La reforma tributaria tambalea entre tan diversas opiniones que han terminado por desfigurarla, ya no será integral ni estructural ni regresiva ni nada. Tal vez se quede en el camino.

Una de las cosas más aburridoras y que se ha vuelto tema de todos los años en la política colombiana es la reforma tributaria. Una buena reforma debería implicar la cancelación de tan triste espectáculo año tras año pero ese parece ser un sueño imposible ante el crecimiento desaforado en el gasto del Estado, gasto que crece sin parar por cuenta de tanta y tan costosa politiquería, y porque los imprevistos también viven disparados. ¡Y lo que vendrá!

El derrotado Referendo del presidente Uribe propuso la salomónica decisión de recortar las pensiones de los altos funcionarios del Estado a un máximo de 25 salarios mínimos. Hoy es un tema olvidado que nos cuesta un ojo de la cara por el creciente número de ex funcionarios que el Estado pensiona durante largas décadas a costos exorbitantes. Colombianos que carecen de escrúpulos hacen cualquier clase de trampas para adquirir derechos a los que no tienen derecho (valga la redundancia) y muchos de estos ‘cuchitos’ contraen nuevas o segundas nupcias antes de morir, con damas que podrían ser sus hijas o sus nietas, quienes se hacen acreedoras a las pensión del ‘esposo’, hasta por cuatro o cinco décadas más.

El tema pensional es igualmente escabroso en las pensiones de nivel medio y bajo. No hace mucho que en empresas del Estado se alcanzaba la pensión con 20 años de trabajo a cualquier edad, incluso con menos tiempo de labor si se consideraban riesgosas las condiciones del oficio. Por eso la honorable representante María Isabel Urrutia obtuvo pensión en la vieja Telecom a los 36 años de edad, con el risible argumento de que el cargo de telefonista es de alto riesgo por afectar la capacidad auditiva del trabajador. Por ley no puede recibir esa pensión mientras sea congresista pero de todas maneras la tiene como miles de colombianos que desangran al Fisco gracias a viejas concesiones de gobiernos irresponsables que no previeron las consecuencias que se verían a futuro.

Es muy fácil criticar la situación de la salud cada vez que vemos en un noticiero que tal o cual hospital está a punto de cerrarse. Nos condolemos con los usuarios y también con los trabajadores. Pero pocas veces los medios informan con el mismo despliegue por qué el hospital se quebró. Eso aparece en el último párrafo de una pesada nota de la sección económica de algún diario, pero la gente no lee, aquí una imagen vale más que mil palabras como reza el proverbio chino. En un hospital de Bogotá que por estos días anda en apuros le deben un año de sueldo a los empleados y resulta que, en promedio, cada uno gana cinco millones mensuales, incluyendo las prestaciones y demás. Eso es insostenible y es la consecuencia de la largueza con la que se han atendido las peticiones sindicales en el pasado. A los altos costos se suman la corrupción y la ineficiencia, y al final todo lo que el Estado debe aún en condiciones anómalas se paga porque este no tiene dolientes. Las reestructuraciones, por ejemplo, valen mucho dinero y toca hacerlas para recuperar en algo inversiones ya perdidas.

Los casos del Seguro Social y Adpostal no admiten mayor análisis, cualquier colombiano con dos dedos de frente advierte las fallas y comprende el porqué de las decisiones de un Gobierno. Aquí, sin embargo, me gustaría compartir una pequeña anécdota que me ocurrió hace unos meses, cuando me enviaron una carta desde una entidad pública en el centro de la ciudad, distante ocho kilómetros de mi casa. El importe de Adpostal costó 1.500 pesos y la carta tardó en llegar doce días. Por una empresa de mensajería cuesta 2 mil pesos y  se tarda un día en llegar. Casos como este demuestran que nuestros impuestos se usan mal, se usan para mantener unos pocos privilegiados que viven del Estado y no para desarrollar estrategias que impulsen el desarrollo y la inclusión de los pobres. El objetivo de los impuestos, únicamente, debería ser el de derrotar a la pobreza y por eso se debería revisar ese abanico de arandelas que componen el programa de gastos de cualquier gobernante pero no tienen mucho sentido: el reinado de belleza, las fiestas del pueblo, la placa polideportiva, el carro del alcalde… Sin prioridades no se puede avanzar.

Las demandas contra el Estado

Pero eso no es nada. A los colombianos nos costará cualquier cantidad de dinero quitarnos el sambenito de las demandas contra el Estado. Aquí todo es demandable y el establecimiento siempre pierde, está condenado de antemano. Muchos servidores de la patria no son más que esquilmadores de oficio o se comportan como tales. El hermano del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, removido de su cargo de notario en el gobierno de Ernesto Samper para permitir un óptimo desempeño de su hermano en la Fiscalía, está ad portas de ganar una demanda por 6 mil millones aduciendo que su destitución no era necesaria ni procedente. Y esto se da precisamente ahora que estamos asistiendo al escándalo mayúsculo de un Superintendente de Notariado y Registro que convirtió —o terminó de hacerlo— una figura social de tal importancia como la fe pública en una mafia lamentable. El espectáculo es peor cuando este delincuente es, ni más ni menos, que hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute. ¿Será que el hermano de un malandrín puede ser una persona honesta? Y resulta que él es presidente de esa corporación justo después de serlo un sujeto inescrupuloso como Julio Gallardo (el del lío de los computadores portátiles), a quien se le quiso dar la oportunidad como un homenaje de soberanía hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia, la tierra que pasó  de ser un idílico paraíso turístico para convertirse en un fortín burocrático en el que la política se practica de la manera más rastrera, como se creía desterrada hace rato en el interior del país.

Volviendo  al tema de las demandas contra el Estado, bástenos mirar las que se tramitan en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, donde se especializan en defender los ‘derechos’ de la izquierda y que sólo beneficia a las víctimas de los paramilitares, jamás a las víctimas de la guerrilla (como si no las hubiera) por cuanto este tribunal aduce que las unas son producto del terrorismo de Estado y las otras son víctimas colaterales del delito político, de disentir, del supuesto derecho que tiene cualquier ciudadano a reformar al Estado y a la Sociedad si la ideología imperante no le gusta, o si le robaron unas gallinas y unos marranos. Esa Corte viene condenando sistemáticamente al Estado colombiano a pagar demandas con el dinero de todos, por acciones cometidas por grupos paramilitares. Esa puerta está abierta  por convenios internacionales que han sido suscritos por el Estado colombiano,  cediéndole soberanía a esta Corte y, en la práctica, reconociendo su  jurisdicción, por así decirlo, hasta tal grado  que sus fallos son inapelables. No cabe duda de que, en un par de años, frente a cantidad de demandas que se vienen en contra de los paras desmovilizados, tocará buscar recursos frescos a través de sendas reformas para pagar las indemnizaciones a que habrá lugar.

No olvidemos tampoco la cantidad de demandas que se pierden en el tema de los contratos de ejecución, mantenimiento y operación de obras públicas. Los concesionarios viales reclaman a menudo indemnizaciones porque el flujo vial es inferior al tráfico garantizado en un periodo de tiempo y los gobiernos corren a pagar esos faltantes. No hay empresa que contrate con el Estado para hacer grandes obras que no tenga un ejército de abogados para buscar el máximo lucro. Por experiencias pasadas, nadie puede estar completamente seguro de que vayan a ser de beneficio para el país la concesión de Eldorado, la venta de la refinería de Cartagena a Glencore o la de Ola a Millicom. El mundo de los negocios es un territorio de fieras salvajes y nuestro Estado se comporta como un burro amarrado, nosotros terminamos siendo los paganinis de malos contratos llenos de cláusulas ventajosas y, lo que es peor, a cambio de nada o de muy poco. Para la muestra, el caso Commsa que a algunos les parece felizmente resuelto. Perdimos diez años de trabajo y el Ministerio dice que la vía que se construirá estará lista en diez años. Esa es una vía fundamental para la capital de la República frente a la globalización y el TLC. ¿Estará lista antes del 2020? Es muy factible que no; por lo tanto, el hecho de que no se hayan perdido las demandas respectivas no significa tampoco que se haya tenido éxito en la resolución de este conflicto.

El impuesto de renta

Pero hablemos propiamente de la reforma que ahora se tramita, sin concluir la enumeración de los desangres por los que se requieren reformitas todos los años. Esta reforma tiene dos aspectos básicos, ambos acerbamente criticados. El primero de ellos es bajar el impuesto de renta de 37.5% a 32. De esto se dice que sólo  beneficia a los ‘ricos’, pero no se tiene en cuenta que el 90% de las empresas de este país están en las categorías de  Microempresas (menos de 10 trabajadores), Pequeñas empresas (entre 11 y 50) y Medianas empresas (entre 51 y 200).  Y lo peor es que cada vez son más las de diez trabajadores que las de 200, para las que se requiere ya un capital muy respetable. La verdad es que las grandes empresas tienen capacidad financiera y recursos de toda índole que les facilitan el pago de un impuesto de 37.5 o uno de 32, mientras que para los pequeños empresarios esos cinco puntos pueden hacer la diferencia entre sobrevivir o desaparecer, con consecuencias funestas para miles de empleos que, de por sí, son muy  precarios en su mayoría.  El Gobierno plantea que esa reducción del impuesto va a incrementar la inversión  y la creación de nuevos puestos de trabajo pero los críticos contestan que las inversiones se van a enfocar a equipos, a modernización y reconversión y muy poco a nuevo empleo. Además argumentan lo anterior porque la reforma plantea una exención en el primer año a las inversiones productivas que pueden ser simplemente un lote de engorde, una bodega o un camioncito. Y como dicen algunos, las buenas intenciones del Gobierno serán insuficientes para impedir que el espíritu de este gravamen se lo pasen por la faja y de la creación de empleos no se vea mayor cosa. Senadoras como Piedad Córdoba y Cecilia López piden a grito herido que se deroguen los decretos de flexibilización laboral que no han tenido, según la mayoría de expertos, el impacto que se esperaba en materia de creación de puestos de trabajo y la medida que podría ser más efectiva, tocar el tema de los parafiscales, es vista con desconfianza.

Hay que ser sensatos: emplear a alguien en Colombia es muy costoso para el empleador y ya es hora de que nos bajemos de esa nube de que el patrono es Ardila Lulle, Sarmiento Angulo o Julio Mario, o bien, que se adopten reglas distintas para el empleo en las Mipymes, porque esa carga del Sena, Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación, podría estar generando un grave mal y muy poco beneficio. Esas entidades pueden sostenerse con las regalías que tan fácilmente se roban en todo el país y dejar que los empleadores aligeren los costos laborales y puedan incrementar de manera efectiva el empleo formal. Si esta reforma tributaria no impacta positivamente la inversión y el empleo, habrá sido el fracaso más grande de la economía nacional en los últimos años y una gravísima derrota para el popular gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Epílogo

En la próxima edición podremos hacer unas consideraciones sobre el Iva, pero al momento de cerrar estas notas he leído una columna del economista Álvaro Montenegro (El Tiempo, 2006-09-19) titulada ‘Barril sin fondo’, en la que argumenta que el presidente Uribe es un mal administrador que necesita más dinero porque la Seguridad Democrática es muy costosa. Pero resulta que la reforma propuesta es neutra, no aumenta el recaudo, y en la reciente ley que aprobó el presupuesto para 2007 no hay un incremento exagerado en Defensa sino que los incrementos son en otros rubros. Cuando un tema se radicaliza de tal manera como para provocar opiniones tan incoherentes, aún viniendo de un experto, es señal de que es mejor archivarlo. Decir que la reforma se necesita para sufragar los costos cada vez mayores de la Seguridad Democrática es una pobre especulación que no tiene más objeto que volverse un torpedo para hundir un barco que está haciendo agua por todas partes.

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario