Tras de ladrón bufón

En la compra de computadores para la Cámara hay un evidente chanchullo

Aun cuando la Procuraduría General de la Nación no ha encontrado irregularidades en el contrato para adquirir 195 computadores portátiles para  la Cámara de Representantes, para el sentido común y el buen juicio es imposible ocultar la extravagancia de este gasto anómalo, comparable con la compra de la famosa vajilla de cien millones que le costó el puesto a la gerente de las Empresas Públicas de Medellín en tiempos del alcalde Luis Pérez.

Está claro que corrupción y despilfarro no es exactamente lo mismo pero la experiencia indica que, en la mayoría de los casos, el despilfarro es una práctica que permite encubrir actos de corrupción. En el caso de la vajilla, por ejemplo, cabe recordar que ésta fue adquirida en un almacén especializado en la venta de motores diesel que, para mayores señas, es  propiedad del padre de una alta ex funcionaria de la Alcaldía. Este proceso fue absurdamente sobreseído por los entes de control.

El caso de los computadores de la Cámara de Representantes es injustificable pues no se puede amparar un gasto inadmisible en el vertiginoso auge de la tecnología, la cual casi nunca tiene precios tope. No hay bolsillo que aguante si alguien decide comprar lo más costoso con todos los accesorios posibles y no simplemente lo que se necesita. Hasta las empresas más opulentas son sumamente cuidadosas en este sentido para no dilapidar recursos propios, con mayor razón debería actuar así el Estado para no malgastar el dinero de los contribuyentes.

La mala intención se nota hasta en las palabras de la directora administrativa del Senado, Selma Zamur, quien indicó que los portátiles eran  necesarios para los Representantes y que éstos, por lo menos los nuevos, no tenían dinero para adquirir uno. Un informe del periódico El Tiempo (agosto 21 de 2006) nos recuerda que cada congresista nos cuesta a los colombianos 40 millones por mes. Su asignación salarial es de 17 millones mensuales, tienen 20 millones para constituir su ‘unidad de trabajo legislativo’ que consta de hasta diez colaboradores entre secretarias, asesores y demás, y tres millones adicionales para pasajes aéreos, celulares y otros. No se incluyen gastos millonarios como el de la construcción de un túnel entre el Capitolio y el edificio de oficinas, la adquisición de vehículos blindados y los costos permanentes en escoltas y seguridad.

Si un congresista no tuviera computador y fuera a comprar uno de su propio bolsillo, no gastaría más de cinco millones de pesos (menos de un tercio de su primera mensualidad) y se haría a un excelente equipo, más que suficiente para las tareas que necesita realizar con él. En el sitio de la marca Dell, líder mundial en venta de computadores por Internet, se puede ver que el portátil mejor calificado por ellos mismos en parámetros como velocidad, almacenamiento, movilidad, aplicaciones avanzadas y duración de la batería (en el segmento de soluciones corporativas y sector público) cuesta 4 millones 600 mil pesos —incluyendo las licencias de Windows XP y Office 2003—, mientras que la Cámara los adquirió a casi siete millones y les agregó una costosa impresora, un scanner, un proyector y quién sabe qué otras cosas más, para un total de casi diez millones. De hecho, comprar por volumen otorga rebajas considerables pero en este caso parece que fue al revés, a más computadores, más caros… Y los Representantes no son 195 sino 168. ¿Para quiénes son los 27 computadores restantes?

En un  país con más del 50 por ciento de sus habitantes en la pobreza, en medio de la discusión de una reforma tributaria que recarga en el IVA los ingresos fiscales y ante transformaciones de fondo en entidades públicas como Ecopetrol, Adpostal y el Seguro Social, un despilfarro de esta naturaleza es malversación y latrocinio, y su perpetrador es el ex presidente de la Cámara, Julio Gallardo, quien, al tratar a los periodistas de ‘sicarios morales’, es tras de ladrón, bufón. ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 4 de septiembre de 2006