En la pasada edición de Tribuna Foro Democrático se le dio espacio a la polémica sobre la parapolítica con base en las mismas verdades a medias en las que se amparan Petro y sus amigos para tratar de deslegitimar una administración que a diario rubrica un referendo con las amplias mayorías que lo apoyan. La izquierda en general cree haber conquistado un filón muy importante al destapar los evidentes vínculos entre un sector de la clase política —de la Costa Atlántica, principalmente—, y los grupos de extrema derecha que han sembrado de violencia importantes zonas del país. Y como para estos políticos resultó sumamente conveniente respaldar al Presidente de la República, pretende la izquierda de forma maniquea, el que aquellos políticos asuman la responsabilidad de la violencia de los últimos tiempos y que el Presidente mismo responda solidariamente.

Esto no es serio ni es objetivo, sino que constituye un ardid de la izquierda que pretende salir incólume del terror de estos tiempos y expiar sus culpas señalando a sus víctimas de antaño. Todo aquel que se haya valido del poder militar de las autodefensas para el usufructo de dineros públicos, para adueñarse de tierras y para eliminar físicamente a sus contradictores debe recibir castigo ejemplarizante pero no puede juzgarse de manera olímpica y facilista a quienes se vieron obligados a hacer política bajo la égida de los paramilitares, y deben ser sujetos de especial análisis aquellos que siendo víctimas en quienes se ensañaron las guerrillas y negándoles el Estado la protección se vieron obligados a involucrarse con grupos ilegales para preservar sus vidas.

No parece que Gustavo Petro sea el más indicado para hacer acusaciones o para juzgar las actuaciones de personas como Trino Luna, gobernador del Magdalena, quien no estaba obligado a dejarse matar o secuestrar ni tenía por qué quedarse cruzado de brazos ante el secuestro de sus parientes cuando los entes que tenían la obligación constitucional de defendernos a todos carecían de voluntad política para hacerlo. Ya algunos medios de comunicación han dado cuenta de su historia familiar, azotada por el martirio del secuestro y el desdén de las autoridades, así que quien venga a tirar la piedra tiene que estar libre de pecado. No vamos para ningún lado con tanto maniqueísmo, a sabiendas de que quienes hoy fustigan el proceso de ‘Justicia y Paz’ con los paras, van a pedir amnistía para los elenos, curules en el Congreso, casa, carro y beca, y la Cruz de Boyacá. ¿Creerán que los colombianos todavía somos estúpidos?

En ese debate de calumnias y sandeces que hizo Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia, el ministro Andrés Uriel Gallego nos recordaba con razón y de manera  oportuna, que este ha sido un país violento desde las guerras de independencia, y desde antes; que el siglo XX se inició con ese “genocidio” que fue la Guerra de los Mil Días; que luego vino la violencia política a mediados de la centuria con todos sus horrores, con una brutalidad y crueldad exacerbadas; y la violencia de los últimos 25 años modulada por el poder del narcotráfico y bajo el signo pe$os, el dinero fácil, el lucro ilimitado. 25 años con un aterrador número de homicidios en Colombia, muchos más que si estuviéramos en guerra declarada: 565 mil muertos según el ministro Gallego.

Y lo que el Ministro decía es importante traerlo a colación para preguntarnos si tiene algún sentido seguir echándonos culpas como lo hemos hecho desde siempre, culpas que nadie va a asumir, en vez de solucionar esto de una vez por todas y enderezar el destino de las nuevas generaciones. Es aterrador pensar que nos vamos a quedar otros 50 años discutiendo si fue primero el huevo o la gallina, mientras el tren de la Historia nos deja a la vera del camino. ¿Nos sentamos a buscar los asesinos de Sucre, Uribe Uribe o Gaitán? ¿Habrá que investigar a los conspiradores de la noche septembrina o a los culpables de perder a Panamá?

Pero, ante todo, ¿tendrán derecho de mirar y esculcar el pasado quienes fueron amnistiados por toda clase de barbaridades? Torcer el pasado para enlodar a los demás es generar la misma violencia que queremos enterrar. Decir que el paramilitarismo germinó de las asociaciones Convivir, una minoría de las cuales fue tramitada por Álvaro Uribe Vélez en sus tiempos como gobernador de Antioquia, es un esguince a la verdad, un insulto a la inteligencia y un ardid digno de un delincuente peligroso. Todos los analistas dan por sentado que el paramilitarismo, como hoy lo conocemos, tuvo su origen por allá en 1980 cuando el  M-19 de Petro secuestró a Martha Nieves Ochoa y los narcos —encabezados por Pablo Escobar— crearon el MAS para buscarla.

La izquierda trasnochada aún quiere vender la idea del Estado fascista que justifica una respuesta llena de anarquía y terror, y quiere mantener ese planteamiento con un discurso enfermizo que además pisotea el devenir democrático bajo el supuesto de ser poseedores únicos de la verdad revelada.

Pero volviendo al tema de la polémica suscitada en Tribuna, hay que ser claros en un punto: quien pretenda desconocer el triunfo de la doctrina de seguridad democrática es mejor que no  pierda el tiempo; esta, la seguridad para todos, es el deber esencial de todos los Estados, y aquí ya no estamos dispuestos a su ausencia ni a elegir gobernantes que no tengan la firme convicción de la necesidad de imponerla.  ·

Publicado en la edición Abril-Mayo de Tribuna Foro Democrático

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Posted by Saúl Hernández

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