivos están al nivel de Japón y la eficiencia se consigue recortando puestos de salario mínimo. Sólo se piensa en exprimir a la gente, laboral y económicamente. Las empresas de energía eléctrica están entre las que reportaron mayores utilidades como consecuencia de los aumentos exagerados en el valor del kilovatio, muy por encima de la inflación en los últimos dos años. También se han eliminado subsidios en todos los estratos y dada la estrechez económica de las clases populares, hoy son millones de usuarios los desconectados por falta de pago. ¿A quién sirven entonces tan extraordinarios balances?

El resultado es que ahora el sector privado colombiano se ha vuelto muy atractivo para el capital extranjero y se está ad portas de un neocolonialismo industrial del que sólo se van a beneficiar los mismos de siempre. Sinergy compró a Avianca, Phillip Morris a Coltabaco, Copa-Continental a Aerorepública, Bavaria será comprada por una gran cervecera multinacional y la tendencia no parece detenerse ahí. Mientras tanto otras firmas se dedican a megafusiones (Bancolombia, Conavi y Corfinsura) o a transformaciones (Empresas Públicas de Medellín) de las que se obtiene más lucro pero de las que menos personas se benefician. Y no se crea que estos procesos tienen una relación causa-efecto con el TLC, eso es una falacia.

Aunque los resultados de Ecopetrol y Telecom son esperanzadores porque representan mayor eficiencia y menos corrupción, pues esas ganancias de una u otra manera terminarán beneficiando a muchos colombianos a menos que caigan en la corrupción, y porque las empresas del Estado no pueden ser para beneficio de unos pocos, el caso de las firmas privadas sólo representa mayor concentración de la riqueza, más pobreza para las mayorías, y pura e inaceptable inequidad social. Eso no puede ser una buena noticia. Con los seis billones de ganancias reportadas por el sector privado se le puede pagar todo un año de salario mínimo a un millón trescientas mil personas, la mitad de los desempleados que tiene Colombia. Se beneficiarían siete millones de pobres pues de cada trabajador dependen cinco personas en promedio. Con eso se bajaría el desempleo a menos del 8% pero las hijas de los ricos no podrían, el próximo verano, asolearse las tetas en Mónaco.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 22 de marzo de 2005 (www.elmundo.com).

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario