La razón de Estado

No tardaron en dejarse oír voces malintencionadas que pretenden dar connotaciones malévolas a las «razones de Estado» que el Presidente alude, sin revelar aún, para entrar en un audaz proceso de excarcelación de guerrilleros cuyo objeto no se limita a presionar la liberación de los secuestrados que las Farc mantienen en condiciones infrahumanas, sino que constituye un avance cualitativo en dirección a la solución del conflicto desde la orilla de los acuerdos y no solo de las balas, como tantos reclaman.

Y es cuando menos curioso que algunos se apresuren a argumentar que ese tipo de proposiciones son inadmisibles en nuestro ordenamiento y de inmediato las asocien con regímenes absolutistas, dictaduras tropicales y hasta con Hitler, como si el Presidente estuviera hablando de capturas a discreción y no de redenciones. Además, ¿no se hacen los procesos de paz -como el del Caguán- por puras ‘razones de Estado’?

Bien se sabe que una razón de Estado se puede ejecutar sin quebrantar la legitimidad y que el Presidente ha demostrado sujeción y respeto por la Ley. Si él considera necesario implementar alguna política para preservar la salud del Estado -y de sus asociados, por ende-, lo hará dentro de los criterios de justicia, eficacia y validez. Que no vengan ahora, con cantos de sirena, a decir que esta decisión es autocrática y carente de consenso cuando versa sobre lo mismo de lo que se viene hablando hace años y cuando va en el sentido de fortalecer la institucionalidad. El caos al que llegamos es producto de haber debilitado las instituciones; un Estado fuerte es la mejor garantía de seguridad, justicia y equidad.

Por supuesto que a casi todos nos gustaría que se pudrieran en la cárcel todos los narcos, guerrillos, paracos y gran parte de la clase política corrupta que se ha robado el país desde la época del ruido. Es más, venía diciendo el Presidente, de manera sistemática, que cómo diablos iba a liberar a guerrilleros si con ello se desmoralizaban las Fuerzas Militares; de manera que eso de liberar a los guerrilleros presos, aun con las condiciones que se les imponen -que no es garantía de que las cumplan-, es un sapo que a todos, incluido Uribe, nos va a costar mucho trabajo tragar.

Sin embargo, no es mala hora para que el Estado, con la frente en alto y no de rodillas, como en el pasado, dé un paso resuelto en vez de persistir en esa mala costumbre nuestra de dejar que pase el tiempo sin adoptar soluciones, que es lo que nadie entiende en el mundo cuando se le echa un vistazo a la situación de Colombia.

Es obvio que si a las Farc se les concede la desmilitarización de Pradera y Florida -que se les ha ofrecido con tutoría internacional-, van a pedir luego el despeje en dos departamentos, una mesa de diálogos y después una constituyente, todo esto intercalado por meses y meses de tires y aflojes, para llegar al mismo punto muerto al que se había llegado en la administración Pastrana. Entonces, ¿qué se gana con la liberación de los guerrilleros aparte de quitarles a las Farc pretextos para el canje?

En lo internacional, mucho. Más ahora que la guerrilla cree que le puede poner nariz de payasito a Sarkozy, el que llama «chusma» a los revoltosos de Clichy. Pero en lo interno más. El Eln está cerca de un proceso de paz (si las Farc no lo aniquila primero) y no está dispuesto a pagar ni un día de cárcel. Tampoco las Farc. Por tanto, los ‘paras’ no podrían tener cárcel en exclusiva.

Siempre se ha dicho que el conflicto terminará en un acuerdo, sin vencedores ni vencidos, y Uribe tiene el talante y el respaldo para llegar a términos en el marco de un logro sin precedentes, que ha alcanzado un consenso inusitado en este país: que la seguridad es para todos y en todos los rincones. Pacificado el país se podrá llegar a una verdadera «apoteosis de la justicia», en todas las acepciones del término.   ·

Publicado en el periódico El Tiempo el 29 de mayo de 2007