Un sólo concejal muerto sacó a millones de personas a protestar en las calles de España; en Colombia hay apatía.
El 12 de julio de 1997 la banda terrorista ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco Garrido, un joven concejal de Ermua, pequeña localidad de la provincia de Vizcaya, a quien habían secuestrado dos días antes para exigirle al gobierno español la liberación de los presos etarras. Acaban de cumplirse ocho años de ese crimen que despertó el repudio del pueblo español, que llenó las calles en interminables manifestaciones de rechazo.
Pues bien, no importa qué tan desprestigiada esté la clase política en Colombia, y particularmente los órganos de la Rama Legislativa, pero la comparación es definitivamente triste. El pasado 24 de mayo, terroristas de las Farc asesinaron a cinco concejales del municipio de Puerto Rico (Caquetá) en la sede del Concejo. La tragedia se repitió el 10 de julio en el municipio de Campoalegre (Huila), donde el mismo grupo terrorista atacó indiscriminadamente a unos concejales que almorzaban en un restaurante. Murió el secretario del Concejo, su hija de catorce años, la esposa del presidente del Cabildo (quien resultó herido) y un ex concejal. Otras cinco personas también resultaron heridas.
Este par de casos podrían parecer hechos aislados pero de acuerdo con la Federación Nacional de Concejos (Fenacón), van 216 concejales asesinados en Colombia en los últimos cinco años, y por lo menos 2 mil han sido víctimas del desplazamiento forzado. La Federación asegura que hay 122 concejos municipales en situación de riesgo inminente a lo largo y ancho del país, con 1.335 concejales que afrontan situación de amenaza, lo que corresponde al 11 por ciento de los elegidos para el período 2004-2007.
Dependiendo de quién controla la región, tanto paramilitares como guerrilleros se aprovechan del estado de indefensión de los alcaldes y concejales de los pueblos más apartados para ejercer control a través del miedo, apropiándose también de las partidas presupuestales destinadas a la salud y la educación de personas verdaderamente pobres. Al funcionario no le queda más opción que ‘colaborar’ y arriesgarse a ser estigmatizado como de uno u otro bando. No puede negarse, sin embargo, que el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo por brindar seguridad en todo el país, a funcionarios y habitantes en general. No obstante, la vulnerabilidad subsiste; el país es muy grande, los generadores de violencia mantienen gran capacidad de hacer daño y las Fuerzas Armadas aún son insuficientes para atender tantos frentes.
Por ahora las Farc quieren sacudirse de la dura ofensiva militar del Estado colombiano ejecutando un plan macabro contra el poder local, ya no secuestrando dirigentes que sin mediar lo económico se convierten para la guerrilla en un lastre y le generan tanto repudio interna y externamente. Prefieren el simple y llano asesinato para tratar de demostrar un supuesto poderío e infundir temor en las gentes de cara a las elecciones del 2006, donde posiblemente habrá reelección de por medio. El asesinato indiscriminado de políticos, jueces y policías lo practicó el Cartel de Medellín en su momento con notable beneficio para los criminales: amedrentaron a la sociedad y desmoralizaron a las instituciones.
Lo más grave de todo es que a pesar del descrédito de la clase política y los órganos legislativos (Congreso de la República, asambleas departamentales y concejos municipales) hace mal el pueblo colombiano en guardar silencio ante estos hechos. No puede tomarse el asesinato de concejales como meras estadísticas; se trata de representantes que ocupan escaños por elección popular y su muerte es un atentado contra todos los que creen en la democracia. La indolencia no viene al caso, no es una opción a tomar. En España, un sólo concejal muerto sacó a millones de personas a protestar en las calles; en Colombia, en contraste, hay una apatía que duele y acrecienta el sentimiento de que tenemos nuestra suerte bien merecida. Se parece mucho a lo infamante que resulta mandar a las clases bajas a la guerra mientras el país sigue de rumba.
