Telecom se privatizó hace muchos años cuando atendía tan sólo a las corruptelas políticas y a las pretensiones sindicales mientras esquilmaban a los colombianos con sus altísimas tarifas.
En lo referente al delicado tema de las privatizaciones, es una norma tácita el que tales procesos no deberían ejecutarse en entidades que sean rentables, viables, de alto interés social o de vital importancia nacional. A decir verdad, Colombia Telecomunicaciones (Telecom) apenas cumple medianamente el requisito de la rentabilidad, pero no es viable a futuro ni cumple una función social imprescindible ni es una empresa estratégica para la Nación. Es más, muchos detractores del llamado neoliberalismo aceptan de manera abierta que esta y las demás empresas de telecomunicaciones deberán conseguir un poderoso socio estratégico para sobrevivir o de lo contrario perecerán arrastrando la pérdida patrimonial que ello significaría.
El señor Contralor General, Antonio Hernández Gamarra, ha asumido una posición hipócrita al tratar de hacer ver el negocio de Telecom con el magnate mexicano Carlos Slim como una venta «a precio de quema». Olvida Hernández Gamarra los intentos fallidos de fusionar a Telecom con empresas telefónicas locales y la expresa dificultad de ofrecerla en mercado abierto con el lastre de una enorme carga pensional: 16 mil 300 pensionados y un pasivo de 7 billones. No por sustraerse a una licitación pública, un negocio es oscuro. Por el contrario, la realidad demuestra cotidianamente que las licitaciones no son la panacea para combatir la corrupción y éste, en particular, es un caso en el que el Gobierno debe tomarse la molestia de dejar la empresa en las manos de quien sí pueda garantizar su permanencia en el tiempo, su presencia en todo el territorio colombiano y el pago a los pensionados. Eso es lo que debiera preocupar al Contralor.
Ahora, entrar a decir si se sobrevaloró en libros a una de las empresas (Telmex) en detrimento de la otra (Telecom), es un reclamo recurrente en este tipo de operaciones; se dio en los casos de las fusiones del Banco Industrial Colombiano y el Banco de Colombia, de los almacenes Éxito y Cadenalco, de las aerolíneas Avianca y Aces, etc. En unos casos es cierto y en otros no. En el caso de Telecom habría que averiguar si alguien daría más de lo que está dispuesto a dar Slim, porque el valor en libros es una cosa y la realidad del mercado es otra.
Si bien es cierto que la llamada ‘asociación’ entre Telmex y Telecom parece más una privatización, una venta en la que se entrega todo el control a Slim, estamos de acuerdo con quienes aducen que Telecom se privatizó hace muchos años cuando atendía tan sólo a las corruptelas políticas y a las pretensiones sindicales mientras esquilmaban a los colombianos con sus altísimas tarifas. ¿Cómo puede ser posible que nuestra medallista de oro en Sydney, María Isabel Urrutia, haya sido pensionada por Telecom a los 36 años de edad gracias a esa ‘conquista sindical’ que consiste en considerar como de ‘alto riesgo’ el cargo de telefonista? Esa es sólo una de los centenares de pensiones anómalas que enajenaron una empresa que era de todos los colombianos y la llevaron a liquidación en 2003, después de que el Estado tuvo que inyectarle capital para mantenerla con vida artificial.
Ahora, si el negocio con Telmex es tan malo ¿cómo se explica que las telefónicas de Bogotá y Medellín hayan reclamado participación en él? ¿Cómo se explica que surja la posibilidad de un negocio similar entre éstas y la multinacional española Telefónica? Hasta Lucho Garzón, el alcalde de Bogotá que antaño fuera un duro líder sindical, reconoce que estas asociaciones, fusiones, privatizaciones o como se las quiera llamar son la mejor opción de las empresas estatales de comunicaciones. Son ingenuos —o todo lo contrario—, quienes creen que la mejor alternativa es fusionar a Telecom con las telefónicas de Bogotá (ETB) y Medellín (EPM). O no quieren comprender que la telefonía fija no tiene futuro y que la telefonía móvil requiere empresas verdaderamente poderosas para no caer en el detrimento patrimonial que parece preocuparle tanto al Contralor o lo que quieren es mantener esas empresas para su propio beneficio.
Con las telecomunicaciones de hoy ocurre algo similar que con la exploración petrolífera: no es sensato exponer el capital público a una operación costosa y riesgosa. La experiencia de Ola (Colombia Móvil) lo demuestra. Además el hecho de que todos quieran entrar en la onda del teléfono móvil no quiere decir que sea un servicio público ‘esencial’ cuya prestación corresponda al Estado. Basta con que éste lo regule bien y así pueda dedicar mayores esfuerzos a tareas verdaderamente importantes.
Sin embargo, queda por señalar un riesgo en estos movimientos. Si EPM, ETB y Telecom se unen para conseguir o no un socio internacional, se crearía un verdadero e indeseable monopolio. Si el negocio Telmex-Telecom se hace como está pactado, EPM y ETB se verían obligadas a una alianza con un socio como Telefónica pero no podría firmarse en los mismos términos porque estas empresas no están en la situación incómoda de Telecom, aunque ningún socio internacional hará un negocio en el que no tenga el control total. Ese es un dilema que los alcaldes de esas dos ciudades tendrán que resolver.
Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 19 de septiembre de 2005
