Mucho ruido ha generado el estallido de la semana anterior en Bogotá.

Nadie debería mostrarse sorprendido por la reacción  del presidente Uribe tras el atentado a una de las sedes militares más custodiadas del país, en Bogotá. No puede causar sorpresa que Uribe responsabilice con premura a las Farc luego de estar acostumbrados, los colombianos, a los desplantes de los subversivos, a su cinismo, a su atrevimiento. Pero hay razones para pensar que el Presidente debió ser más prudente y esperar con cautela el resultado de las investigaciones. Cabe recordar que la premura de José María Aznar para señalar a los autores de los atentados en los trenes de Madrid, el 11 de marzo de 2004, le costó al Partido Popular la derrota en las elecciones tres días después.

Si las Farc puso la bomba en el Cantón Norte ello sería muestra de un grave nivel de infiltración en las Fuerzas Militares por parte de los sediciosos. Si no fueron ellos, el asunto es más grave. El atentado podría deberse a las denominadas ‘fuerzas oscuras’, que estarían interesadas en evitar diálogos de paz —incluyendo el ‘intercambio humanitario’—  con los grupos de extrema izquierda; podría ser una respuesta a los debates en el Congreso y a las investigaciones que la Fiscalía viene haciendo en contra de políticos involucrados en el paramilitarismo, según se desprende de información hallada en el computador de alias ‘Jorge 40’; podría provenir de algún sector de los paramilitares que no ha entrado al proceso de desmovilización y en el que tienen asiento narcotraficantes puros; o, peor aún, podría ser un falso atentado perpetrado por ovejas negras del Ejército, acusadas de preparar montajes con el fin de ganarse el dinero de las recompensas.

Que un hecho de esta naturaleza se haya presentado en la sede militar más custodiada del país, en las barbas del general Montoya, Comandante del Ejército, y de medio centenar de oficiales de alto rango, hace pensar no en una falla de seguridad sino en un preocupante contubernio entre algunos militares corruptos y delincuentes, cualquiera sea su especie. Y lo extraño es que si las Farc hubiera entrado la bomba sería de esperar que se tratara de una de alto poder y no esa que apenas dejó destrozos materiales. Se hacen toda clase de conjeturas para concluir que los militares se salvaron porque se retrasó su agenda de actividades pero también se podría inferir que si de causar muchos muertos se tratara los criminales podrían haberla detonado a control remoto en el momento indicado.

Las Farc están realmente urgidas de aparentar un interés de dialogar, con el objeto de que se reduzca la presión militar que las está asfixiando. Para eso conservan en su poder a esos secuestrados que no desean liberar a cambio de dinero sino de beneficios militares o políticos. Esta guerrilla no se ha caracterizado propiamente por tener tacto y buen tino pero es casi de no creer que no sospecharan que un acto de esta naturaleza suscitaría una fuerte reacción por parte de un Presidente que no se va por las ramas.

Pero, suponiendo que sí fueron las Farc, la izquierda alega que eso no era motivo válido para cerrar la puerta del intercambio, que han sucedido cosas peores en el proceso de paz con los paramilitares sin que el Gobierno se haya inquietado. Denuncian que los ‘paras’ han asesinado a tres mil personas desde que comenzaron su desmovilización y que no han dejado de traficar con narcóticos, pero durante los diálogos del Caguán, las Farc siguieron su camino de muerte, secuestro, extorsión, terrorismo, narcotráfico y destrucción sin que la izquierda se pronunciara; por el contrario, su llamado era a persistir, consentir y dispensar.

Ahora, si el atentado fue usado por Álvaro Uribe como un pretexto para no negociar con las Farc, no era necesario. Uribe fue elegido y reeligido para vencer a las guerrillas y no para transigir con ellas. Además, el primer mandatario lleva casi tres meses haciéndole guiños a la subversión sin que se haya avanzado un centímetro. Los hechos son tozudos y demuestran hasta la saciedad que la única alternativa de los secuestrados es el rescate militar.

En palabras de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, (El Espectador, mayo 11 de 2003) el Estado tiene la obligación de buscar el rescate de los secuestrados, de no ceder a demandas inaceptables ni permitir que esto se vuelva un círculo vicioso. Los familiares de los secuestrados deberían entender de una vez por todas que es a las Farc a quien le deben exigir insistentemente que libere a sus seres queridos sin contraprestación y dejar de presionar a un Estado que no puede ceder a cualquier cosa.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 30 de octubre de 2006 (www.elmundo.com). 

Publicado en el periódico Diario Las Américas de Miami, el 14 de noviembre de 2006 (http://www.diariolasamericas.com/).

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Posted by Saúl Hernández

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