Al tenor de nuestra realidad, prospera la sensación de que una leve tiranía podría ser mejor que una engañosa democracia.

En círculos políticos ha causado revuelo el resultado de un estudio de opinión en el que se afirma que los colombianos se sienten insatisfechos con la democracia y que un significativo margen de la población apoyaría una dictadura o un modelo fuerte no necesariamente democrático. De acuerdo con esa investigación, lo que molesta a los colombianos del sistema de gobierno son aspectos como la corrupción; los grupos armados ilegales, la pobreza y el sistema educativo que no forma ciudadanos. Se menciona también que las instituciones más desacreditadas son los partidos políticos, el Congreso, el Consejo Nacional Electoral y las elecciones en general.

El estudio reafirma cosas que ya se sabían acerca del descontento de la gente hacia las instituciones. Por ejemplo: aquí se acepta como válida la tesis, no necesariamente cierta, de que la continuidad de un buen gobierno es garantía de progreso mientras que la sucesión en el poder —alternada entre partidos o continua (el mismo partido pero diferente persona)— es sinónimo de atraso. Eso, porque los partidos políticos no han funcionado y siguen siendo focos de corrupción; en consecuencia, los electores prefieren candidaturas independientes y personalistas, o con aspecto suprapartidista, de figuras con carácter que tengan posibilidades de ganar. Entonces, si la democracia tiene como base a los partidos de representación, aquí está casi muerta.

Pero la cosa va más allá. También ha hecho carrera la tesis de que la división de poderes es costosa, superflua y hasta ilegítima. No hay poder humano que convenza a la gente de la necesidad de las corporaciones legislativas a las que algunos llegan con tan pocos votos y otros sin ninguno, para hacer tan poca cosa. Lo mismo vale para tantas altas cortes que, sin embargo, no le garantizan al país una mejor justicia. Además, no hay ministerio ni instituto descentralizado que parezca imprescindible; los entes autónomos como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, están casi siempre politizados y las embajadas son escampaderos de los políticos; para diplomacia, las Farc. Si la democracia es división de poderes y contrapesos entre ellos, aquí ya no es bienvenida.

Como si fuera poco, la gente está cansada de que los traten como a borregos que se dejan llevar al matadero con los ojos cerrados; de que la democracia sólo  consista en votar y nada más, para que luego los elegidos tomen decisiones inconsultas, cuando no malignas, o  se dediquen a devengar sin hacer nada para remediar los males de sus electores. La democracia participativa es una ilusión y el acto de sufragar es entendido como un artificio que le da apariencia de gobierno popular o de poder popular a lo que es un poder hegemónico, oligarca o plutócrata. Si la democracia es el voto, aquí que se lo ahorren, la gente prefiere dormir hasta tarde.

La inclinación por la eficacia y la fuerza se pone de manifiesto en aquellos pueblos donde la guerrilla o los paramilitares gobiernan a sus anchas, con mano de hierro: sus castigos son aceptados, acatados y hasta aplaudidos por la comunidad. Mientras la justicia oficial es inoperante, a los violentos no les tiembla la mano para eliminar viciosos, cerrar cantinas o castigar a un marido que golpea a su mujer. Esas decisiones no son legítimas pero son prácticas y para la gente son justas. No ocurre lo mismo con  una justicia plagada de leyes inútiles y actuaciones que desdicen de su propia esencia. ¿Cómo entender que a un pobre vigilante se le pretenda condenar a diez años de prisión por la pérdida de un estilógrafo mientras que a Royne Chávez, jefe de seguridad de Andrés Pastrana, apenas le imponen 42 meses de prisión por apropiarse de más de 1.500 millones de pesos?

No es difícil comprender que en un medio violento, la gente exija que las autoridades sean fuertes. Mucha gente recuerda al dictador Gustavo Rojas Pinilla como una figura positiva para el país, que puso freno a la violencia bipartidista y ejecutó más obras públicas que cualquiera de los presidentes de la Nación. Similar es el caso de Pinochet en Chile; por más que lo acusen de violar los derechos humanos, muchos le reconocen el progreso económico de ese país y le aplauden el haber evitado que se convirtiera en otro enclave comunista. Gran fervor despertó Fujimori hace unos años al acabar con las guerrillas del Perú y cerrar un Congreso corrupto y ocioso. En contraste, los malos gobiernos en la historia de Latinoamérica abundan, contribuyendo a reforzar la idea de que la democracia no es más que un pretexto de los corruptos para apropiarse de los recursos  de un país. Esa es  la impresión que prima al analizar la horrenda figura del Frente Nacional en Colombia (1958-1974). Al tenor de nuestra realidad, prospera la sensación de que una leve tiranía podría ser mejor que una engañosa democracia.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 25 de abril de 2005 (www.elmundo.com).

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Posted by Saúl Hernández

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