No sobran las precauciones porque las consecuencias de una escalada de asesinatos y secuestros pueden ser adversas para todos.

A decir de muchos, el ambiente electoral se ha enrarecido en los últimos días. A las denuncias sobre corrupción en el DAS, se suman el asesinato de 18 concejales por parte de las Farc, la muerte del sindicalista Jaime Gómez, el asesinato de la hermana del ex presidente Gaviria y el secuestro de un hijo del congresista Oscar Tulio Lizcano, quien está también secuestrado, en manos de las Farc, desde hace seis años.

Los hechos son inconexos pero la oposición, en general, aprovecha cada situación no sólo para desvirtuar el programa de seguridad de la actual administración sino para señalar directamente al Gobierno como supuesto responsable de actos criminales. Esa sindicación, además de temeraria, es vil y despreciable porque si la vida de algún candidato corre peligro es, ni más ni menos, que la del Presidente de la República y porque si alguien no necesita de componendas y montajes para ganar votos es el primer mandatario, quien va en pos de su reelección con un inmenso respaldo popular.

Son actores violentos interesados en desprestigiar a Álvaro Uribe quienes están cometiendo actos sistemáticos de barbarie y no al revés; es decir, no hay crímenes de Estado para acallar a la oposición no sólo porque el Gobierno respeta las libertades democráticas (aunque regañe a los medios de comunicación) sino porque la oposición es minoritaria, aquí no existe una dictadura. Y vaya uno a saber si sectores políticos están directamente vinculados a los hechos de violencia.

El caso de la muerte accidental del sindicalista Jaime Gómez es representativo. Mientras Medicina Legal indica que el experticio científico no arroja señales de violencia homicida en los restos, sus familiares y la senadora Piedad Córdoba aseguran que él fue asesinado, y hacen señalamientos velados a organismos del Estado sólo porque ser opositor los hace ‘intocables’ e ‘inmortales’. El hijo del señor Gómez dice que su padre no pudo tener un accidente porque conocía muy bien el bosque donde murió, porque estaba muy ‘joven’ y porque no habría corrido el riesgo de pasearse por una zona peligrosa. Son puras especulaciones sin fundamento. Los familiares agregan que ya habían buscado a su padre desaparecido en el área donde se halló el cuerpo y que en el mes que duró desaparecido alguien lo habría encontrado. En eso se basa la senadora Córdoba para deducir que su colaborador fue asesinado en otro lugar y para alegar, sin ningún criterio científico, que un cadáver no se convierte en esqueleto en apenas un mes. Ella teoriza que fue torturado y quemado con un ácido mientras que los familiares —fuentes no imparciales ambas— aseguran que encontraron un bidón que olía a gasolina y un sitio con señales de fuego.

Cualquier científico podría explicarles que un cadáver al descubierto es presa inmediata de las aves rapaces, los roedores, los insectos y depredadores mayores que existan en la zona. Si bien es posible la presencia de una mano criminal en su accidente, lo cierto es que un elemento importante en criminalística no cuadra: el modus operandi. Los criminales del país jamás se han tomado tantas mañas para asesinar a alguien que ni siquiera tenía amenazas y que, a menos que haya información que no conocemos, no tenía la menor importancia como para tomarse tantas molestias para que su crimen pareciera un accidente.

Lo mismo ocurre con el crimen de Liliana Gaviria del que apresuradamente han corrido a señalar a los paramilitares. En realidad, narcos, guerrilleros y paras no suelen comisionar novatos para una misión de esa importancia, donde el objetivo era el secuestro y no el asesinato como se desprende del hecho de que a la señora se la llevaron en un vehiculo, un vehiculo en regulares condiciones mecánicas y que no era robado como se estila en estos casos, lo que tendrá que arrojar pistas importantes. Como si fuera poco, el escape se hizo por un callejón sin salida donde abandonaron el cadáver y el vehiculo. Sólo delincuentes comunes cometerían tan evidentes errores.

Los hechos, no obstante, le sirven a la oposición para demeritar al Gobierno y restarle intención de voto. La estrategia es tan efectiva que, en el último mes, Uribe cayó ocho puntos en una de las encuestas. Los crímenes de la guerrilla son peores y no reciben claro repudio de la oposición: el candidato de izquierda, Carlos Gaviria, dice que las Farc no son terroristas. Que le explique eso a las familias de los concejales asesinados, a los miles de mutilados con minas quiebrapatas y a los fieles católicos ahora que se acaba de recuperar el cadáver del sacerdote Javier Montoya, fusilado por las Farc tras secuestrarlo en noviembre de 2004.

Claro que no sobran las precauciones en esta época preelectoral porque las consecuencias de una escalada de asesinatos y secuestros pueden ser adversas para todos.

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Posted by Saúl Hernández

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