Cuando la Corte Suprema de Justicia niega el delito de sedición a los paramilitares con el argumento, entre otros, de que se estarían atropellando los derechos de las víctimas, ¿quiere decir la Corte que las víctimas de las guerrillas no tienen derechos o quiere decir que a las guerrillas tampoco las van a incriminar por delitos políticos cuando llegue el momento de su inserción a la vida civil?

Lamentablemente, la respuesta tiene más que ver con lo primero que con lo segundo. A las guerrillas sí se les reconoce sedición a pesar de ser tan criminales como la organización paramilitar y de ser, por lo menos las Farc, el gran cartel de la coca. Y, peor aún, todavía se cree, con falso romanticismo, que a la subversión la mueven motivos altruistas, lo que las diferenciaría esencialmente de los ejércitos fascistas de la ultraderecha.

Este ha sido uno de los mayores escollos de la ley de Justicia y Paz desde que empezó a desarrollarse hace dos años y si no se logra otorgar a los paramilitares el estatus de delincuentes políticos se perderá la oportunidad histórica de desmantelar estas organizaciones ilegales y viviremos un regreso particularmente sangriento. No es gratuito que la oposición demuestre una intransigencia feroz frente a este tema. Ya se preguntaba Eduardo Pizarro Leongómez (El Tiempo, marzo 14 de 2005), si tras esa resistencia se escondía “un perverso cálculo estratégico”; si quienes piden severidad con los ‘paras’ van a pedir benevolencia cuando llegue el momento de las negociaciones con la guerrilla.

No es casual que a algunos les parezca una aberración el anodino documento firmado en Santa Fe de Ralito por una buena cantidad de políticos, en el que se comprometen a “refundar la Patria”, pero no vean nada de grave en las reuniones del presidente Pastrana con la guerrilla, en el despeje del Caguán y en todos los pactos y documentos que se discutieron y firmaron allí. Al mismo tiempo es curioso y sorprendente que si hay tantos políticos investigados y encarcelados por asistir a la reunión de Ralito y firmar el curioso documento en el que se pacta instaurar una nueva sociedad y, por ende, hacer cambios en la estructura del poder, no se considere eso como un delito político.

Este debate le ha hecho perder al Gobierno el apoyo de antiguos aliados como Rafael Pardo Rueda, quien, en su libro La historia de las guerras (p. 626), dice que los paramilitares “son grupos de motivación política (…) y por ello su delito debe estar enmarcado en los parámetros de delito político, el paso de las armas a la paz debe tener un tratamiento generoso de parte de la sociedad para quienes dejen las armas, pues de lo que se trata es de dejar la lucha armada, así no haya sido en contra del Estado, (cambiándola) por la lucha política”.

Está claro que entregar a los paramilitares el tratamiento o reconocimiento político requiere aceptar una tesis que para algunos es indigerible pero que en realidad no es absurda: que si bien estos grupos no intentan derrocar, combatir o remplazar al Estado, sí se dan a la tarea de suplantarlo, entorpeciendo de paso la acción del mismo. Además, el origen de las autodefensas se da como resultado de la ausencia del Estado para controlar los desmanes de los insurgentes, delincuentes políticos por antonomasia. Así que asimilarlos como tales no es tan forzado como algunos piensan, ni es violatorio de la Constitución, ni del principio de legalidad, ni de las normas internacionales. La ley es producto de la interpretación que produce la política, y la que se produce por el paso del tiempo.

No es posible ver delito político en unas guerrillas criminales para luego indultarlas sin que sus víctimas reciban justicia y equiparar a los paramilitares con simples bandas de malhechores. Eso no concuerda con la realidad que conocemos. No puede compartirse la afirmación de Petro de que ninguno de los crímenes del M-19 puede catalogarse como de ‘lesa humanidad’. El indulto del M-19 dejó gran impunidad por culpa de esa concepción maniquea e idealista de que su lucha era filantrópica.

Por eso no puede echarse en saco roto la tesis del filósofo español Fernando Savater de que deben eliminarse de la jurisprudencia los mal llamados delitos políticos —rebelión, sedición y asonada—, que no sirven tanto para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia de los pueblos como para preservar la impunidad y cometer cualquier exceso en nombre de los más confusos ideales. Ya la mayoría de los países del mundo han eliminado esta permisión de las cartas políticas y va siendo hora de hacerlo en Colombia.  ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 30 de julio de 2007.

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Posted by Saúl Hernández

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