Hace un par de semanas, dos funcionarios de Planeación Nacional, José Leibovich y Hugo López, denunciaron que el número de pobres en Colombia podría reducirse del 70 a menos del 50 por ciento de la población siempre y cuando la mitad de los 24 billones de pesos anuales que se destinan a diversos tipos de subsidios no se sigan quedando en manos de quienes no los necesitan. Eso no es un gran descubrimiento porque sabemos que la mayor parte de esos recursos son presa de la corrupción y la politiquería, pero es imposible pasar el tema por alto cuando se conocen casos tan aberrantes.

El régimen subsidiado de salud, por ejemplo, es saqueado por los paramilitares y muchos afiliados pertenecen a estratos altos y no a los sectores más pobres, para quienes se creó ese régimen. En las universidades públicas, dotadas de altísimos presupuestos oficiales, no estudian los pobres porque éstos casi nunca superan la primaria, sino clases medias y hasta gentes de abolengo. El sector financiero oficial difícilmente le presta a los pobres y, cuando lo hace, es en cuantías ridículas, con intereses altos y plazos cortos, so pena de confiscación por no pago; mientras tanto, a los ricos cercanos al poder —casos ex ministro Morris Harf o Juan Carlos Pastrana, hermano del ex presidente— les dan todas las facilidades para diligenciar, pagar y hasta condonar parte de lo adeudado, que son cifras con muchos ceros.

Uno de los casos más graves de inequidad se da en materia pensional, a lo que se destinan 12 billones anuales para pagar las mesadas de los servidores públicos, mesadas que superan de largo los aportes hechos por los trabajadores durante su vida laboral. El mayor problema se da con las pensiones de quienes fueron altos funcionarios del Estado y hoy devengan entre 10 y 25 millones mensuales sin que hasta el momento haya podido hacerse nada para detener esta injusticia por el cacareado asunto de los derechos adquiridos.

El periódico El Tiempo reveló ayer (20 de febrero) un caso representativo que además es grotesco. El ex parlamentario Ricardo Villegas Ruenes se casó el mismo día de su muerte (el pasado 25 de octubre) con su nuera Aliki Carvajal, de 47 años, para que ésta se hiciera acreedora de su pensión de casi 11 millones mensuales sin contar prima y bonificaciones. El caso es común en Colombia donde ancianos moribundos se casan de mentiritas con sobrinas solteronas, vecinas y hasta con nietas, para traspasarles su pensión. Doña Aliki podría vivir treinta o cuarenta años a cargo de todos los colombianos pero lo más aberrante es que el ex parlamentario apenas lo fue como suplente y se ganó su pensión con el llamado carrusel que hacen en el Congreso para que los suplentes tengan su oportunidad de alcanzar un jugoso retiro.

El Estado colombiano tiene 800 pensionados con mesadas multimillonarias, ninguno de los cuales, dada la pobreza del país, se merece el honor de ganarse semejantes estipendios. Pero, aparte de los merecimientos, muchos de ellos ganan más de lo debido por causa de toda clase de maniobras espurias. El Fondo de Previsión del Congreso tiene demandas contra las pensiones de 37 congresistas que reciben más de lo debido por haberse contabilizado viáticos y tiquetes como factores salariales, y a pesar de que los tribunales están fallando a favor del Fondo, los ex congresistas ni siquiera están obligados a devolver el excedente.

El siniestro ex congresista Alberto Santofimio Botero, muy ligado al narcotráfico y al magnicidio de Luis Carlos Galán, recibe cuatro millones mensuales de más (más de diez salarios mínimos), El desconocido Héctor Dechner, recibe 6 millones de más (gana más de 19 millones mensuales); y Ramón Elejalde, congresista en ejercicio y ya pensionado (¿?), supuesto adalid de la pulcritud y la moral, recibe cuatro millones y medio de excedente. Y después se preguntan algunos por qué el Congreso es la entidad más desprestigiada del país y por qué hay quienes piensan que ésta es una democracia de mentiritas. ¿No son también delincuentes de cuello blanco? ¿No deberían ser estos delincuentes los objetivos de las guerrillas? Por eso dice Saramago que en Colombia no hay guerrillas.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 28 de febrero de 2005 (www.elmundo.com).

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Posted by Saúl Hernández

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