Presionar a la guerrilla y no al Gobierno para la liberación de los secuestrados.
El senador Gustavo Petro dijo -en entrevista con María Jimena Duzán, en el Canal Capital- que las Farc no tienen voluntad de paz sino de guerra y que, en alusión al intercambio humanitario, se requiere humanizar el conflicto sacando del mismo a los civiles. Eso es bueno que lo diga precisamente Petro. Son las Farc -y no el Estado- las que involucran a los civiles en el conflicto: los secuestrados por las Farc no son prisioneros de guerra ni retenidos ni internados ni acogidos ni cualquier otra cosa que los raptores pretendan hacernos creer que son.
La ingenuidad de muchos, y la mala fe de otros, ha puesto en igualdad de condiciones a los secuestrados y a los sediciosos que han sido procesados judicialmente, a pesar de que los primeros son civiles que deben dejarse por fuera del conflicto -según el mismisimo Petro- y los segundos son guerrilleros sentenciados.
Nadie menos que el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le dijo a El Espectador (11 de mayo de 2003) que el Estado tiene la obligación de rescatar a los secuestrados, de no permitir que prospere un círculo vicioso y de no ceder a demandas inaceptables, como sería la de liberar a guerrilleros condenados por crímenes atroces. Eso es bueno que lo diga precisamente el señor Vivanco.
Es cierto que Vivanco advierte que el rescate militar debe descartarse en el caso de que haya una alta probabilidad de que los secuestrados "vayan a sufrir durante el rescate", pero aclara que toda la responsabilidad es de la guerrilla: "Fueron las Farc las que colocaron a estas personas en situación de peligro al secuestrarlas".
La angustia de los familiares de los secuestrados ha sido mala consejera, es una insensatez impedir el rescate armado y exigirle al Estado una capitulación inconcebible. No tiene presentación que por miembros notables del Establecimiento (los políticos) y por integrantes de la Fuerza Pública, haya que ceder a cualquier exigencia mientras los civiles secuestrados ruegan, en la soledad de un cambuche, ser liberados por las armas de la patria. Es absurdo seguir esperando un ser querido para diciembre o para el cumpleaños, generando lástima entre la opinión para presionar al actor que no tiene el balón en vez de presionar a los verdaderos responsables. Bien dice el columnista Diego Fernando Mejía (El Colombiano, 25 de octubre) que "el que (las Farc) sigan pensando que estamos dispuestos a pagar el precio es precisamente lo que los mantiene secuestrados".
Muchos culpan a Uribe y a su gobierno por la situación de los secuestrados. La mamá de Íngrid dice que aguarda más compasión de la guerrilla que del Presidente, lo que demuestra el trastorno que provoca la angustia. Pero si los familiares pretenden que el Gobierno desconozca las pautas que señala Vivanco, y de las que Uribe ha sido reiterativo, no van a ver a sus parientes nunca. Por la precariedad de nuestra justicia y de las cárceles, verán primero la libertad los presos de las Farc, sea que se fuguen o que cumplan la pena. Pedir ahora que liberen temibles delincuentes para tomar de nuevo las armas sin que haya compromiso alguno para cesar esta práctica de secuestrar civiles, y que se replieguen las tropas quién sabe cuánto tiempo para crear las condiciones de seguridad que la subversión reclamaría para la liberación, tampoco es razonable.
En el fondo, doña Yolanda Pulecio espera despertar sensibilidad en el Gobierno y en la opinión, porque sabe que las Farc no la tienen. Pero ella y los demás familiares de esos rehenes mantienen el rumbo equivocado. Si se atienden las palabras de Petro y de Vivanco -que no son voceros del Gobierno-, debería quedarnos claro a todos que las Farc deben liberar a los civiles secuestrados y que el Gobierno no puede admitir un canje en los términos que quiera la guerrilla. Si desde el principio se hubiera presionado a las Farc y no al Gobierno, la libertad de estas personas estaría más cerca.
El Tiempo, 31 de octubre de 2006.
