Salario mínimo y pobreza

¿Incrementar el mínimo es una medida estructural de lucha contra la pobreza?

En medio de la negociación sobre el salario mínimo se ha abierto una álgida polémica con respecto a que la recuperación económica del país sólo favorece a los ricos y los índices de pobreza se mantienen iguales o peores. Los líderes sindicales exigen que en la discusión sobre el mínimo se incluyan pactos para congelar precios de la canasta familiar, educación, salud y gasolina; mientras que el precandidato liberal Horacio Serpa ofrece duplicar el salario mínimo en los cuatro años de su hipotético gobierno.

Sí, en teoría Serpa tiene razón: los ingresos de los trabajadores rasos no se emplean en comprar carro nuevo ni televisores de plasma y mucho menos en paseos a Miami; son recursos que irrigan la economía, que se usan para comprar productos básicos de la canasta familiar y pare de contar. Duplicar el mínimo tampoco alcanzaría para nada superfluo, favoreciendo la producción interna. Sin embargo, lo que se da en la práctica es algo muy distinto: los empleadores ven incrementarse sus costos laborales y los trasladan al costo de los productos de tal manera que sobreviene un proceso inflacionario que termina por comerse la capacidad adquisitiva del aumento salarial. Eso con el agravante de una pérdida mayúscula de competitividad pues nuestros salarios son altos en comparación con otros países y nuestros productos costosos.

Serpa conoce muy bien esos efectos, sabe que la salud de la economía no se alcanza por decreto, pero sabe también que ese tipo de promesas ilusionan a mucha gente que terminará votando por él, completamente engañada. Es lamentable que los políticos prometan cosas tan inverosímiles en vez de idear alternativas viables.

En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner acaba de firmar un acuerdo con los principales supermercados (como Wal Mart y Carrefour) para bajar en un 15 por ciento el costo de 200 productos de la canasta familiar, involucrando marcas líderes como Coca Cola o Nestlé. Eso permitirá controlar una inflación que va en 12 por ciento en lo corrido de este año y recuperar poder de consumo sobre todo entre los más pobres. En Colombia la inflación está controlada, cerrará en poco más del 5 por ciento este año, pero no sobra que un pacto de caballeros permita congelar precios básicos y favorecer a los más desposeídos.

En materia de servicios públicos es imperativo revisar el esquema tarifario que hace que el costo sea mayor para los estratos bajos que para los altos. Es tan inequitativo el ingreso en Colombia que los estratos 1, 2 y 3 emplean hasta el 12 por ciento de sus bajos ingresos para pagar lo poco que consumen mientras que en los estratos 4, 5 y 6 dedican sólo el 5 por ciento de sus ingresos para pagar sus cuentas, a pesar de que a menudo son bastante altas.

Cualquier esfuerzo en materia de salud y educación es vano si no se ataca con decisión el problema del crecimiento poblacional en los sectores marginados. La tasa natal entre los pobres es casi el doble que entre los sectores más favorecidos y eso sólo trae pobreza, ningún niño trae un pan bajo el brazo. Es imposible romper los altos índices de pobreza sin detener la rata de crecimiento poblacional y mientras muchos políticos crean que eso se soluciona con comedores comunitarios. Es importante combatir la desnutrición pero cuando esta política asistencialista no es un paliativo acompañado de una gran estrategia sino la estrategia en sí, estamos ante un desastre.

El actual gobierno es muy criticado por olvidarse de lo social y emprender reformas que, en busca de mejorar la competitividad, «sólo favorecen a los ricos». Muchos creemos que es necesario advertir al gobierno sobre el aumento de las desigualdades y exigir políticas muy puntuales para no ahondar la brecha pero la única manera de reducir visiblemente la pobreza implica un plan  muy serio a 20 ó 30 años en el que todos tendríamos una gran cuota de sacrificio para la cual no estamos maduros, y  mucho menos  esos políticos que todavía buscan rentabilidad en las promesas tontas.