El rescate militar de secuestrados, en Colombia, ha sido proscrito por gobiernos ‘amigos’ y buena parte de la sociedad civil a pesar de la efectividad de las Fuerzas Militares y de Policía. Por años, ha sido la única alternativa de volver a la libertad para miles de colombianos que no poseen el dinero que los captores exigen, o para quienes quedan condenados a muerte por conocer a los secuestradores o por ser éstos particularmente crueles. De hecho, no es excepcional que maten al secuestrado y sigan pidiendo rescate.

Sin embargo, en el caso de los secuestrados que la guerrilla de las Farc mantiene bajo su poder para chantajear al país, la presión de la guerrilla, por su amenaza de asesinar a los cautivos en el caso de que se presente un intento de rescate, ha surtido el efecto de maniatar a las fuerzas de seguridad del Estado e impedir que las autoridades cumplan con su deber constitucional. Incluso, se le ha colgado una lápida al cuello al Presidente de la República, a quien algunos culpan de la permanencia de estas personas en poder de la guerrilla —y ahora de sus muertes— por no ceder a un mal llamado intercambio humanitario en las condiciones que exigen los facinerosos.

Por eso, cuando se supo de la muerte de los once ex diputados del Departamento del Valle se pensó en un fracasado operativo de rescate hasta que se hicieron evidentes los términos del comunicado de las Farc. Ni siquiera fue necesario que el gobierno emitiera su réplica para notar que todas las evidencias demuestran que no hubo “fuego cruzado” sino una siniestra masacre cometida por la guerrilla, un vulgar fusilamiento de once personas que llevaban cinco años de atroz secuestro.

El comunicado de la guerrilla habla por sí solo: dice que el crimen fue cometido el 18 de junio pero sólo fue dado a conocer diez días después; inusual porque de haberse dado un rescate con un desenlace fatal lo habrían denunciado en cuestión de horas. Afirman también que el ‘ataque’ fue perpetrado por un “grupo militar sin identificar”; es decir, no se atreven a acusar al Ejército o a la Policía como es costumbre suya. Se sabe que desde finales del año anterior los secuestrados corrían riesgos por los combates que han sostenido guerrilleros de las Farc con sus homólogos del ELN. Incluso podría existir la posibilidad de combates con paramilitares o narcotraficantes, pero es una opción muy remota.

En cualquier caso, la teoría del “fuego cruzado” es incoherente puesto que gracias a informaciones de desmovilizados de las Farc, a análisis de inteligencia y a datos conocidos por los mismos parientes de los secuestrados, se sabe que estaban divididos en grupos. Como bien infiere el gobierno, es inverosímil que ahora aparezcan juntos y que todos hayan muerto en medio de un combate sin un solo herido ni un solo ileso. No se habla tampoco de guerrilleros muertos o heridos ni de enemigos.

La verdad sólo podría conocerse mediante un estudio científico de los cadáveres, si es que son entregados. Se tiene el antecedente del capitán Julián Ernesto Guevara, que murió en cautiverio a comienzos de 2006, sin que hasta el momento hayan sido devueltos sus restos mortales. Los cadáveres ‘hablan’, y si la guerrilla sabe que su testimonio no va a favorecerle, no los entregará de manera expedita. Además, no sería raro que los restos de los diputados sean tanto o más útiles para las Farc que si gozaran de cabal salud porque el gobierno será más presionado aún para ceder a cualquier chantaje con el ánimo de darles cristiana sepultura, y las Farc alargará e imposibilitará su entrega tanto como crean necesario.

Muchos incrédulos se estarán preguntando ¿para qué querría las Farc asesinarlos después de cinco años? El asunto no es tan descabellado desde su óptica. El 6 de junio, la Armada abatió a alias Jota Jota, el cabecilla que secuestró a los diputados. La noticia se conoció el 16 y la ejecución fue el 18. ¿Coincidencia o represalia?

Hace menos de un mes, con la liberación de cerca de 200 guerrilleros, incluido el terrorista Rodrigo Granda, se demostró que a la guerrilla no le interesa el canje sino el protagonismo que pueda tener en una negociación y los réditos políticos y militares que pueda sacar de ello. A cambio, con este crimen, la guerrilla desestimó cualquier compromiso pactado con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, pues nadie creerá que él pidió la libertad de Granda sólo porque tenía un par de vodkas en la cabeza.

Cuando los delincuentes vulgares —y eso son las Farc— toman rehenes, los van asesinando para que se cumplan sus exigencias. Esa es la respuesta del ala dura (y desalmada) de las Farc, que lleva 40 años imponiéndose al ala política.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 2 de julio de 2007.

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario