Un impuesto indeseable se fragua para financiar a la televisión pública.
En su primera campaña a la Presidencia de la República, el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez propuso hacer frente al gigantismo del Estado con medidas concretas entre las que estaba la supresión de la Comisión Nacional de Televisión, un organismo polémico que ha protagonizado escándalos por corrupción y despilfarro, y tan intrascendente como otros que también nacieron al arbitrio de la Constitución de 1991, de la que se están celebrando 15 años de una existencia con resultados muy discutibles.
El presidente Uribe cambió su parecer con respecto a la susodicha Comisión váyase a saber por qué. Y aunque en Política no tiene nada de malo el que se varíen ciertas posturas al amparo de las circunstancias, lo que parece claro es que no hay razón de peso que justifique la supervivencia de ese costoso ente. Por eso, produce grave desconcierto la noticia que trae el semanario El Espectador (julio 2 de 2006) acerca de un impuesto a los propietarios de inmuebles de estratos 4, 5 y 6 para financiar a la televisión pública.
El citado semanario advierte que tal proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Comunicaciones y considerado prioritario por la ministra Martha Pinto de De Hart, tendría el cometido de salvar del naufragio a la Comisión de Televisión porque se está quedando sin recursos después de gastar cerca de medio billón de pesos que ingresaron a sus arcas por la venta de licencias de televisión privada, permisos de operación de televisión por cable y otros conceptos.
El problema que surge es que la Comisión no tiene de dónde sacar recursos frescos para seguir financiando la producción de televisión estatal; es decir, de Señal Colombia y de canales regionales y locales que reciben su apoyo para sobrevivir. Incluso en los canales privados y en el Canal Uno —de propiedad pública pero con operación de concesionarios particulares— se ven con frecuencia sus mensajes institucionales, favoreciendo económicamente a particulares con dineros del Estado, o sea de todos.
Dada esa situación sólo quedan dos caminos: establecer una partida presupuestaria adicional de unas arcas ya de por sí precarias o crear un nuevo tributo entre quienes tengan mayores ingresos para no perjudicar a los menos favorecidos. Para el Uribe que decidió mantener viva una entidad gobernada por cinco comisionados que devengan más de 15 millones de pesos mensuales, esta última opción resultó más conveniente. Es un impuesto que existe en muchos países y que deja a la TV pública en un segundo renglón de prioridades.
No son pocos los que consideran que la televisión pública es vital para un país y su cultura a pesar de su escasa sintonía. El televidente colombiano promedio ve 115 minutos de TV en los canales privados y apenas un minuto largo de Señal Colombia. La creencia es que con grandes recursos se pueden realizar excelentes producciones que compitan con la televisión privada pero eso no parece posible porque la naturaleza de ambas ‘televisiones’ es opuesta; la privada es de diversión y, por ende, frívola y simplista. La TV pública, en cambio, debe ser de educación, divulgación, ilustración, etc., de ahí que sea aburrida y sosa. Si en nuestro medio fuera posible hacer televisión al estilo de Discovery Channel o Animal Planet, los privados ya lo habrían hecho.
No tiene sentido cobrar un nuevo impuesto para que Señal Colombia nos presente los mismos magazines y las mismas entrevistas que otros canales también ofrecen, adobados por ciclos de cine francés o cosas por el estilo. Tampoco es sensato mantener un ente burocrático con el pretexto de preservar nuestra identidad cultural por decreto. Un país debe tener claras sus prioridades y el hecho de tener una televisión cultural para mostrar nuestras costumbres y ‘reconocernos’, a un alto precio, es un lujo que no nos debemos dar. Otro cantar si fuera un canal educativo —que cultural y educativo no es lo mismo— o si nos fueran a pedir un impuesto para financiar a los reinsertados de los grupos ilegales, a los desplazados o a los mutilados por las minas terrestres. Este impuesto terminaría beneficiando tan sólo a unos pocos productores particulares de televisión con la falacia de que la divulgación ‘cultural’ es de amplio beneficio para el país. Mejor, apaguemos el televisor.
Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 10 de julio de 2006 (www.elmundo.com).
