Ocho años secuestrados por las Farc, merecen que se haga un esfuerzo por ellos.
La guerrilla de las Farc ha supeditado el tema del mal llamado ‘intercambio humanitario’ al despeje de dos municipios enteros por parte de las fuerzas del Estado: Pradera y Florida, en el departamento del Valle, con el inconveniente de que el presidente Uribe rechaza las zonas de despeje. Ahora que tres países amigos —España, Francia y Suiza— lanzaron la propuesta de servir como garantes en el establecimiento de un área de confianza en Pradera quedará claro que el problema no es de sitio sino de voluntad, pues las Farc no quiere liberar a los retenidos.
El corregimiento de El Retiro, en Pradera, tiene 180 kilómetros cuadrados en los que es habitual la presencia guerrillera, espacio más que suficiente para poner una mesa si se considera que en el municipio más pequeño del país —Sabaneta, Antioquia— habitan 40 mil personas en un área de 15 kilómetros cuadrados. En El Retiro, los tres países situarían a sus veedores cuidando de que sus límites no sean traspasados por fuerzas del Estado ni por insurgentes de derecha o izquierda. Igualmente harían un acompañamiento a los negociadores de la guerrilla tanto en el ingreso y salida del área como en su estadía dentro de la misma para generar la confianza que la guerrilla reclama al exigir el despeje de los dos municipios completos.
No obstante, no hay ni la más mínima probabilidad de que las Farc acepten la propuesta tal y como está planteada. El cinismo de los subversivos es tal que ya en su página de Internet hacen burla de la propuesta de los tres países y la consideran como un acto de campaña de la reelección del presidente Uribe. Aducen que el ofrecimiento no es confiable y que enviar delegados sin fusiles es condenarlos a una muerte segura.
A muchos se les habrá olvidado ya el degradante y triste espectáculo que protagonizó en varias ocasiones el presidente Andrés Pastrana en visitas al Caguán, huérfano de toda seguridad en medio de una horda de terroristas. Era la cabeza visible del establecimiento en las fauces del lobo. Muchas otras personalidades del país también confiaron y asistieron al Caguán. Sin embargo, la guerrilla quiere fundamentar la imposibilidad del encuentro en la supuesta inseguridad de unos delegados de tercera categoría dentro de una zona de nutrida presencia guerrillera que les sirve de corredor de tránsito hacia el Pacífico y de espacio de movilidad habitual entre los departamentos de Tolima, Valle, Cauca, Caquetá y Huila.
Mucho se ha especulado sobre los motivos de las Farc para insistir en el despeje de estos municipios. Se ha dicho que les permitiría sacar coca hacia el litoral, que tienen guacas de dinero por rescatar, que necesitan movilizar secuestrados retenidos en el área o que algunos cabecillas, tal vez enfermos, llevan mucho tiempo sitiados por la fuerza pública en esos parajes. Todas esas hipótesis podrían ser ciertas como también ninguna. Es muy probable, más bien, que las Farc haya hecho un acertado análisis de las políticas del actual gobierno, específicamente de la decisión de no tolerar despeje alguno, y haya encontrado en ello el obstáculo necesario para no ceder en su intención de no liberar a nadie.
En el fondo, el área de ‘seguridad’ es una zona de despeje aunque más pequeña que la que reclama la guerrilla. Eso hace pensar que no es del todo imposible que el Gobierno despeje los dos municipios en un momento dado, lo que sería útil sólo para poner de manifiesto de nuevo que el canje es un costal de anzuelos que al país le es difícil digerir: la guerrilla pretende intercambiar 60 rehenes por 500 delincuentes presos en las cárceles del país; no incluye los miles de secuestrados por razones económicas ni admite compromisos para cesar esta cruel actividad; pretende que sus hombres regresen a filas para seguir sus actividades terroristas y hasta exige la repatriación de guerrilleros extraditados.
El 21 de diciembre, los cabos Libio Martínez y Pablo Emilio Moncayo cumplen ocho años de secuestro por parte de las Farc, y como todo en la vida tiene un límite es hora de que el país se pregunte si es hora de ceder o no, de despejar a Pradera y Florida antes de que estos hombres cumplan diez años de secuestro y olvido, o de pasar la página de una vez por todas y condenarlos a su propia suerte.
Publicado en el periódico El Sentinel de La Florida, el 31 de diciembre de 2005 (http://www.elsentinel.com).
