Juan José García P. – El Colombiano
Si la equidad no fuera una ilusión sino una realidad en este país que el barroquismo constitucional cataloga como Estado Social de Derecho, los representantes a la Cámara deberían declararse impedidos para beneficiarse con los portátiles superlujosos que han venido negociándose y más bien podrían matricularse en un programa como el de Computadores para Educar, mediante el cual recibirían equipos de segunda, donados por empresas privadas y del sector público, en condiciones análogas a las de los colegios, escuelas y casas de la cultura inscritos en ese plan que viene realizando desde hace cuatro años la Presidencia de la República.
Si la austeridad fuera regla de oro inflexible en el ejercicio de funciones públicas, todos los funcionarios deberían abstenerse de adquirir descrestadores equipos portátiles con recursos del Estado y más bien podrían ahorrar por su cuenta, como nos toca ahorrar a los colombianos comunes y corrientes, para satisfacer la necesidad, el capricho o el antojo de tener computadores dotados con tecnología y programas de software de última generación.
De ningún modo se trata de desconceptuar el plausible programa de Computadores para Educar, que de acuerdo con la información contenida en la página web de la Presidencia de la República tiene para este año 2006 la meta de entregarles a más de mil instituciones educativas unos 18.000 equipos reacondicionados, gracias a la aportación altruista de muchas empresas que han renovado su dotación informática. «Acumulando estas cifras con las obtenidas durante años anteriores (dice la información), para finales del año 2006 el Programa Computadores para Educar habrá recibido un total de 120.484 computadores donados, con los cuales habrá beneficiado más de 6.400 instituciones educativas».
¿Pero por qué, si se pretende que una sociedad sea igualitaria, un colegio, una escuela pública, una casa de la cultura, tienen que conformarse con que les regalen computadores reciclados, que, así sean sometidos a eficientes trabajos de reacondicionamiento seguirán exhibiendo la condición de segundazos, mientras un centenar de ungidos por la democracia para actuar en el servicio público (¿qué es aquí el servicio público y a quién le sirve el servidor público?) sí puede exigir artefactos de primera categoría, a precios a todas luces superiores a los del comercio y con una erogación cuantiosa de dinero succionado del erario?
Es muy probable que en el curso de tres o cuatro días ya nadie vuelva a hablar del escándalo de ayer, el de los cien computadores portátiles. Así pasa en este país en donde todo pasa y no pasa nada. Entre otros motivos, sucede así, prevalece la amnesia colectiva, porque tal vez el negocio de los portátiles al final no se califique de negociado (y como tal ilícito), sino como una transacción hecha con todas las de la ley, mediante el cumplimiento de todos los requisitos formales y el diligenciamiento de todos los formatos posibles para certificar calidad. Donde lo legal predomina sobre lo ético, donde el formatismo procedimental y el formalismo positivista sustituyen la moral pública, todo acaba por quedar cobijado con el manto inconsútil de la impunidad. Todo vale mientras ostente la apariencia de legalidad: «Lo que no está jurídicamente prohibido, está legalmente permitido».
De ahí que, entonces, los escándalos de hoy eclipsen los de ayer y los de mañana oculten los actuales, en sucesión que ha de ser interminable mientras sean tan frágiles la ética y la moral pública, mientras el conflicto entre lo legal y lo ético siga resolviéndose en todos los ámbitos a favor de los comediantes del leguleyismo y mientras, además, desde los medios periodísticos se interrogue por lo superficial, por lo visible, pero no se vaya al núcleo puro y duro de los hechos: Debería importar mucho más, por ejemplo en el caso de los computadores, indagar para qué un congresista necesita un portátil, en qué va a utilizarlo, por qué tiene que ser de la más avanzada tecnología y si sabe manejarlo o no, cómo se justifica semejante negocio, mucho más, digo, que preguntar si el contrato ha tenido legalidad formal o no.
En una sociedad equitativa, el concepto de igualdad ante la ley lleva implícito el reconocimiento de que son iguales los padres y los hijos de la patria. La cuestión, como decía un pensador humorístico, está en que hay unos más iguales que otros? Todos, hijos y padres por igual, deberían educarse con los mismos computadores. Pero mientras unos son para educar los otros son para deseducar con el mal ejemplo, con el ejemplo perverso.
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