Es inaudito que el Ministerio de Transportes haya expedido una resolución comprometiéndose a mejorar, a partir del año entrante, el combustible diésel que se vende en Bogotá mientras el resto del país se tendrá que conformar con respirar veneno hasta el 2013. El Ministerio dice que el diésel que se vende en la capital, el de mejor calidad del país, pasará en 2008 de tener 1.200 ppm (partículas contaminantes por cada millón) a sólo 500, y que para 2010 cumplirán con la norma Euro IV, que contempla apenas 50 ppm. Mientras tanto, al 85 por ciento de los habitantes del país nos tocará resignarnos y los más perjudicados seremos los que vivimos en el Valle de Aburrá (3,3 millones de personas), porque las montañas que nos circundan encierran el aire como en una olla de presión.
La decisión gubernamental es de lo más absurda. Si bien se requiere una infraestructura más avanzada para refinar mejor el combustible -y supone uno que se requiere más petróleo para obtener un derivado de mejor calidad-, es incomprensible e injustificable una dilación de esa naturaleza. La refinería de Cartagena pasó a manos de la multinacional suiza Glencore, que desde allí está exportando combustibles de alta calidad a E.U., México y Sudamérica. Por su parte, Ecopetrol acaba de ser abierta al capital privado y ya no tiene tantas ataduras políticas para tomar rápidamente las decisiones que se requiera. Esperar seis años -que terminarán siendo diez- es inaceptable.
De ninguna manera puede la ciudad de Medellín quedarse esperando que unos señoritos del Ministerio nos condenen a morir de enfermedades pulmonares -y hasta de cáncer-, y a que la ciudad pierda uno de sus principales activos y atractivos como han sido su aire y su ambiente primaverales. Si el tema pasa por la estructura de costos del combustible hay que preguntarse si en realidad es más costoso importar diésel ecológico que asumir el detrimento que sobrevendrá por problemas de salud de la población. Es preferible subir de precio el combustible y disfrutar desde ya un aire limpio que soportar la contaminación venenosa y ominosa que hace rato se presume en el ambiente hasta en zonas semirurales, donde hace un lustro olía a campo.
Claro que con el barril de petróleo a 100 dólares -y con perspectivas de irse hasta los 200 por esas cosas de la geopolítica que tienen un tinte mercantilista-, no nos podemos dar el lujo de quedarnos sólo con la alternativa del suministro de buenos combustibles. El llamado ‘mejor alcalde del país’ (¡cómo sería el peor!) derribó centenares de árboles en la ciudad que fueron remplazados por chamizos raquíticos que jamás igualarán el volumen de biomasa que se perdió. La ciudad tiene suficientes recursos para que el nuevo alcalde, Alonso Salazar, desarrolle un audaz plan de arborización de su área urbana y de las laderas. Eso es mucho más rentable, en términos sociales, que despilfarrar recursos en publicidad o en campañas contra la anorexia.
En esta misma columna señalábamos (el seis de agosto anterior) que «el Concejo de la ciudad y el nuevo alcalde deberían fijar la conversión a gas obligatoria para todos los vehículos de servicio público -taxis, buses y colectivos-, brindando un bono de un millón de pesos para cada uno, y suspender el ingreso de nuevos automotores de servicio público tipo diésel -cuya conversión a gas es muy costosa-, hasta que no se resuelva el problema del abastecimiento de ACPM altamente contaminante (4.500 ppm)».
Decía también que los buses articulados de Metroplús deberían operarse con gas, de ninguna manera con diésel, y dado el anuncio del Ministerio aún estamos a tiempo de que se implemente su operación con energía eléctrica. Además, las EPM pueden realizar una agresiva campaña de mercadeo para aumentar significativamente la conversión a gas de vehículos particulares. Que lleven carros de prueba a hipermercados, centros comerciales, empresas, universidades, etc.; que la gente los pueda manejar, ver de cerca el sistema y conocer sus ventajas; y que se incrementen los descuentos o beneficios por la conversión. Además hay que prohibir las motos de dos tiempos. En fin, el hecho es que no nos podemos quedar esperando a que los burócratas de Bogotá nos hagan el favorcito. ·
Publicado en el periódico El Mundo, el 26 de noviembre de 2007
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