Si la Corte ignora lo jurídico y privilegia un dictamen político, el pueblo podría hacer lo mismo en su calidad de soberano, votando por Uribe.
La política colombiana se volvió a agitar cuando el senador Mario Uribe Escobar —primo del presidente Uribe— anunció que votará por la reelección del primer mandatario aun si la Corte Constitucional se pronuncia en contra por razones de fondo y no de forma, como le corresponde. La tesis no es nueva, ya la había planteado el columnista Mauricio Velásquez en El Colombiano (marzo 15 de 2005), afirmando que si el Constituyente Primario vota por el presidente Uribe, saltándose la decisión de la Corte, habría Uribe por otros cuatro años porque el pueblo es el soberano y está por encima de cualquier corte; como quien dice, «gaseosa mata tinto».
Este aparente ‘golpe’ es, en realidad, un autogolpe de la Corte Constitucional porque lo que ésta pretende hacer es abrir la puerta de los sustos. Ella misma se inventó, mediante sus propias sentencias, atribuciones sobre la Constitución que ésta no le confiere, basándose en los conceptos de teóricos del derecho constitucional como Lowenstein, Ferraioli y Peña, entre otros, y de azuzadores internos como López Michelsen y José Gregorio Hernández, quienes afirman que las reformas en aspectos fundamentales sólo pueden realizarse a través del constituyente primario mediante referendo o delegación en una asamblea constituyente. La Constitución colombiana no dice nada ni parecido; por el contrario, señala que ella puede ser reformada por el Congreso (la natural representación del pueblo) sin establecer ningún límite específico (art. 374).
Sin embargo, la Corte Constitucional se ve a sí misma posibilitada a transformar la Carta Política con sus interpretaciones amañadas y a veces delirantes, al igual que a impedir las reformas tramitadas por el Congreso en este caso y, en el futuro, nada raro es que se atreva a impedir las reformas untadas de pueblo. Todo esto lo agrava el hecho de que tal tribunal está conformado por nueve miembros nombrados no por el pueblo sino por el Congreso mismo, en un proceso viciado de corrupción y politiquería. Y no se entiende cómo es que en un país donde la izquierda es casi inexistente —apenas el 5% es de extrema izquierda de acuerdo con reciente estudio de la Universidad de Michigan— la mayoría de los miembros de esta Corte sean izquierdistas declarados que como tales se pronuncian en sus sentencias.
La tesis de Velásquez —ahora recogida por Mario Uribe— sostiene que si la Corte ignora lo jurídico y privilegia un dictamen político, el pueblo podría hacer lo mismo en su calidad de soberano, votando por Uribe: «…pues como estamos en la era de que lo político prevalece sobre lo jurídico y bajo la peligrosa y caprichosa moda de quebrantar el ordenamiento jurídico, bastaría con que el día de las elecciones se depositen la mayoría de votos por Uribe…».
En realidad eso no es nada nuevo. La Asamblea Constituyente de 1991 fue convocada por el presidente de entonces, César Gaviria, con base en un mandato muy dudoso que se denominó la ‘séptima papeleta’, lo cual no fue más que un arrebato estudiantil para incluir en los comicios electorales de ese año una tarjeta electoral en la que se pedía una asamblea que redactara una nueva Constitución. A la gente le vendieron la idea de que echando esa papeleta en la urna se arreglaba el país y mucha gente lo hizo porque ni le estorbaba ni le valía nada, pero nunca se supo cuánta gente votó la ‘séptima papeleta’ ni tenía un umbral que la malograra como el Referendo de Uribe, enterrado por un umbral lleno de muertos, de militares, de presos, de gentes que no habían recibido su cédula…
De espaldas y con los ojos vendados nos metieron una Carta Política que es un esperpento, que no se salva ni siquiera con los alcances publicitarios de la Acción de Tutela, un recurso que no es exitoso por salvaguardar unos derechos fundamentales sino porque obliga a nuestra paquidérmica Justicia a emitir el fallo con el cronómetro en la mano, logro que se habría conquistado cambiando un articulito, igual que ahora, cuando el 70% de los colombianos queremos que se cambie un articulito a la vista de todo el mundo no porque Uribe sea el Mesías sino porque es un buen presidente, porque no se ve quién pueda remplazarlo con lujo de competencia y porque dos periodos no constituyen ningún exceso, ni dictadura alguna ni el tal fujimorazo que las malas lenguas presagian.
Por algo será que en tan honorable Corte hubo trifulca cuando su presidente, Jaime Araujo Rentería, de manera muy loable, propuso que la votación de este tema, la reelección, fuera pública. A sabiendas de que un potaje muy turbio se quiere cocinar allí, de espaldas al país, no tuvo presente el magistrado un viejo aserto popular: «Cría cuervos y te sacarán los ojos».
