La sinrazón de la desmemoria

Lamentablemente, las guerras cuestan muchos recursos y la sangre de muchos soldados pero no se puede ceder ante coletazos desesperados y cobardes.

Los recientes ataques de las Farc que han cobrado la vida de más de  40 soldados en Iscuandé (Nariño), en Putumayo y en Mutatá (Antioquia), han dado pie para que muchos contradictores del actual Gobierno se vengan lanza en ristre contra el mayor logro del presidente Uribe como es la llamada ‘seguridad democrática’. Olvidan algunos el panorama de hace poco menos de tres años cuando las carreteras le pertenecían a las Farc, cuando cerca de 500 alcaldes —casi la mitad del total— gobernaban por teléfono desde las capitales de departamento; cuando en 300 poblaciones no había Fuerza Pública; cuando cada dos o tres semanas las Farc tumbaba un pueblo a punta de bombazos; cuando los barrios marginados de las principales ciudades se habían vuelto guetos de las guerrillas…

Ahora los desmemoriados pretenderán que todos olvidemos también la cantidad de secuestros y asesinatos de aquellas épocas, o que creamos que las estadísticas actuales no son ciertas. En 2003 bajaron significativamente todos los índices de violencia y en el 2004 la tendencia se reafirmó. Los homicidios bajaron en un 15%, las masacres cayeron en un 52%, el secuestro se redujo un 35%, el desplazamiento forzado bajó un 37%, el terrorismo ha bajado en más del 70% en comparación con el 2002. En Medellín, por ejemplo, una ciudad que llegó a tener índices de más de 300 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes —más de 6 mil asesinatos al año—, apenas hubo 1.300 muertes violentas en 2004, y esa es una tendencia nacional que tiene origen en las políticas del actual gobierno.

Dice el analista Alfredo Rangel Suárez de la Fundación Seguridad y Democracia, que en lo corrido del actual gobierno se han presentado más ataques de las Farc a la Fuerza Pública (alrededor de 900), que en todo el cuatrienio de la administración Pastrana y que por eso debería revisarse la política de seguridad. Pero se olvida Rangel de que antes del 7 de agosto de 2002 los ataques de la guerrilla eran contra la población civil y que las Fuerzas Militares y de Policía estaban metidas en sus cuarteles, las Farc actuaba a sus anchas. Lo dice en palabras textuales Carlos Plotter, el guerrillero más importante de las Farc de los que se han desmovilizado por voluntad propia: «Uno ya vive tensionado a toda hora. Con Pastrana como en un año y medio peleamos dos veces, ahora casi todos los días». (Revista Semana, Ed. 1112, Agosto 22 de 2003).

El éxito de la seguridad democrática es incuestionable porque «es indudable que hoy hay menos delitos, o que la gente se siente más segura. Y este hecho por sí sólo explica la popularidad interna y la reputación mundial del presidente Uribe», a decir de Hernando Gómez Buendía, contradictor del Gobierno (Revista Semana, Febrero 13 de 2004). Por eso, cuestionar sus resultados por unos reveses que a todos nos duelen pero que son inferiores a lo esperado, es una táctica anti reeleccionista y una campaña de desprestigio basada en un tema al que deberá comprometerse cualquiera que desee llegar a la Presidencia. Los colombianos no elegirán a nadie sobre el que pese la menor duda de que ofrecerá seguridad contra el delito común y organizado pero sobre todo contra el terrorismo y el secuestro, que son las actividades predilectas de las guerrillas.

El debate, si es que debe haber uno, debería girar más bien en torno de la necesidad de reforzar las áreas donde las fuerzas paramilitares efectivamente se están desmovilizando que es hacia donde las Farc ya están enfilando de nuevo a sus hombres. El caso de Mutatá es un grave campanazo de alerta porque constituye el intento de retomar el control de Urabá, región de gran importancia geoestratégica por su cercanía con Panamá, con las selvas chocoanas y el santuario paramilitar del nudo de Paramillo y las sabanas de Córdoba, además de su riqueza agroindustrial por la explotación del banano.

Que los frentes 5 y 34 de las Farc se organicen en torno del Cañón de la Llorona, puerta de entrada al Urabá, es un hecho preocupante y lo es más el que se haya incautado la semana anterior un arsenal y material de intendencia para mil quinientos hombres. Eso demuestra que las Farc ya pasaron de las intenciones a los hechos y que, como era de suponerse y a pesar de considerarse como un proceso útil y necesario, la desmovilización de los paramilitares debería ser una consecuencia de la desmovilización de las guerrillas y no al revés. Si el número de efectivos de las Fuerzas Armadas no se incrementa en idéntica o superior cantidad a la de los irregulares desmovilizados para ocupar las regiones que éstos han dejado —vaya a saberse con qué recursos—, se terminará cediéndole el control a las guerrillas y obligando a los paramilitares a rearmarse, echando el proceso por la borda, pues ni son bobos ni son monjas de la caridad.

E inimaginable sería el panorama desmontando la acertada política de seguridad del presidente Uribe. Lamentablemente, las guerras cuestan muchos recursos y la sangre de muchos soldados pero no se puede ceder ante coletazos desesperados y cobardes. Y quiera Dios —si la Corte Constitucional hace lo que se apresta a hacer: declarar inconstitucional la reelección— que al próximo presidente no se le ocurra desmontar el aparato de seguridad por petición de una docena de despistados: el camino correcto está trazado y ahora hay que andarlo hasta el final.