A Orlando Sierra lo mataron otra vez. La primera ocasión fue el 30 de enero de 2002, en Manizales, frente a las instalaciones del diario La Patria, del cual era subdirector. Era un periodista comprometido y un columnista audaz. De su pluma brotaban verdades incómodas contra la dirigencia política del departamento de Caldas, de las que no se escapaba ninguno de los caciques que controlan esa próspera región: Omar Yepes Alzate y su hermano, Arturo; Víctor Renán Barco y su aliado, Ferney Tapasco; quien es señalado como autor intelectual del crimen de Sierra.

Todos sabían que lo iban a matar. Lo que nadie sabía era cuándo ni quién iba a decidirse primero pues, a pesar de que hoy la autoría intelectual es un secreto a voces, los disparos podrían haber venido de muchos flancos. Sierra se había convertido en el enemigo más visible de los corruptos de su región, en el marco de un país que viene librando con éxito una lucha contra la subversión, que está derrotando al paramilitarismo, que golpea sin piedad a las bandas del narcotráfico, pero donde la corrupción política todos los días se reinventa, sobrevive y se multiplica.

En la tarde de ese miércoles, Orlando llegaba a su oficina en compañía de su hija. El sicario llevaba dos horas esperándolo como quedó registrado en un video de seguridad. Después diría que se equivocó de víctima y el juez le creyó. En el video se ve claramente cuando se acerca a Sierra y le propina dos disparos. Luego aprovecha la confusión de la gente y huye sin afanes, pero sin suerte. La Policía lo detuvo cerca de ahí.

El martes 2 de octubre de 2007, el sicario Luis Fernando Soto Zapata, autor material del homicidio, recobró la libertad después de sólo cinco años de cárcel. El sicario había sido condenado inicialmente a 29 años de prisión (350 meses), pero le rebajaron la pena a 19 años y medio (234 meses) por ‘confesión’, un beneficio inconcebible si se tiene en cuenta que el video permitió su identificación plena. Como si fuera poco, el criminal se acogió al beneficio de ‘sentencia anticipada’, por lo que recibió más descuentos de pena: le disminuyeron la tercera parte de la condena inicial, o sea nueve años y nueve meses (117 meses). Sin embargo, en marzo de 2005, un juez de Manizales revocó el descuento de la tercera parte y aumentó la rebaja a la mitad de la pena, de acuerdo con el principio de ‘favorabilidad’, en aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. La condena quedó en 14 años y siete meses (175 meses).

Pero hay más: según el antiguo Código Penal, el criminal tiene derecho a libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de la pena, 105 meses en este caso, pero para Soto sólo fueron 67 pues por concepto de ‘Justicia y Paz’ (la ley tramitada para desmontar el paramilitarismo, que contempla rebajas para todos los presos del país en aras del derecho a la ‘igualdad’ promulgado por la Constitución), un juez de Tunja le otorgó 17 meses y 15 días de redención; y por concepto de ‘estudio y trabajo’, le regalaron otros 21 meses, sin estudiar ni trabajar.

En total, el asesino del periodista Orlando Sierra, estuvo en la cárcel desde el 30 de enero de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2007, y si Su Santidad el Papa nos hubiera visitado, hubiéramos quedado debiéndole un par de años a este criminal.

Esas son las matemáticas de la justicia colombiana. El asesino de Andrés Escobar estuvo once años en prisión aunque había sido condenado a 43; el dirigente político Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, no estará en la cárcel más de diez, y Luis Alfredo Garavito, el monstruo que violó y asesinó a por lo menos 150 niños, saldrá libre en dos o tres años, cuando cumpla unos doce de condena, o sea menos de un mes por cada crimen.

Esos mismos bandidos que Orlando Sierra denunciaba en sus columnas, se reúnen cada tanto en el Congreso, a legislar estas infamias. Parece que la legislación penal estuviera inspirada para beneficio propio, para obtener la libertad pronto en caso de que la Justicia algún día los castigue.

La vida en Colombia no vale nada. Si no hubiera ningún detenido por el crimen de Orlando Sierra, vaya y venga, no quedaría más remedio que aceptar tamaña impunidad con resignación, pero a lo que estamos asistiendo es a una vergonzosa piñata judicial por la cual los criminales ganan la calle en un parpadeo. El ciudadano de bien queda tranquilo al escuchar la sentencia y después se encuentra al delincuente en la calle, gracias a la feria de los descuentos y las gangas de una legislación pervertida. Así, la impunidad es general, los delincuentes vuelven a sus andanzas y el ciudadano desprotegido debe hacer justicia, o por lo menos defenderse, por cuenta propia.  ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de octubre de 2007

Posted by Saúl Hernández

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